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La victoria del “no” a la nueva constitución chilena obliga a volver la vista a las razones íntimas de este rechazo popular.

Gabriel Boric durante la campaña electoral.

Pinochet y su legado han demostrado que son difíciles de matar. El proyecto de Constitución de 2022 —la Constitución más progresista jamás escrita en términos de derechos socioeconómicos, igualdad de género, derechos indígenas y protección de la naturaleza— fue rechazado por casi el 62% de los votantes en un plebiscito nacional celebrado el pasado 4 de septiembre. ¿Cómo es posible que los chilenos hayan rechazado el proyecto propuesto tras los levantamientos populares acaecidos en octubre de 2019 para exigir una nueva Constitución y tras haber votado por abrumadora mayoría a favor del inicio del proceso constituyente? ¿Qué razones tenía el pueblo chileno para alinearse con las fuerzas de la derecha, que pretendían preservar la Constitución de Pinochet? Este sorprendente resultado exige seguramente una explicación multicausal. Aquí me centraré en dos de las más destacadas: la campaña de desinformación de la derecha a través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, y la exclusión de los sectores populares del proceso constituyente, que he destacado en análisis anteriores.

El apoyo al rechazo del nuevo texto constitucional fue más fuerte en los municipios de bajos ingresos, donde la participación también fue mayor que en los barrios de clase alta. Mientras que en el plebiscito de 2020 la oposición al proceso constituyente estuvo liderada por los tres municipios más ricos del país, esta vez los barrios más pobres acudieron en masa a votar en contra del proyecto propuesto. Por otro lado, el voto, a diferencia de 2020, fue obligatorio, instituyéndose multas por el incumplimiento de tal precepto, lo cual hizo que los sectores populares acudieran a votar por temor a los costes pecuniarios de la abstención. La participación aumentó sustancialmente del 50% al 86% y de los 5,4 millones de nuevos votos emitidos, el 96% optó por el rechazo. En total, el proyecto de Constitución solo recibió 4,8 millones de votos favorables, un millón menos de los que votaron a favor de que se produjera la redacción de una nueva norma constitucional dos años antes. Sin embargo, no se ha tratado tan solo de un voto contra el nuevo texto constitucional, sino también de una expresión de rechazo del gobierno de Gabriel Boric y de sus partidos: la coalición de la “nueva izquierda”, que incluye al Frente Amplio, al Partido Comunista de Chile y a los partidos de la antigua Concertación. El número de votos a favor de nueva Constitución fue aproximadamente igual al cosechado por Boric en la segunda vuelta de las elecciones generales chilenas contra el candidato de extrema derecha José Antonio Kast celebradas en diciembre de 2021, lo cual sugiere que el nuevo presidente no ha sido capaz de ampliar su electorado desde que asumió el cargo.

El apoyo al rechazo del nuevo texto constitucional fue más fuerte en los municipios de bajos ingresos, donde la participación también fue mayor que en los barrios de clase alta

Durante la campaña, que se prolongó durante un mes, se invirtió al menos un millón de dólares para dar a conocer el proyecto de nueva Constitución al pueblo chileno. Alrededor del 90% de estos recursos fueron gastados por el bloque partidario del rechazo, compuesto por los partidos de derecha, por sectores de la Democracia Cristiana y por la nueva coalición centrista Amarillos por Chile. En los programas matutinos y en los telediarios nocturnos esto partidos denunciaron repetidamente el documento como “extremista” y “mal redactado”, mientras que los centros de estudios conservadores bombardearon a la opinión pública con encuestas de dudosa fiabilidad, que indicaban que la mayoría de la gente votaría en contra del nuevo proyecto. Estos esfuerzos se vieron fortalecidos por la difusión de la consabida desinformación en las redes sociales, así como por la distribución de copias falsas del proyecto de Constitución con artículos manipulados. En un episodio ilustrativo, Constanza Hube, la representante de extrema derecha en la Convención, fue sorprendida repartiendo copias falsas de la nueva Constitución durante una reunión de bloque del rechazo.

Los sondeos a pie de urna y las encuestas informales revelaron que mucha gente estaba confundida realmente sobre el contenido del plebiscito; algunos incluso pensaban que al votar contra el nuevo texto constitucional estaban aboliendo la Constitución de Pinochet. Ello no es de extrañar, ya que la única información oficial sobre el proyecto constitucional se limitó a treinta minutos diarios de televisión, repartidos a partes iguales entre los partidarios del rechazo y de la aprobación del nuevo texto constitucional, durante los veintiocho días de campaña. Dado que el espacio de difusión se asignó a una serie de partidos políticos y grupos de la sociedad civil, el mensaje fue fragmentario. En la campaña de los partidarios de la nueva Constitución participaron en las emisiones diez organizaciones; incluso después de llegar a diversos acuerdos entre ellas, algunas acabaron teniendo menos de cinco segundos para expresar su punto de vista. No hubo anuncios oficiales durante la campaña, ni folletos enviados a los domicilios, ni sesiones informativas en persona; toda la difusión fue realizada por partidos políticos, ONG o voluntarios. No está claro por qué el gobierno de Boric efectuó un trabajo tan pobre de información al electorado en un asunto tan crucial.

Entre las falsedades más extendidas se encontraba la de que la nueva Constitución aboliría la propiedad de la vivienda para las clases trabajadoras

Mientras que los programas informativos diarios a favor y en contra de la nueva Constitución tuvieron poco impacto en los votantes —solo en torno a 720.000 personas los sintonizaron cada día—, el interminable flujo de programas de televisión en los que políticos y autodenominados intelectuales difundían desinformación sobre el contenido del proyecto seguramente sí lo tuvo. Entre las falsedades más extendidas se encontraba la de que la nueva Constitución aboliría la propiedad de la vivienda para las clases trabajadoras, permitiría los abortos tardíos a la carta y abriría la puerta a la secesión de los territorios indígenas.

Un campo de experimentación para la desinformación fue la región de la Araucanía, una zona militarizada, sometida a estado de excepción debido al conflicto mapuche, en la que el 74% de los votantes se mostró contrario al proyecto constitucional, cifra que supone el segundo porcentaje más elevado de rechazo de la nueva Constitución a escala nacional. Bastión tradicional de la derecha, la Araucanía fue una de las dos únicas regiones que votaron por mantener a Pinochet en el poder en 1988, aunque posteriormente votó por iniciar el proceso constituyente en 2020. A finales de junio, Francisco Orrego, un joven abogado portavoz del bloque del rechazo, se esforzó por convencer a la comunidad obrera de Angol de que el derecho a la vivienda contenido en el proyecto de Constitución —uno de los pocos artículos propuestos por las organizaciones de base que finalmente llegó al texto definitivo— suprimiría el derecho de propiedad de las viviendas de las personas que las hubieran adquirido con subsidios sociales (situación que afecta a cerca del 40% de la población). Aunque ello se denunció inmediatamente como fake news, Orrego siguió apareciendo habitualmente como un experto en tertulias políticas en las que podía difundir tales mentiras a audiencias más amplias.

Por otro lado, las iglesias evangélicas, que recientemente se han aliado con el Partido Republicano de Chile, afiliado a la extrema derecha, tienen una fuerte presencia en la Araucanía, constituyendo sus miembros alrededor del 27% de la población. A finales de febrero, antes de que el artículo sobre los derechos de género fuera aprobado por la Convención, representantes de más de dos mil setecientas iglesias de la región pidieron a sus comunidades que rechazaran el proyecto, citando el aborto como su principal preocupación. Aunque el proyecto de Constitución codificaba el derecho al aborto en términos generales al ordenar al Estado que garantizara la “interrupción voluntaria del embarazo”, la opinión pública tenía una percepción deformada de esta disposición. Felipe Kast, el senador derechista por la Araucanía, utilizó las emisoras de radio conservadoras para emitir un anuncio en el que afirmaba que el proyecto de Constitución “permitía el aborto hasta el noveno mes de embarazo”, denunciando esto como una “violación de los derechos humanos de los niños no nacidos”. Aunque los defensores de la nueva Constitución intentaron rebatir estas falsedades, resultó imposible desalojarlas del imaginario popular.

Felipe Kast, el senador derechista por la Araucanía, utilizó las emisoras de radio conservadoras para emitir un anuncio en el que afirmaba que el proyecto de Constitución “permitía el aborto hasta el noveno mes de embarazo”

Sin embargo, quizá el tema más controvertido y utilizado más agresivamente fue el de los derechos de los indígenas. Aunque el texto se limitaba a seguir los compromisos establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile había ratificado en 2008 pero que nunca llegó a aplicar, los políticos y expertos de la derecha tejieron una narrativa en la que los pueblos indígenas obtendrían la capacidad de desmembrar el país. Ximena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana, afirmó a principios de julio que apoyaba el rechazo al nuevo texto constitucional, porque daría a los pueblos indígenas (que constituyen menos del 10% de la población nacional) el poder de veto sobre las reformas constitucionales. A pesar de que se le dijo en directo que ello no era cierto, se negó a reconocer que su opinión era una falsedad. Todas estas distorsiones siguieron influyendo en el discurso nacional.

Al mismo tiempo, los resultados de las votaciones procedentes del sistema penitenciario, donde la única información de los reclusos procedía de las emisiones de televisión, revelaron los poderosos efectos de los medios de comunicación conservadores en la formación de la opinión pública. Por primera vez en la historia se permitió a los reclusos votar, confiando en que se inclinarían por conceder su apoyo al nuevo texto, ya que el proyecto de Constitución otorgaba nuevos derechos a las personas presas, como, por ejemplo, la defensa jurídica gratuita, la prohibición de la doble incriminación y un comisionado oficial para prevenir los abusos. Sin embargo, al final, solo uno de los catorce complejos penitenciarios del país votó para aprobar la nueva Constitución. Este centro penitenciario fue, no por casualidad, el único en el que realmente se distribuyeron entre los presos copias físicas del proyecto de Constitución y se celebraron sesiones informativas con expertos jurídicos voluntarios. Los que conocieron realmente el texto aprobaron sus reformas; los que basaron su opinión únicamente en la cobertura mediática fueron implacablemente hostiles al mismo.

Según un informe reciente, al menos treinta y seis organizaciones no sujetas a controles electorales y, por lo tanto, no obligadas a revelar sus fuentes de financiación, gastaron 130.000 dólares en concepto de publicidad en Facebook e Instagram durante los meses previos al plebiscito; el 97,4% de estos anuncios presionaron para rechazar el proyecto de Constitución. En definitiva, parece que la parcialidad de los medios de comunicación tradicionales más los millones gastados para influir en la opinión pública a través de las redes sociales ayudaron a consolidar la narrativa de que la Convención era un circo político, que había redactado un documento chapucero y poco profesional.

Además de esta campaña de desinformación, los militantes de la izquierda extraparlamentaria se mostraron escépticos ante una Convención que había traicionado las movilizaciones masivas de 2019. Muchos de ellos optaron por rechazar en lugar de legitimar el proceso. Señalaron, con razón, que el Pacto del 15 de noviembre de 2019, acordado en una negociación entre bambalinas entre Boric y un senador de la derecha dura, mediante el que estableció el marco de funcionamiento de la Convención Constitucional, pretendía constreñir las energías populares en lugar de canalizarlas. El Pacto estableció la regla antidemocrática de la supermayoría de dos tercios para la aprobación de los nuevos artículos constitucionales y otorgó a los partidos del establishment una enorme influencia en el proceso de redacción. Desde el principio, el proceso constituyente fue capturado por las élites, que intensificaron sus intentos de preservar el statu quo a medida que se acercaba el plebiscito.

El 14 de mayo la Convención presentó un extenso primer borrador, que incorporaba innovaciones constitucionales progresistas como la plurinacionalidad y los derechos ecológicos. Se formaron dos comités especiales para “armonizar” y editar el documento final, que incluía un total de 388 artículos, y para decidir las disposiciones transitorias. Sin embargo, la autonomía de la Convención no tardó en ser vulnerada por las negociaciones sobre cómo realizar la transición de un orden constitucional a otro. El 16 de mayo el gobierno envió un documento a la Convención en el que recomendaba que se mantuviera la actual normativa sobre recursos naturales, agua y tierras indígenas hasta que se aprobara la nueva legislación con el fin de asegurar una “transición ordenada y gradual”, lo cual significaba, por ejemplo, que el agua seguiría siendo privada hasta que los senadores de derecha que controlan la mitad del Senado —y que votaron en 2020 en contra de que el agua se convirtiera en un derecho humano— aceptaran nacionalizarla. El gobierno también recomendó que Boric, cuyo índice de aprobación se situaba justo por encima del 30%, así como los miembros del Congreso, cumplieran sus mandatos originales y permanecieran en sus puestos durante tres años y medio más. La Convención se plegó a estas exigencias egoístas. Muchos activistas consideraron este comportamiento una colusión inaceptable entre el órgano constituyente y el poder ejecutivo, lo cual contribuyó a desacreditar el proceso de redacción en su conjunto.

Quizá el tema más controvertido y utilizado más agresivamente fue el de los derechos de los indígenas. La derecha tejió una narrativa en la que los pueblos indígenas obtendrían la capacidad de desmembrar el país

Tres semanas antes del plebiscito los partidos de la coalición gobernante comenzaron a exponer los cambios que pretendían llevar a cabo, si se aprobaba el proyecto de nueva Constitución. En un intento de aplacar a los partidos de la derecha, así como a los partidos de la antigua Concertación, que ahora controlan el 38% de los ministerios del gobierno, Boric se comprometió a delimitar estrictamente los derechos de los indígenas, subrayando que su aportación en cuestiones de política nacional no sería vinculante. También aseguró al establishment que el actual marco neoliberal —en el que servicios básicos como la sanidad, la educación y las pensiones son proporcionados en gran medida por empresas privadas— seguiría vigente. De hecho, aunque el proyecto de Constitución ordenaba la creación de un sistema de educación pública, de un sistema nacional de salud y de un sistema público de seguridad social, no desmantelaba explícitamente el actual modelo del cheque escolar vigente en el sistema educativo, ni el modelo de seguros privados imperantes en el sistema sanitario, ni el plan de ahorro individual que obliga a la clase trabajadora chilena a subsistir con pensiones de miseria. En lugar de impulsar la reforma de estos sistemas procedentes de la época de la dictadura, como los manifestantes venían exigiendo desde 2009, Boric aceptó preservarlos.

Estas reformas previstas no solo demostraron la intención del gobierno de preservar los rasgos centrales del neoliberalismo chileno, sino que también señalaron el desprecio que la coalición de Boric sentía por el proyecto de Constitución y por la voluntad popular. Su anuncio de que trataría de reformar la Constitución —incluso antes de que esta se sometiera a votación popular— agravó la impresión de que no era adecuada para su propósito. Todo ello jugó a favor de la campaña del bloque contrario al nuevo texto constitucional. También transmitió al electorado la percepción de que se limitaría a votar un texto provisional en lugar de expresar una opinión seria sobre el futuro del país.

Chile se encuentra ahora en una posición incómoda privado de un camino claro para resolver su inminente crisis sociopolítica. Al votar a favor de iniciar un proceso constituyente, los chilenos y las chilenas rechazaron indirectamente la actual Constitución de 1980. Sin embargo, al rechazar el nuevo texto constitucional propuesto, el proceso puesto en marcha por el Pacto de Noviembre ha quedado oficialmente terminado sin dejar ninguna disposición en vigor para relanzar un nuevo proceso de redacción. La reforma constitucional resultante del Pacto se limitaba a estipular que si el proyecto de Constitución era rechazado, el antiguo seguiría en vigor. Entonces, ¿qué pasará ahora?

Es probable que Boric intente establecer otra Convención basada en reglas negociadas desde una posición de debilidad, la cual será aún más complaciente con las demandas de la clase política. Será un proceso dirigido por los partidos, dominado por “expertos”

Antes del plebiscito, el presidente Boric se comprometió a convocar un nuevo proceso constituyente si el proyecto propuesto era rechazado. Sin embargo, la única manera de iniciar dicho proceso es a través de un nuevo proceso constitucional, que requiere una supermayoría en el Congreso, la cual será realmente difícil de conseguir debido a la oposición de la derecha y dado que las fuerzas conservadoras controlan el Senado: convocar, pues, una asamblea constituyente dotada de mecanismos adecuados de participación popular parece algo imposible. Así pues, es probable que Boric intente establecer otra Convención basada en reglas negociadas desde una posición de debilidad, la cual será aún más complaciente con las demandas de la clase política. Será un proceso dirigido por los partidos, dominado por “expertos” y aislado de las presiones populares. Los expertos ya han comenzado a culpar a los pocos miembros independientes de la Convención de la derrota del proyecto constitucional, preparando el escenario para eliminar todo potencial radical que el proceso tuviera previamente. Al mismo tiempo, sin embargo, los chilenos y chilenas ya están saliendo a la calle para exigir su propio proceso constituyente en el que no haya negociaciones en la trastienda y en el que el propio pueblo tenga el poder de tomar decisiones vinculantes.

Sidecar – artículo publicado originalmente por Sidecar, el blog de la New Left Review“Chile’s Rejection”, traducido con permiso expreso por El Salto. Véase también “La batalla por la Constitución de Chile”, NLR 135.

Unha xuíza reprochou á avogada Elsa Quintas que empregase a lingua galega nun escrito a pesar de que a lei ampara o seu uso en sede xudicial.
#xustiza #xuízo #xulgado #xulgados (Foto: Nós Diario)

A Lei de Axuizamento Civil recoñece o dereito a usar a lingua propia do país diante da Xustiza.

A avogada e vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística, Elsa Quintas, vén de denunciar a través das súas redes sociais que unha maxistrada, durante un xuízo, reprochou o seu uso da lingua galega nun escrito.

“Sabede que esta semana ingresei oficialmente na lista das agraviadas por usar o galego”, dixo a letrada, que tamén lamentou que, após a reprimenda da xuíza, non tivo dereito a réplica.

De ter ese dereito a responder, explicou, “refrescaríalle” o que dispón o artigo 142.3 da Lei de Axuizamento Civil (LAC) a respecto do idioma a empregar en sede xudicial, un apartado que garante a utilización do galego.

« As partes, os seus procuradores e avogados, así como as testemuñas e peritos, poderán utilizar a lingua que sexa tamén oficial na comunidade autónoma en cuxo territorio teñan lugar as actuacións xudiciais, tanto en manifestacións orais como escritas », sostén o texto.

Quintas engadiu, sobre esta polémica: « E o efecto que causa na sala á miña defendida ou a calquera doutras partes que pretendan empregar o galego? Quedou dito ao inicio da vista que non gostaba do galego. Xa os demais fican advertidos e coaccionados ».

Non é a primeira vez que a avogada sofre unha situación destas características en sede xudicial, pois o pasado mes de abril denunciou que, após se manifestar no idioma propio do país nunha vista, o avogado da parte contraria preguntou ao xuíz « como resolvería se el alegase descoñecemento d#xustiza #xuízo #xulgado #xulgados a lingua galega » e se, en consecuencia, « obrigaría a outra avogada a expresarse en español ».

« É o que ten non saber linguas: eu a el enténdoo; el a min… neste caso resultou que tamén », profundou Elsa Quintas. « Por estas e outras cousas faise necesario abordar o estudo dos dereitos lingüísticos nas facultades de Dereito, en todas », engadiu.

 

[Fonte: http://www.nosdiario.gal]

Les Immortels se réjouissent des actions menées en faveur du français au Canada, où il est une langue minoritaire. Et si elle en tirait les leçons pour la France ?
Écrit par Michel Feltin-Palas
C’est l’une de ces scènes qui donnent à la France républicaine des couleurs d’Ancien régime. En cette journée caniculaire de l’été 2022, dans les salons d’apparat de l’Académie française, les Immortels reçoivent le ministre de la langue française du Québec, Simon Jolin-Barrette, venu affirmer avec émotion et éloquence l’attachement viscéral de ses compatriotes à la langue de Molière. Son discours se conclut sous les vivats de la docte Assemblée, qui vibre en entendant son allocution enflammée en faveur de la diversité culturelle. Un enthousiasme aussi sincère que… pétri de contradictions.
Commençons par expliquer les applaudissements. Le Québec, on le sait, constitue un fragile îlot francophone en Amérique de Nord, peuplé d’à peine 8 millions d’habitants. Dans le reste du Canada comme aux États-Unis, l’anglais, partout, règne en maître. « Lors de la Conquête de 1760, nous n’étions que 70 000. Tout indiquait que, en vertu de la loi du nombre, nous devions bientôt disparaître », a souligné Simon Jolin-Barrette. Et de poursuivre : « Dans les années 1950, l’anglais était encore dominant au Québec, y compris dans les représentations. Il n’était pas rare que les Canadiens français se fassent répondre par le maître anglais, avec une grande violence : Speak white!« .
Il fallut, dans les décennies qui suivirent, un sursaut de la communauté francophone pour modifier la situation. Ce fut la « Révolution tranquille » qui déboucha en 1977 sur la Charte de la langue française, dite aussi « loi 101 ». Un acte fondateur qui se fixa pour objectif de faire du français la langue de l’État, de l’administration, de la communication, du commerce, etc. Un bouclier face à l’anglais. (1)
Quarante-cinq ans plus tard, cette loi 101 vient d’être complétée par un autre texte, appelé « loi 96 », qu’a précisément fait adopter le jeune ministre, et dont voici quelques mesures. Désormais, la Constitution précise que le français est la seule langue officielle du Québec. Elle fait en pratique du français la seule langue de l’administration, ce qui n’était pas toujours le cas. Tout un volet est également consacré à l’immigration, sachant qu’une partie des nouveaux arrivants ont tendance à privilégier l’anglais, jugé plus utile dans un Canada à majorité anglophone. « Sitôt obtenu leur diplôme de l’école secondaire, une proportion alarmante d’étudiants se précipitent dans le réseau anglophone pour poursuivre leurs études », a précisé le ministre. Pour mettre un terme à cette dérive, la loi 96 fait de la maîtrise de la langue française « une condition de diplomation dans les établissements anglophones ». Quant aux employeurs, ils ne peuvent plus aussi facilement exiger la maîtrise de l’anglais dans leur recrutement.
La loi 96 a été vivement critiquée, notamment par la presse anglo-saxonne, qui l’a présentée comme « un combat d’arrière-garde ». Erreur ! a tonné Simon Jolin-Barrette, en mettant en garde contre les dangers du tout anglais. « Ce qu’on présente comme une ouverture sur le monde masque trop souvent l’acculturation, qui vient avec une importante perte de mémoire et d’identité. » Une analyse dont découle sa conclusion : « Quand la diversité des cultures devient tout aussi menacée que la diversité de la faune et de la flore, défendre la langue française n’a rien de folklorique. Au contraire, défendre la langue française, c’est défendre l’avenir. Et surtout, c’est défendre l’intégrité de ce monde, la beauté de ce monde, la diversité de ce monde ! ».
C’est alors que, sous les boiseries de la salle des conférences de l’Institut de France, les applaudissements ont fusé, semblant ne pas vouloir s’arrêter. L’unanimisme était à son paroxysme. Chacun semblait faire sienne cette magnifique ode à la pluralité culturelle.
Voyez-vous comme moi où se situe la contradiction ? Tout à leur émoi, les Immortels n’ont visiblement pas vu à quel point, en applaudissant de la sorte, ils étaient en train de se critiquer eux-mêmes. Car enfin, le ministre québécois venait d’en apporter la démonstration : une langue minoritaire ne peut survivre sans une politique linguistique forte. Or, c’est précisément cette politique que refuse d’accorder la France à ses propres langues minoritaires. La possibilité d’utiliser une langue minoritaire du territoire français dans une administration ? C’est non. L’enseignement immersif des langues régionales dans les écoles publiques ? C’est encore non. La faculté pour une entreprise d’exiger la maîtrise de la langue historique du territoire où elle se situe ? C’est toujours non. Et l’Académie a pris toute sa part dans ce mouvement répressif puisqu’elle s’est opposée ces dernières années aux rares mesures allant en ce sens, qu’il s’agisse de la charte européenne des langues minoritaires et régionales, en 1999, ou de l’entrée des langues régionales dans la Constitution, en 2008.
Pour le dire en une phrase : l’Académie soutient pour le français, langue minoritaire au Canada, des mesures auxquelles elle s’oppose quand il s’agit du breton, de l’alsacien, du créole réunionnais ou du normand, langues minoritaires de France. Une attitude qui traduit donc non pas un attachement à la diversité culturelle exaltée par le ministre québécois, mais la simple expression d’un chauvinisme linguistique qui en est l’exact opposé.
(1) Voir à ce sujet Le français, au Québec et en Amérique du Nord, par France Martineau, Win Remysen et André Thibault, Editions Ophrys.
[Source : http://www.lexpress.fr]

Una clienta de la franquícia Tagliatella va demanar la carta en català i li van respondre que no en tenien

Andorra és l’únic territori dels Països Catalans que té com a única llengua oficial el català. Si bé tenir un Estat propi i la legislació a favor pot semblar un avantatge en comparació a la resta de llocs de parla catalana, sobre el paper la llengua també està en retrocés al país pirinenc. Viure plenament en català cada cop es fa més complicat arreu.

Així ho va testimoniar ahir la usuària solsonenca @ciirera en un enfilall de Twitter, en què va explicar com va patir una discriminació lingüística a la cadena de restaurants Tagliatella a Andorra. Quan va demanar la carta de postres la hi van dur en castellà. Ella, en preguntar al cambrer si la tenien en català i la hi podien portar, va respondre que no en disposaven. No va ser fins que va cridar a la seva acompanyant si li podia traduir la carta que l’empleat li va portar la carta en català.

« És vergonyós que et parlin en castellà a Andorra i que hagis de muntar un espectacle perquè et respectin els drets lingüístics », ha assegurat a la xarxa social. « Em sembla fortíssim que a Andorra, que té el català com a única llengua oficial, hagis d’exigir que se t’atengui en català », ha conclòs. Una reflexió que planteja si n’hi ha prou amb tenir una legislació a favor de la llengua o també cal, fins i tot en aquests casos, la militància dels catalanoparlants per defensar els seus drets lingüístics.

Molts usuaris a les respostes s’han sorprès per la situació andorrana, ben similar a la viscuda a la resta dels Països Catalans, i han criticat la deixadesa del Govern andorrà pel que fa als drets lingüístics.

 

[BLOG You Will Never Hate Alone] Victor Klemperer était allemand avant d’être juif. De 1933 à 1945, il a tenu son journal. Probablement le témoignage le plus complet de la réalité de la vie sous le Troisième Reich.

Témoigner jusqu'à en perdre la raison. | Ursula Richter via Wikimedia Commons

Témoigner jusqu’à en perdre la raison. | Ursula Richter via Wikimedia Commons

Écrit par Laurent Sagalovitsch

Quiconque s’intéresse de près ou de loin à ce que fut l’Allemagne nazie a le devoir de lire les journaux de Victor Klemperer. Pour une raison que je ne m’explique pas bien, jusqu’à cet été, je ne l’avais pas fait. Il est vrai qu’il n’est pas disponible en édition de poche, ce qui constitue en soi un véritable scandale, une anomalie étonnante et une honte pour l’édition française –je l’ai donc lu anglais, et en poche du coup.

C’est une somme considérable qui couvre toute la période allant de 1933 à 1945. Victor Klemperer, au moment où Hitler accède au pouvoir, est professeur à l’université de Dresde. Cousin de l’illustre chef d’orchestre Otto Klemperer, il est spécialiste de littérature française et enseigne la philologie romane. C’est un juif converti au protestantisme, marié à Eva, une musicienne allemande –aryenne s’entend. Bien que son père fût rabbin, il n’entretient aucune espèce de rapport avec son judaïsme. Il est avant tout allemand, un Allemand plus allemand que les Allemands, un patriote fier d’avoir servi son pays lors de la Première Guerre.

Jour après jour ou presque, dans un exercice qui est tout à la fois une chronologie de la vie sous le Troisième Reich et une manière de lui résister, Klemperer va confier à son journal ses peurs, ses doutes, ses craintes, ses espoirs, la tentative désespérée d’un homme de donner sens à une vie qui peu à peu s’enfonce dans l’obscurité et la réclusion forcée.

Très vite, il perd son emploi, se retrouve confronté à une administration qui, de lois en lois, de décrets en décrets, réduit chaque jour davantage son espace de liberté. Mais Klemperer, au contraire de tous ses collègues, de la plupart de ses amis ou fréquentations, refuse de quitter sa terre natale. Il ne veut pas entendre parler d’exil au Pérou ou en Australie. Au fond, qu’a-t-il à craindre puisqu’il n’est pas vraiment juif ? Il est un simple citoyen allemand, l’un des plus émérites, qui se trouve être par un hasard de la vie, un accident du destin, d’origine juive.

Il vomit le sionisme qu’il n’hésite pas à comparer au nazisme dans la mesure où les deux entendent définir le juif avant tout par l’appartenance à ses origines raciales, concept absurde à ses yeux. Il n’ira nulle part. Il a 53 ans. Sa femme souffre de troubles nerveux. Lui-même, atteint d’une hypocondrie féroce, se plaint constamment de son cœur. D’une certaine manière, ses jours sont comptés. Alors à quoi bon prendre le chemin de l’exil si c’est pour vivre aux crochets des autres, dans un pays inconnu ? Non, non, il restera. De toutes les manières –comment en pourrait-il être autrement, tôt ou tard les gens vont forcément se réveiller– le régime va s’effondrer dans une semaine, un mois, un an, dix ans, cinq siècles…jamais.

On le renvoie de l’université, on lui interdit de rouler en voiture, on confisque sa maison. Il reste. Jour après jour, tout devient plus compliqué. L’argent vient à manquer, on instaure le port de l’étoile jaune, on l’oblige à déménager dans une maison pour juifs. Il reste. De toutes les façons, il est trop tard pour partir désormais. L’inexorable est en marche. Personne ou presque n’en sortira vivant. Il le sait, il le voit, il l’entend. Partout.

Quitte à rester, autant témoigner. Témoigner jusqu’au dernier jour. Témoigner à en perdre la raison, en risquant sa vie et celle des autres. Témoigner pour tâcher de rester digne. Pour dire avec le plus de détails possibles la réalité de vivre sous un régime qui a décidé de rendre la vie des Juifs la plus compliquée possible. Toutes ces restrictions absurdes, iniques, monstrueuses: interdiction de garder son chat, d’acheter un gâteau, de monter dans un tram, d’emprunter telle avenue, de sortir à telle heure.

La vie qui jour après jour se rétrécit pour finir par être un exercice de survie continu. D’échapper à l’arbitraire de la Gestapo qui à tout moment pour un regard, un retard, n’importe quoi, peut vous arrêter, vous tuer ou vous déporter. Mais vous déporter vers où? On ne sait pas. À Theresienstadt. Ou à Auschwitz. Mais Auschwitz, c’est quoi au juste? On l’ignore, hormis que c’est le plus terrible des camps de concentration. De toutes les manières, de Pologne personne n’est jamais revenu. Personne.

À aucun moment, Klemperer n’a une idée précise de l’ampleur du massacre. Il y a des rumeurs, des camions paraît-il où l’on gaze les juifs. De toutes les façons, on ne sait rien sur rien. Depuis les premiers mois, il n’y a plus d’information, juste de la propagande. Dans les journaux, à la radio, partout. Tout le temps. Les vociférations du Führer, les admonestations de Goebbels. Klemperer note tout. Sur ce qui se dit. Dans les files d’attente pour échanger ses coupons de ravitaillement contre un peu de nourriture. La vox populi. La rue. Qui crache au visage des juifs. Qui leur tend une main compatissante. Qui hésite. Ne sait plus. Voudrait aider. Ne peut pas. Aide quand même. Dénonce. Ne dénonce pas.

Il faut le dire: c’est un livre extraordinaire, probablement le compte-rendu le plus précis, le plus complet, le plus exact de la réalité de la vie sous le joug de l’Allemagne nazie. Dans son malheur, Klemperer a de la chance. Il est marié à une aryenne. On ne le déporte pas, du moins pas tout de suite et quand on se décide à le faire, le salut vient du ciel: le bombardement de Dresde du 13 au 15 février 1945, l’un des plus massifs de la Seconde Guerre mondiale. Alors la fuite éperdue à travers une Allemagne en pleine débâcle, parmi les râles de son agonie qui n’en finit pas.

On lit ce journal comme un polar, saisi par la vie de cet homme qui parfois énerve, exaspère –pars, pars idiot que tu es!– agace –son cœur, mon dieu, quand va t-il cesser de s’inquiéter pour son cœur!– mais qui tout au long de ses années demeure un individu d’une bravoure et d’une ténacité extraordinaire. Il ne lâche rien. Il écrit partout, en tout temps. Comme un enragé. Un possédé. Un homme hanté par l’idée de sa mort et de sa propre fin.

Le témoin unique d’une époque.

[Source : http://www.slate.fr]

L’escriptor i professor reflexiona sobre els límits de la responsabilitat dels mestres envers la llengua

Xavier Gual

Xavier Gual

El periodista, escriptor i professor de secundària Xavier Gual publica la setmana vinent ‘Qui ha de salvar el català?’ (Eumo Editorial), un assaig on radiografia la salut de la llengua dins i fora de l’escola i dóna claus sobre la responsabilitat dels mestres per « mantenir viva » la llengua. Gual descriu problemàtiques que es troben els docents, sovint amb alumnes que no tenen els coneixements bàsics de català, i que no hi tenen cap vincle afectiu o no li troben utilitat, així com canvis de currículums « basats en polítiques efímeres ». L’escriptor no tan sols reivindica la immersió i s’oposa a les quotes lingüístiques, també ofereix estratègies per fomentar l’ús del català dins i fora de les aules perquè, diu, la responsabilitat és de tots.

L’autor de ‘Qui ha de salvar el català?’ fa un diagnòstic de la salut del català dins i fora les aules i proposa vies per fomentar-ne l’ús a partir de la seva experiència docent. Xavier Gual reivindica la importància de la immersió lingüística i recela dels « intents d’aplicar quotes a favor d’una llengua dominant com és la castellana ».

Entre les estratègies que proposa per fomentar-ne l’ús a l’escola i a fora, hi ha estrènyer el treball conjunt entre docents, alumnes i famílies per afavorir que el català sigui una llengua de relació i de cohesió; fomentar l’hàbit lector de manera creativa; crear biblioteques a les escoles perquè un bon fons de llibres estigui a l’abast de tots els alumnes; aconseguir que tots els professors tinguin cura del català que utilitzen a classe i n’exigeixin el coneixement i l’ús als alumnes independentment de la matèria que imparteixin; i finalment insistir en la idea que el futur del català « no passa només per les aules ».

Des de l’experiència

‘Qui ha de salvar el català?’ arriba a les llibreries aquest 7 de setembre, i es presentarà properament a La Setmana del Llibre en Català. Dividit en tres parts (tres trimestres, com si fos un any lectiu), el llibre parteix de la pròpia experiència de Gual, com a docent en un institut. Així, el professor i escriptor hi explica algunes problemàtiques que es troben els professors de llengua, « tractant amb alumnes que no han assolit els coneixements bàsics de català, que no hi tenen cap vincle afectiu o que no saben trobar-hi cap utilitat ».

També reflexiona sobre els canvis constants de currículum, basats diu « en polítiques efímeres i que sovint ignoren el que passa a dins l’escola ». Contrari a les quotes lingüístiques « a favor d’una llengua dominant com la castellana », es mostra partidari sense fissures de la immersió lingüística.

Dins i fora de l’aula

Gual entén que el català està amenaçat, però no només pel que passa dins de les escoles. És indispensable, diu, que estigui protegit per les lleis però també que es consolidi com una llengua necessària per viure a Catalunya. La seva tesi és que la « responsabilitat » és compartida i no només dels docents.

Llicenciat en filologia catalana per la UB, Xavier Gual ha treballat com a periodista i des del 2006 és professor de secundària. Com a escriptor ha publicat una dotzena de títols entre novel·la i narrativa curta, entre els quals ‘Delirium tremens’ (2001) premi Mercè Rodoreda, ‘Estem en contra’ (2007) premi Pere Quart d’humor i sàtira, ‘Els fantasmes de Dalí’ (2013) i ‘El gran baríton’ (2021). També ha publicat novel·les juvenils. Algunes d’aquestes obres han estat adaptades al teatre i també traduïdes.

[Font: http://www.racocatala.cat]

 

Por que, após dois anos tomando as ruas e três vitórias eleitorais, a esquerda foi batida. Como o processo constituinte se distanciou das maiorias e sofreu com o desgaste do hesitante Boric. Quais caminhos podem recompor as esperanças

Escrito por Gilberto Maringoni

O Chile rejeitou em plebiscito a proposta de nova Constituição, com uma diferença acachapante: 62,55% a 37,45%. O quadro surpreende diante de seguidos avanços de setores progressistas e de esquerda nos últimos três anos, apesar de a derrota vir desenhando-se desde julho. Recapitulemos.

Entre outubro de 2019 a março de 2020 o país assistiu a maciças manifestações de protestos populares, iniciadas a partir do descontentamento com o preço de passagens de metrô. A partir daí as demandas se desdobraram para a melhoria dos serviços públicos. A repressão foi brutal. O fenômeno ficou conhecido como “estalido social” e representou uma acentuada queda de popularidade para o governo direitista de Sebastián Piñera.

O impulso das ruas se traduziu em três formidáveis resultados eleitorais. A politização das manifestações se concentrou na demanda por uma nova Constituição que eliminasse a autoritária norma promulgada em 1980 pela ditadura de Augusto Pinochet. Um plebiscito foi então convocado para que a população optasse ou não pela abertura de um processo constitucional. Em 25 de outubro de 2020, 78,28% dos votantes aprovaram a iniciativa.

Em 16 de maio de 2021, os chilenos foram novamente às urnas para eleger os delegados constitucionais. Novo tento progressista: candidatos de esquerda, centro-esquerda, independentes e representantes de povos originários alcançaram cerca de 75% das 155 cadeiras em disputa. Pelas regras estabelecidas, bastariam 2/3 dos votos para a aprovação de qualquer matéria.

Somados a esses avanços, a esquerda obteve um tento histórico em 19 de dezembro último. No segundo turno da eleição presidencial, o candidato da esquerda Gabriel Boric derrotou o extremista de direita José Antonio Kast na proporção de 55,87% a 44,13%.

O que explica a inversão abrupta na correlação de forças em menos de um ano? Quais são os flancos abertos pela esquerda nos últimos meses? Qual é a relação entre a queda de popularidade do governo e os resultados deste domingo? Houve subestimação da força da reação?

A direita tem inegável peso no país, mas não basta à esquerda acusar o outro lado de ser forte. Apesar dos inegáveis e louváveis avanços no texto da convenção constitucional, é preciso verificar possíveis falhas e insuficiências na condução do processo.

Provavelmente, muito dessa virada na opinião pública possa ser creditada à queda na aceitação do governo Boric. Segundo o Instituto Cadem, em 18 de março, uma semana após a posse, a popularidade do presidente alcançava 50%. Em 19 de setembro, a marca caíra para 37%. A desaprovação de 20% há seis meses saltou para 56% no mesmo período. Não há uma avaliação consolidada por parte da administração pública sobre os motivos da oscilação negativa, mas as dificuldades enfrentadas pelo governo para lidar com a crise econômica e com as revoltas dos indígenas mapuches no sul podem entrar na conta, além de um preocupante descontrole oficial nas forças de segurança.

O texto proposto apresenta fortes características democráticas, como o estabelecimento de serviços públicos gratuitos, definição do papel do Estado na educação e na saúde e a ampliação de direitos trabalhistas, além de mudanças legais no que toca às grandes propriedades rurais.

Mas as idas e vindas na elaboração do projeto pesaram e muito, o que foi aproveitado fartamente pelo conservadorismo.

Ao que parece, houve esquerdismo – no sentido de desvio vanguardista – na condução do processo, além de recuos e polêmicas identitárias que precisam ser avaliados com vagar e cuidado. Vale exemplificar.

O que significa exatamente estabelecer um Estado plurinacional num país em que apenas 12% da população se coloca como indígena? A medida foi aprovada na Constituição boliviana de 2007. Lá, a presença de povos originários em relação ao total da população alcança 62%.

Para que se constitucionalizar a questão do direito ao aborto e dos direitos reprodutivos, se esses poderiam ter lugar em legislação ordinária, com menos atritos com a direita? Não se discute aqui a justeza da bandeira, mas a tática política necessária para aprová-la.

Apesar desses pontos, na parte fiscal, o texto abre uma avenida para o neoliberalismo, ao aceitar a responsabilidade fiscal como cláusula constitucional. Se esse recuo foi feito para convencer a direita, a medida de nada adiantou.

Para além do problema da redefinição constitucional do país, o mais grave é como ficará a gestão Boric após meio ano de mandato. Será possível retomar a condução da agenda nacional? Teremos um longuíssimo fim de governo até 2026, com um pato manco no La Moneda? Como se dará a recomposição da administração pública no plano político?

O presidente é um líder de centro-esquerda bastante moderado: tomou distância da Venezuela e de Cuba, ao não convidar seus governos para a posse, e apresenta uma relação ambígua com a memória de Salvador Allende, a quem não citou em seu discurso de posse. Tais sinais também não parecem sensibilizar o campo oposto.

É cedo para terem-se respostas que demandam uma série de informações ainda não de todo disponível. O certo é que as repercussões na América do Sul serão preocupantes.

[Fonte: http://www.outraspalavras.net]

 

Lo comitat dels dreches umans de l’ÒNU conclutz qu’aurián pas degut èsser suspenduts coma elegits abans d’èsser condemnats

Espanha a violat los dreches politics de membres del govèrn e del parlament de Catalonha après lo referendum d’independéncia de 2017, segon lo comitat dels dreches umans de l’ÒNU, que conclutz qu’aurián pas degut èsser suspenduts coma elegits abans d’èsser condemnats.

D’expèrts independents, que s’exprimisson pas al nom de l’ÒNU mas que son mandatats per ela, concluguèron dimècres passat a Genèva que las acusacions de rebellion contra los elegits catalans èran pas justificadas e que s’apiejavan pas sus de “motius rasonables e objectius” confòrmament a la lei.

Lo comitat aviá recebut una denóncia de l’èx-vicepresident catalan Oriol Junqueras e de tres ancians ministres que foguèron condemnats e encarcerats per lor participacion al referendum e a la declaracion d’independéncia del parlament en octòbre de 2017, abans d’èsser graciats l’an passat.

Lo rapòrt del comitat dels dreches umans de l’ÒNU jogarà en favor del recors que los presonièrs politics catalans an depausat a la Cort Europèa dels Dreches Umans.

 

[Sorsa: http://www.jornalet.com]

A horas de elegir entre aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, el país oscila entre la rabia y la esperanza

Manifestantes durante un mitin en favor del referéndum constitucional de Chile, en septiembre de 2022.

Escrito por

A pocas horas de conocer el resultado de las elecciones sobre aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución, Chile vive o sufre una experiencia que oscila entre la rabia y la esperanza. Rabia para quienes piensan que se trata de un documento maximalista e incoherente que nos enredará en una maraña de disputas ideológicas e identitarias que nos alejan de lo que le preocupa a la población: seguridad, pensiones, costos de salud, educación y vivienda. Esperanza para quienes piensan que ha llegado el momento de salir de la camisa de fuerza que nos impuso la dictadura con la constitución de 1980, y de inaugurar una nueva era en donde la carta fundamental ha sido redactada en democracia y por constituyentes que representan a la sociedad y no a los desprestigiados partidos políticos u obsoletas instituciones. Se trata de sentimientos, rabia y esperanza, que polarizan a la población y crispan el ambiente. Cuál sentimiento prevalecerá es la gran incógnita que se revelará en algunas horas.

Pase lo que pase, la dirección va por los cambios. Si gana el apruebo, no hay forma de que la propuesta de constitución se pueda implementar sin cambios, sobre todo al reducirse el quorum de dos tercios a cuatro séptimos para aprobar los diferentes elementos del borrador constitucional en el Congreso. La apuesta, si es que ha sido pensada en esos términos, es exigir lo máximo para después negociar. Si gana el rechazo, comienza la discusión sobre cómo redactar un nuevo documento, si con otra constituyente, posiblemente sin listas de independientes (de los partidos políticos) y con escaños reservados más proporcionales a la votación de la población indígena. Para ambas opciones el camino es largo. El actual Gobierno, inaugurado en marzo de 2022, tendrá que lidiar con ambos escenarios de triunfo, lo que dominará la agenda política en los cortos cuatro años que tiene por delante. Esto, en un contexto de pandemia, inmigración que desborda a las actuales instituciones, violencia en la macrozona sur mezclada con la temática indígena, reformas tributarias, inflación, caída de la inversión interna y externa, y crisis global. Chile está simplemente agobiado.

¿Respirará de alivio el país luego de estas elecciones? Quizás. Mucho depende de la proporción del voto, digamos 48 contra 52% para cualquiera de las opciones. Pero si es entre el 56-58 % contra 42-44% para las mismas estaremos en una situación de ganadores y perdedores, con la soberbia o el resentimiento que conllevan. Si gana el apruebo por el número mayor, tendrá todavía las cortapisas del Congreso, pero con la legitimidad de las mayorías. Si gana el rechazo, la centroderecha liberal podrá declararse victoriosa, pero se empoderará a la derecha más radical que no quiere saber nada de paridad, plurinacionalidad o inmigración a la que asocia con el narco y el crimen organizado. Es la derecha “cavernaria” que denunció Mario Vargas Llosa.

Volvamos a los sentimientos a horas de los resultados. La tensión que vive el país es enorme. Las encuestas están suspendidas, de modo que cada cual debe decidir, en el mejor de los casos, de acuerdo a su conciencia o, en el peor, orientándose por las propagandas electorales de último minuto, o por tendencias puramente viscerales. Quizás en el interior de cada persona exista un nivel de convicción respecto de cómo votar en el momento de acercarse a las urnas, pero persiste un clima, llamémoslo existencial, en donde la preferencia sería la de no tener que enfrentar elecciones en donde todo es incierto.

Es un país en suspenso, con deseos de irse a la cama, agotado y nervioso, y despertar con ánimo para enfrentar lo que viene.

Es hora “del pensar profundo” diría Andrés Bello. Cualquiera sea el resultado, mañana es otro día.

Iván Jaksic es historiador y Premio Nacional de Historia 2020.

[Foto: ALEJANDRO OLIVARES (BLOOMBERG) – fuente: http://www.elpais.com]

En la zona, dicen activistas y pobladores, anidan especies protegidas.
punta carola

La zona cercana a Punta Carola, en Galápagos.

En Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, alguien ha empezado trabajos de construcción frente a Punta Carola, una de las playas más emblemáticas de las islas Galápagos. Desde inicios de 2022 han metido tractores, han talado opuntias nativas y han dinamitado roca volcánica en zonas de anidación de iguanas y tortugas.

Fue supuestamente para ampliar una vía que iniciaría el proyecto hotelero del grupo HOGalápagos S.A del empresario Gabriel Navas. Es un resort que Navas ha promovido desde 2013 y que a inicios de 2022 lo llevó a hacer una minigira de medios.

Según  la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG), la aprobación de infraestructura turística en las islas incluye ocho requisitos que, hasta ahora, siguen impidiendo la construcción de HOGalápagos.

playa de Punta Carola

La playa de Punta Carola

Desde 2015, el Municipio de San Cristóbal acogió una resolución para frenar ese mismo proyecto hotelero y declarar la predial que comprende de Playa Mann a Punta Carola —8 hectáreas en total— como área turística protegida y de interés científico, a pesar de ser propiedad privada. Seis años después, el 21 de abril de 2022, el nuevo consejo municipal ratificó esa resolución al mismo tiempo que el ministro de ambiente, Gustavo Manrique, ratificaba que en las islas hay moratoria de camas. Eso significa que en Galápagos hay un límite al número de camas disponibles –y por lo tanto al número de huéspedes que pueden recibir los establecimientos turísticos.

Ratificación tras ratificación: en teoría, HOGalapagos no tiene cómo entrar.

Pero los movimientos de tierra y ripio en la zona, así como las entrevistas de Navas con periodistas locales, han alertado a personas como Jenny Quijozaca, ecóloga marina y vocera de la Asamblea Comunitaria, un colectivo creado precisamente para resguardar Punta Carola.

movimientos de tierra

Zona en la que se han hecho movimientos de tierra en Punta Carola.

El predio en disputa está apenas a las afueras del parque nacional, que conforma el 97% de la superficie terrestre del archipiélago. Es parte de Puerto Baquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos y su segunda urbe más poblada. Por eso, a pesar de ser propiedad privada, los permisos de construcción del terreno son competencia del municipio (y no del parque), del que la comunidad ha recibido, por sobre todo, cables cruzados: en abril de 2022, el alcalde Henry Cobos Zavala, votó en contra de ratificar la resolución (es decir, a favor del proyecto hotelero) y, desde entonces, ha intentado evadir el tema. Incluso después de que el concejal Diego Cruz reclamó que la maquinaria utilizada para ampliar la vía era del municipio. Esto también generó sospechas en la ecóloga Quijozaca. “A quiénes alquilan maquinaria en San Cristóbal, deben pedirles permisos de construcción”, me dijo. “¿Dónde va a estar? ¿Para qué?”. Según ella, el municipio no ha presentado los documentos ni siquiera en respuesta a los reclamos por los movimientos de tierra, hechos por la Asamblea Comunitaria y el concejal Cruz.

Esta falta de transparencia en el inicio de los trabajos ha alarmado tanto a residentes de la isla como a los ambientalistas colonos que siguen organizando plantones, talleres y asambleas para mantenerse vigilantes y detener el proyecto. Así han logrado la atención de algunos medios, aunque esta presión no ha sido suficiente.

plantón en Punta Carola

Un plantón en Punta Carola

La actividad más reciente aviva el temor de que HOGalapagos logrará filtrarse a pesar de todo. Así sentaría un precedente a futuro para que más empresas de turismo masivo sigan entrando en el archipiélago. Este patrón podría cambiar radicalmente el tipo de turismo que existe en las islas; hasta 2021 había 310 alojamientos turísticos a los que llegaron más de 136 mil turistas, solo ese año. Ya es un problema: en Galápagos, el turismo avanza, los servicios básicos no. Puerto Baquerizo no tiene alcantarillado ni agua potable.

Según Bitácora Ambiental, un boletín en el que hacen seguimiento al proyecto, y la información que me dio Quijozaca –que incluyó un plan arquitectónico– el proyecto de HOGalápagos estaría conformado por un edificio principal de módulos, un edificio secundario, nueve bungalows, un centro de convenciones, gimnasio y spa. Estaría diseñado para turismo a gran escala como el que se realiza en destinos como Hawai y Bali.

Contacté a Gabriel Navas para una entrevista, pero hasta el cierre de este reportaje no tuve respuesta.

El 1 mayo de 2022 llegué a San Cristóbal, días antes del inicio del Mundial de Surf. Esa misma tarde, varias organizaciones de la isla habían convocado a un evento en la playa con motivo del Mundial para, me explicaron, expresar su oposición a los trabajos de construcción que habían empezado meses antes en Punta Carola.

El sol, como casi siempre en Galápagos, brillaba y el ánimo general era tan combativo como alegre. Había niños corriendo y familias conversando junto a los representantes de algunas organizaciones como Tejidos Violeta, un grupo de concientización contra la violencia de género. “Ni las mujeres, ni la tierra somos territorio de conquista”, decía uno de sus carteles extendidos sobre la arena de Punta Carola.

Jenny Quijozaca coordinaba el plantón con un altoparlante, acompañada de su pequeño hijo. En la arena, los activistas locales formaron una línea con la que imitaban el movimiento de una ola alrededor de la playa, mientras algunos surfistas formaban un círculo en el agua que era grabado con un dron que zumbaba sobre sus cabezas.

Jenny Quijozaca

Jenny Quijozaca coordina el plantón con un altoparlante, está acompañada de su pequeño hijo.

El plantón era una de varias acciones que ha hecho la Asamblea Comunitaria para exigir transparencia sobre la posible construcción del hotel y para ratificar lo que ya ha sido establecido por la ley. Ratificar, ratificar, ratificar: allí parece que radica el conflicto. Es algo en lo que insisten los isleños con los que conversé durante el plantón. “San Cristóbal es tierra de nadie”, me dijo Quijozaca, cobijada por la sombra de una mesa junto a Playa Mann.

Entre los isleños —activistas y habitantes—, el susto va más allá de si el turismo es masivo o no. Vinicio Andrade, presidente de la Asociación de Hoteleros de San Cristóbal, fue muy claro en eso. “Desde un punto de vista momentáneo, nos conviene”, me explicó en referencia a los ingresos que podría generar la entrada de más turistas. “Pero los procesos se hacen a la maldita sea, sin orden”. Andrade fue enfático: “No nos oponemos al desarrollo, pero se deben respetar los espacios que le corresponde en la sociedad”.

El temor más palpable es la falta de transparencia y la contradicción entre el discurso oficial que niega que el proyecto tenga permisos y los movimientos que indican que los tendrá. La Asamblea Comunitaria, por eso, insiste en recurrir a todas las instancias posibles. El 5 de mayo de 2022 aprovecharon la rueda de prensa sobre el campeonato de surf para alertar sobre las irregularidades detrás del proyecto a Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero, al menos en ese frente de permisos y burocracia, la versión oficial es clara: en una reunión en la que estuve presente entre Quijozaca y Gabriela Echeverría, directora zonal del Ministerio de Turismo, Echeverría aseguró que “el proyecto no va”.

El plan de convertir  Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, en un destino de turismo masivo existe desde hace años. Es un tema que requiere de más estudios, debates y de una conversación pública que, por el momento, no existe.

Puesta de sol en Punta Carola

Puesta de sol en Punta Carola

Tanto Quijozaca como otros activistas con quienes conversé expresaron mucha frustración ante la falta de comunicación oficial. Conversamos entre evento y evento, de manera casual, en la playa, o caminando junto a las loberías cercanas al muelle. En la terraza de un hotel frente al malecón principal, Jaqueline Vásquez, quien ha vivido en Galápagos desde hace cincuenta años, me dijo que temía que San Cristóbal estaba por cambiar radicalmente sin que se pueda “frenar” a las grandes franquicias hoteleras. Les recordé que nada está aprobado aún. “Pero hay que ver los hechos”, me respondió Quijozaca. “Por eso queremos que se sepa de esto antes”. En San Cristóbal están vigilantes.
[Fotos del autor – fuente: http://www.gk.city]

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) pide a las autoridades respetar el derecho de los educandos indígenas a la educación en su propia lengua.

En tal sentido, rechazaron las intenciones de sectores docentes monolingües que pretenden acceder a la contratación en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe (EIB) sin cumplir el requisito de pertinencia lingüística.

Con ello no solo se pretende reducir las plazas docentes EIB sino incluso eliminar las instituciones educativas EIB, aplicando políticas asimilacionistas que regresionan en derechos de pueblos indígenas.

Tal posición fue expuesta por los representantes de la AIDESEP en la reunión de la Comisión Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe (Coneib) celebrada del 24 al 26 de agosto.

La petición de la organización nacional indígena amazónica se sustenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política y las leyes y normativas del Ministerio de Educación.

Los y las representantes indígenas amazónicos reiteraron el rechazo a la contratación de docentes monolingües que acceden a plazas EIB sin cumplir los requisitos establecidos por ley.

La Coneib reafirmó que la implementación de la Política Nacional de Educación Intercultural (EI) y la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) no debe parar y debe ser fortalecida.

Ello es tanto más necesario considerando que luego del Censo Nacional de 2017 existen cifras claras en que se recoge las diversas expresiones de la identidad originaria en el Perú.

En tal sentido, recuerdan que en las naciones plurinacionales como el Perú existe la obligación del Estado de prestar los servicios educativos estatales conforme a la diversidad de pueblos que existen en el país.

En consecuencia, se deben rechazar de plano las solicitudes de pequeños grupos de docentes solo interesados en su contratación por que son contrarios a la Constitución Política y la realidad sociocultural del Perú.

Además, sus pretensiones particulares atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y en específico de los educandos indígenas y originarios.

[Fuente: http://www.servindi.org]

La comunidad judía de Oporto presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea alegando una conspiración antisemita contra los miembros ricos de la comunidad judía portuguesa y la organización judía más fuerte de Portugal, lo que perjudica los intereses financieros de la Unión Europea.

Escrito por Shelly Paz

La denuncia se presentó con la asistencia de abogados de Portugal, EE. UU. e Israel, así como la Asociación Judía Europea, la organización que representa la unión de las comunidades judías de Europa; desde Portugal hasta Ucrania.

La denuncia descrita con todos sus detalles también ha sido publicada en un libro con el título “La primera gran conspiración antisemita del siglo XXI”, que se puede descargar de forma gratuita aquí (https://firstmajorconspiracy.com ). Se está enviando una copia del libro a bibliotecas de todo el mundo y se enseñará en varios programas de estudios de antisemitismo.

Según la comunidad judía de Oporto, “personas no reveladas entre las élites gobernantes portuguesas unieron los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y medios de comunicación en una violenta conspiración antisemita. Los objetivos de la conspiración eran rechazar políticamente la gran afluencia de ciudadanos israelíes interesados en la nacionalidad portuguesa, destruir la ley sefardí en un contexto de terror, para que nadie pudiera salir a defender esa ley (para evitar ser acusado de colusión con el fraude), y producir una “querella criminal” basada en denuncias anónimas que pretenden destruir al empresario judío Patrick Drahi, judíos adinerados de origen portugués y la comunidad judía de Oporto, posiblemente la organización judía más fuerte de Europa en términos de religión, cultura, educación y la lucha contra el antisemitismo. El poder judicial portugués fue utilizado políticamente como un instrumento”.

“La Fiscalía Europea no tiene legitimidad legal para investigar casos de antisemitismo, pero en este caso hay indicios de corrupción por parte de las élites gobernantes y esto perjudica a todos los ciudadanos de Europa”, dijo el presidente de la comunidad judía de Oporto, Gabriel Senderowicz.

“Nuestro objetivo es documentar la conspiración, incluso si la Fiscalía Europea decide no hacer nada al respecto. Nos aseguraremos de que esta información se difunda en todas partes donde sea necesaria la educación sobre el antisemitismo. El antisemitismo moderno en Europa no ataca a los judíos en general como en el pasado, sino solo a las verdaderas fortalezas judías: comunidades fuertes, judíos ricos, leyes beneficiosas para los judíos y el Estado de Israel. En la Unión Soviética, las comunidades “no tan fuertes” no fueron destruidas, ya que servían de publicidad al régimen político. Cualquiera que visite Moscú podría visitar una hermosa sinagoga con puertas abiertas y servicios, pero prácticamente muerta, sin vida judía relevante “.

En la demoledora denuncia de 113 páginas presentada la semana pasada ante la Fiscalía Europea, la comunidad judía de Oporto afirma que “los conspiradores utilizaron una organización criminal dedicada a redadas nocturnas en domicilios particulares y despachos de abogados supuestamente relacionadas con Patrick Drahi, así como falsas acusaciones de narcotráfico, y también utilizaron fuentes “anónimas” que ya habían anteriormente sido condenadas judicialmente por difamación contra miembros y colaboradores de la comunidad judía de Oporto”.

La comunidad judía de Oporto dice: “La conspiración, paternalmente guiada desde arriba y con intereses internacionales en el medio, ha usado toda una amalgama de personas” como –el exministro de Relaciones Exteriores Augusto Santos Silva, quien fue autor moral de la destrucción de la ley de los sefardíes “por una ‘cuestión palestina”, la exvicepresidenta de la bancada parlamentaria del Partido Socialista Constança Urbano de Sousa, quien comparó la reproducción exponencial de los sefardíes con el coronavirus (y dijo que junto con sus dos hijos va a ser responsable de un millón de descendientes dentro de 250 años), y la ministra de Justicia, Francisca van Dunem, quien elaboró un reglamento que puso el fin a la ley sefardí en términos prácticos a partir del 1 de septiembre de 2022, y recogió denuncias “anónimas” de la escoria de la sociedad y las envió a “investigación criminal” por parte de autoridades cuyos líderes ella misma nombró.

Gabriel Senderowicz dijo: “La soberanía del Estado portugués que puede terminar o cambiar esta ley y cualquier otra ley en cualquier momento no está en cuestión, pero el procedimiento podría y debería haberse implementado sin poner en peligro la imagen y la seguridad de los judíos sefardíes y las comunidades judías portuguesas. Eso no es lo que há sucedido durante dos años”.

La denuncia menciona el papel destructivo de algunos influencers, así como de periodistas de los diarios Público y Expresso y de los canales de televisión “SIC” y “RTP”. “Durante ocho meses nunca mencionaron un solo efecto positivo de la ley sefardí, calificaron una sinagoga llena, restaurantes kosher y museos llenos de gente como “opulencia”, y redujeron la llamada ley sefardí a las tarifas cobradas por la comunidad judía de Oporto (250 euros).

Estos influencers y periodistas siempre actuaron contra el honor de los miembros de la comunidad y de solicitantes que han sido certificados, y solo hablaban sobre sospechas de supuesta corrupción, Mossad, oligarcas, drogas canábicas, ganancias y grandes negocios”, de acuerdo con lo mencionado en la denuncia.

Senderowicz agrega: “Semana tras semana, familias enteras fueron objeto de exposición calumniosa en los periódicos y la televisión, todo basado en denuncias anónimas y fuentes anónimas. Nadie escapó a este tipo de “purificación” al estilo de la Inquisición, desde los líderes religiosos y seculares –rabinos, presidentes, expresidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios– así como el museólogo, e incluso el portero y amigos de la comunidad. Ancianos llorando, niños con miedo de ir a la escuela porque eran judíos y el gran rabino siendo atacado en un supermercado”.

En resumen, la operación policial “Puerta Abierta” que fue presentada a todo el mundo como una venta de pasaportes por parte de un rabinato que actuó por dinero, es una operación “Cuestión Palestina” dirigida por personas entre las élites portuguesas que ataca a los judíos israelíes, a los judíos ricos y a todas las realidades judías relevantes relacionadas con Portugal.

Hay evidencia de intercambio de favores, uso del poder judicial con fines políticos, teorías de conspiración, robos nocturnos a bufetes de abogados y casas particulares, falsas acusaciones de narcotráfico y esquemas con Rusia, y uso de denuncias “anónimas” que en realidad fueron realizadas por agentes del Estado, calumniadores profesionales y condenados por difamación, todo ello articulado con una campaña mediática asesina protagonizada por media docena de periodistas e influencers para destruir la credibilidad de una ley, líderes comunitarios y personas de origen sefardí que habían sido aprobadas en cumplimiento de la ley.

“El Estado portugués no es antisemita”, señala el presidente de la comunidad judía de Oporto, Gabriel Senderowicz. “Entre las víctimas de esta conspiración se encuentran también el presidente de la República Portuguesa, el primer ministro, líderes parlamentarios, jueces, policías y la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, incluso de aquellos que a menudo son acusados de actos escandalosos”.

 

[Fuente: http://www.enlacejudio.com]

El reciente ataque a Salman Rushdie pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre el islam, la radicalización religiosa y política y la libertad de expresión.

Escrito por Ezequiel Kopel

El viernes 12 de agosto Salman Rushdie, el escritor condenado por la República Islámica de Irán desde 1989 debido a la acusación de blasfemia por su libro Los versos satánicos, estaba por dar una conferencia en la tranquila ciudad de Chautauqua, al oeste de Nueva York. En ese momento, un hombre subió al escenario y lo apuñaló más de 10 veces en el cuello y abdomen. Un malherido Rushdie fue trasladado de emergencia en avión a un hospital; lo operaron y le colocaron un respirador. Las primeras informaciones luego de la operación indican que el escritor evoluciona favorablemente, pero tiene el hígado dañado, podría perder un ojo y vería afectado el movimiento de su brazo al tener sus nervios cortados. El moderador del evento, Henry Reese, de 73 años, cofundador de una organización que ofrece residencias a escritores que enfrentan persecución, también fue atacado.

El agresor fue arrestado de inmediato. Hadi Matar, de 24 años, oriundo de Fairview, Nueva Jersey, y descendiente de libaneses es –por lo que pudo verse en sus redes sociales (mientras estuvieron abiertas)– un ardiente fanático de los ayatolás y de los líderes políticos y militares iraníes. El acto de matar de alguien que ni siquiera había nacido cuando Rushdie escribió su controvertido libro y ya admitió que nunca lo leyó es otro ejemplo de la peligrosa radicalización de una juventud impresionable, muchas veces de confesión islámica, que glorifica la violencia.

Las autoridades iraníes tardaron en responder sobre el ataque: negaron tener participación alguna en el hecho, pero creyeron pertinente acusar al escritor como el verdadero culpable del intento de asesinato. En una vergonzosa declaración, Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, sostuvo que había sido la víctima quien había cruzado «líneas rojas» y se había expuesto «a la ira de la gente». Vale recordar que el fundador de la República Islámica de Irán y por entonces su máxima e incuestionable autoridad, el ayatolá Ruhollah Jomeini, había ofrecido en 1989 –mediante una fatwa— una recompensa de 3 millones de dólares por la cabeza de Rushdie, tras acusarlo blasfemia.

Aunque el presidente reformista iraní Mohammad Jatami dijo que el asunto estaba «completamente terminado» en 1998, cuando Gran Bretaña se lo exigió para restablecer relaciones diplomáticas con Irán, la fatwa no fue rescindida formalmente. De hecho, el sucesor de Jomeini, Alí Jamenei, reiteró en 2017 que aún se encontraba en vigor. En 2016, por ejemplo, Irán boicoteó la Feria de Fráncfort por la presencia del escritor indio-británico y en 2019 reforzó la sentencia, tuiteando desde su cuenta oficial que la fatwa era irrevocable, lo que llevó a Twitter a limitar su cuenta, pero no a cerrarla (como sí lo hizo, por ejemplo, con la del expresidente estadounidense Donald Trump).

Las reacciones en la prensa iraní fueron unánimes y dejaron de lado toda diferencia entre conservadores y moderados. Una editorial del diario Irán, órgano oficial del gobierno, afirmó de forma orgullosa que «33 años después de que su excelencia el imam Jomeini dictaminara sobre la apostasía de Salman Rushdie, un no iraní en el corazón de Estados Unidos cometió el acto más sagrado de Dios» y que esto demostraba que «en el corazón del mundo moderno, las órdenes de Dios todavía están vivas en los corazones de las personas». El diario de línea dura Kayhan, cuyo jefe es designado por el actual líder supremo, saludó «a este valiente hombre que atacó al apóstata y cruel Salman Rushdie en Nueva York y besamos sus manos que acuchillaron y desgarraron el cuello de un enemigo de Dios». El periódico Jame-Jam, propiedad de la Radio y Televisión Nacional, publicó una defensa del atentado tras la información de que Rushdie perdería un ojo, publicando una caricatura de él, con cuernos y sin un ojo, con la leyenda: «Satanás perdió un ojo». Etemad y Arman-e Melli, periódicos supuestamente moderados y «reformistas», señalaron que todo podía ser una conspiración de Occidente e Israel, que utilizando «falsas afirmaciones antiiraníes» buscan descarrilar las nuevas conversaciones nucleares. Irónicamente, a principios de la década de 1980, las traducciones al persa de Hijos de la medianoche y Vergüenza, dos de sus primeros libros, hicieron que (junto con su posición favorable al nacionalismo palestino) Rushdie fuera admirado por su «antiimperialismo» durante años en el Irán revolucionario.

La idea de que Irán no estuvo físicamente detrás del ataque contra Rushdie no solo es una manipulada elucubración, sino que, además, olvida las acciones pasadas de la República Islámica contra críticos y opositores. Hadi Matar pudo haber tomado la decisión individualmente. Es decir, sería otro mal llamado «lobo solitario» al que se le imputa una suerte de radicalización por generación espontánea. Pero pocos días después del ataque ya existen informaciones, citadas por VICE News, de que mantuvo contactos con miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Dado que el incidente se encuentra en etapa de investigación temprana, todavía se sabe demasiado poco sobre esas comunicaciones.

En estos días suele soslayarse que Irán cuenta, en su historia contemporánea, con una numerosísima lista de opositores asesinados en el exterior, algunos por orden directa y otros de manera indirecta. En 1980, un seguidor extranjero de la República Islámica, Dawud Salahuddin, disparó y mató al antiguo agregado de prensa de la embajada iraní Ali Akbar Tabatabaei en la puerta principal de su casa en Bethesda, Maryland. Los magnicidios –dirigidos o inspirados- aumentaron considerablemente en la década de 1990. Las estimaciones indican que solo hasta 1997 se cometieron 50 asesinatos de disidentes políticos en el extranjero.

La década se inauguró con el asesinato en Suecia de dos disidentes kurdos, Karim Mohammedzadeh y Efat Ghazi, el 6 de abril y 1 de septiembre respectivamente. El 6 de agosto de 1991 fue asesinado con cuchillos de cocina Shapour Bajtiar, el liberal y último primer ministro iraní previo a la Revolución islámica, en su casa del suburbio parisino de Suresnes. El 8 de agosto de 1992 encontraron el cuerpo del artista Fereydoun Farrokhzad en su apartamento en Bonn, Alemania, apuñalado repetidamente en la cara y la parte superior del torso. Farrokhzad se había burlado de la obsesión mostrada por Jomeini por el sexo en su libro Tahrir al-Wasilah. Ya más cerca en el tiempo, en 2017, el creador de un medio opositor al actual gobierno de Irán, Saeed Karimian, fue baleado en Estambul. Incluso el año pasado Francia condenó a un diplomático que trabajaba en la embajada iraní en Viena a 20 años de prisión por un complot para poner una bomba en una manifestación de un grupo opositor en Francia. Y en julio de este año la policía estadounidense detuvo a un hombre armado con un rifle AK-47 frente a la casa de Brooklyn de la disidente iraní (y destacada militante contra el uso obligatorio del velo islámico) Masih Alinejad. La acción se suma a la trama descubierta el año pasado por el FBI, que arrestó a cuatro agentes iraníes que pretendían llevar a Alinejad de contrabando a Irán para silenciar sus críticas.

Luego del atentado contra Rushdie reaparecieron las voces que matizaban el intento de magnicidio como una reacción entendible por ofender a los fieles de una religión, bajo la idea de que sentirse ofendido es una razón válida para matar o perseguir a una persona. Esto recordó la posición adoptada por diferentes personalidades tres décadas atrás cuando se sancionó la fatwa contra el escritor indio de origen musulmán hoy herido. Road Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, lo calificó de «peligroso oportunista»; el maestro del espionaje John le Carré (quien en 1997 sería a su vez acusado de antisemitismo por su caracterización de un personaje en la novela El sastre de Panamá) dijo que «no hay ley en vida que sostenga que las grandes religiones pueden ser insultadas con impunidad»; el escritor de izquierdas John Berger exigió que la obra fuese sacada de las librerías ante la posibilidad de «una guerra santa», y el músico Cat Stevens, quien adoptó el nombre Yusuf Islam cuando se convirtió al islam, llegó a afirmar que si Rushdie golpease su puerta pidiendo ayuda «trataría de llamar al ayatolá Jomeini y decirle exactamente dónde está este hombre».

En tanto, Kalim Siddiqui, director del Instituto Musulmán de Londres y uno de los organizadores de las manifestaciones contra el libro de Rushdie, sentenció: «Yo no lo mataría, pero estoy seguro de que hay mucha gente en este país preparada para eso en este momento. Como ciudadano británico, tengo el deber, por así decirlo, de no infringir la ley británica. Pero no somos una religión pacifista. No ponemos la otra mejilla. Devolvemos el golpe». Asimismo, vale rememorar que el por entonces gran rabino (askenazi) israelí Avraham Shapira quiso prohibir la publicación de Los versos satánicos en Israel, argumentando que ofendía las sensibilidades religiosas, a pesar de que no había leído la novela, que ni siquiera se había publicado al hebreo. Su contraparte sefardí en el Estado hebreo no se quedó atrás y en una especie de «ecumenismo a la inversa» –como lo define muy bien Christopher Hitchens en su autobiografía-, dijo que el principal problema no era bajo ningún concepto la oferta de pago por el asesinato de un escritor, sino el delito de blasfemia. En cambio, el gran rabino de Inglaterra Immanuel Jakobowitz trató de esgrimir una extraña solución salomónica cuando agregó que «tanto Rushdie como el ayatolá Jomeini han abusado de la libertad de expresión». Otro de los efectos secundarios más extraños del caso ocurrió en Rávena (Italia), donde un grupo llamado Guardianes de la Revolución amenazó con volar la tumba de Dante Alighieri a menos que el alcalde rechazara la descripción que Dante hizo del profeta Mahoma, a quien define como condenado a uno de los círculos inferiores del infierno, partido en dos, por haber promovido cismas.

Sin embargo, hubo quienes respaldaron vigorosamente a Rushdie desde un principio. Además de la conocida anécdota de Susan Sontag poniéndose al hombro el caso como presidenta del club literario PEN (llegó a ir hasta el Congreso estadounidense para exigir una fuerte posición nacional ante la declaración del presidente George Bush de que la fatwa «no nos afecta» y debió imponerse ante los importantes rechazos de solidaridad, como cuando Arthur Miller, el prestigioso autor de Las brujas de Salem, se negó a participar en una lectura de apoyo con su colega perseguido) existieron también significativas defensas de intelectuales musulmanes o árabes. Una de las menos conocidas fue del intelectual sirio Sadiq Jalal Al-Azm, quien en 1991 criticó a los liberales occidentales por brindar un robusto apoyo a los disidentes soviéticos en ese momento, al tiempo que dudaban a la hora de sostener a Rushdie, haciendo gala de un orientalismo travestido, cuando la persecución viene desde Oriente. Algunas de sus palabras fueron: «Quizás la suposición silenciosa y profundamente arraigada en Occidente sigue siendo que los musulmanes simplemente no son dignos de disidentes serios, no los merecen y, en última instancia, son incapaces de producirlos». A propósito del orientalismo, el mismo autor del famoso libro que popularizó el término en la actualidad, el palestino Edward Said, escribió: «Rushdie es todo aquel que se atreve a hablar en contra del poder. Él, su libro y su vida se encuentran en la frontera donde la tiranía se atreve a pronunciar y exigir sus atroces decretos. Rushdie es la intifada de la imaginación».

Otro valiente con mucho que perder fue Naguib Mahfouz, el único escritor árabe en ganar un Premio Nobel de literatura, quien, a pesar de reconocer que Los versos satánicos podía ofender a musulmanes piadosos, inició un encendido respaldo a la libertad de expresión de su colega a solo un año de ser distinguido por la Academia sueca. Su acción motivó que su obra fuese escudriñada por extremistas islámicos y él mismo fuera condenado por blasfemo por su novela Los niños del callejón. La obra habla de Dios y los profetas y trataba de explicar creativamente la filosofía de la religión a través de la historia de un barrio de El Cairo. Un día después de que se cumpliese el sexto aniversario de su premiación con el Nobel en 1994, fue acuchillado en el cuello al salir de su casa. La elección de acuchillar el cuello no es fortuita para los fundamentalistas, sino que busca resaltar la intención de callar la voz del denunciado. Mahfouz nunca más fue el mismo y una competencia de fatwas denunciatorias empezó a surcar el mundo musulmán. A pesar de todo, ese mismo año 91 escritores árabes y musulmanes de todo el mundo publicaron una colección de ensayos en solidaridad con Salman Rushdie.

Independientemente de la libertad de poder opinar sobre figuras religiosas y sus actos o la posibilidad de representarlos en obras de ficción, es pertinente un análisis real de si Los versos satánicos presenta una visión profundamente herética del islam. Reza Alsan, un estudioso de la sociología de la religión, crítico de lo que hoy se conoce como «nuevo ateísmo» y una especie de «pariente lejano» de Rushdie para los fundamentalistas cristianos por su libro Zelote –donde humaniza la historia de Cristo–, asegura que «para cualquiera que tenga algún conocimiento del Corán, la sorpresa es cuán ortodoxa es la novela en su tratamiento del islam. Los pasajes sobre los llamados ‘versos satánicos’ (las secuencias de sueños que involucran al profeta) están perfectamente en línea con lo que dicen muchos comentaristas tradicionales del Corán (…). La verdad es que una ofensa contra el islam temprano no fue la razón de la fatwa. Lo que parece haber resultado ofensivo para Jomeini fueron los pasajes que narran a los ayatolás iraníes con turbante negro, abriendo sus fauces para tragarse a personas inocentes».

Para comprender qué enoja hasta la violencia a muchos piadosos musulmanes, es necesario entender a qué se refiere el término «versos satánicos». En la tradición islámica, el incidente de los versos se conoce como la «historia de las grullas». Allí se narra la ocasión en que el profeta Mahoma (fallecido en 632 d.C.) confundió los susurros de Satanás con la revelación divina y, de esa manera, las intrusiones satánicas llevaron a Mahoma a pronunciar versos de alabanza a ídolos paganos de la Meca del siglo VII. Ahab Aiwi, un académico estudioso del islam temprano en la Universidad de Leiden, agrega: «Las fuentes históricas musulmanas que recopilan, transmiten y preservan las memorias culturales de la primera comunidad musulmana han registrado e informado el incidente de los denominados versos satánicos y por eso tenemos al menos 50 informes históricos de los primeros 200 años del islam (aproximadamente 610-810 d.C.) que describen en detalle la ocasión en que el profeta Mahoma supuestamente confundió el engaño de Satanás con el mandato de Dios. (…) Los musulmanes posteriores descartaron el incidente como espurio y teológicamente abominable basándose en una consideración: Mahoma estaba protegido por Dios, es decir, era infalible y no propenso a cometer errores en su entrega de la revelación».

Para explicarlo de manera simple –y por supuesto reducida–, los primeros musulmanes trataron de relatar la epopeya histórico-moral de la vida de Mahoma en una heroica lucha por establecer la religión divina, ergo, un intento deliberado de retratar a un Mahoma humanizado que se impone contra las vicisitudes de la vida para hacer que el monoteísmo triunfe por encima de todo. Sin embargo, los posteriores musulmanes que recopilaron las colecciones canónicas de los Hadiths lo consideraron incongruente con su proyecto teológico, que requería que el profeta fuera infalible y, por lo tanto, consideran los «versos» inauténticos. Lo que no muchos saben es que incluso el incidente de los «versos satánicos» es aceptado como auténtico por Ibn Taymiyya, el antiguo predicador fundamentalista al que denominan como padre moderno del wahabismo saudí.

Hay diferentes teorías de por qué Jomeini decidió promulgar una fatwa contra el escritor indio musulmán y Los versos satánicos (un libro que él nunca habría leído, según dijo su propio hijo), que van desde la intención de ocasionar un levantamiento musulmán en India, Pakistán y Europa, hasta el deseo de que su población olvidase el cese al fuego firmado con Saddam Hussein al final de la fratricida guerra entre Irán e Iraq, un arreglo que el ayatolá había prometido no realizar nunca si no era por orden divina. Lo cierto es que casi nadie ha leído realmente la novela, y la mayoría de quienes la condenan se sorprenderían al saber que no sugiere que el Corán fuera inspirado por el Diablo. En el presente se puede conseguir La Divina Comedia –que coloca a Mahoma en el octavo círculo del infierno con las entrañas colgando– en cualquier capital del mundo musulmán, pero el solo rumor del nombre de Rushdie puede producir actos de violencia en esos mismos lugares.

Es preciso sostener que no es igual la representación ficcional de una figura religiosa que el odio a una religión. Incluso la crítica de ideas no es simétrica al ataque a las personas que practican una fe. Asimismo, apuñalar en el cuello a un escritor que no te gusta no es un comportamiento que haga pensar a nadie –que no sea un fanático– que una religión tiene algo admirable que ofrecer al mundo. Hoy la crítica hacia una religión ha dejado de ser un crimen en la mayoría de los países y se puede cuestionar, por ejemplo, al cristianismo o al papa, sin que eso signifique una expresión de «cristianofobia». No se trata de criminalizar al islam, tampoco de pensar que la ideología no tiene ninguna importancia (en la escuela predominante del islam chiita en Irán se requiere que los laicos obedezcan ciegamente las normas de los clérigos sobre la ley islámica) sino comprender que hay una disputa en el seno de una religión para lograr la hegemonía dentro de ella. Y el escenario principal de esta conflagración no es Occidente, sino latitudes donde el islam reina como la religión del Estado y escritores, caricaturistas y artistas, muchísimo más valientes que Rushdie, son reprimidos, día a día, de modo habitual.

Hoy, mientras la idea de que es válido censurar obras artísticas si ofenden a ciertos grupos gana cada vez más tracción en las sociedades modernas. Vale recordar las palabras del vilipendiado Salman Rushdie, quien pasó por todo lo que pasó y no emergió como un psicópata reaccionario deseoso de prohibir el islam: «El respeto por la religión se ha convertido en una frase que significa miedo a la religión. Las religiones, como todas las demás ideas, merecen la crítica, la sátira y, sí, nuestra falta de respeto sin ningún miedo».

[Fuente: http://www.nuso.org]

Votação neste domingo será acirrada. Direita abusa das mentiras, difama Constituinte e explora pânico moral contra direitos de mulheres e indígenas. Governo morno de Boric é problema. Esquerda tenta superar letargia e resgatar “ventos rebeldes”

Escrito por Joana Salém Vasconcelos

A transformação política que o Chile tem vivido desde 2019 está hoje plasmada pelo texto da nova Constituição, que vai a plebiscito em 4 de setembro. A proposta foi redigida por uma Convenção Constitucional com vários ineditismos, entre eles uma maioria de deputados convencionales independentes (ativistas e intelectuais sem partido) e vindos de fora da política profissional, a paridade de gênero (única experiência do tipo no mundo) e a reserva de assentos para povos indígenas. Trata-se do processo constituinte mais democrático e participativo da história do país, que nunca havia experimentado nada parecido antes. Todas as constituições chilenas anteriores (do século XIX às de 1925 e de 1980) foram redigidas por pequenos comitês fechados ou cúpulas autoritárias centralizadas, compostas por poucos homens brancos (winkas, diriam os indígenas).

O “plebiscito de saída” do atual processo constituinte pode aprovar ou rechaçar o texto, que é herdeiro do novo-constitucionalismo latino-americano, incorporando a plurinacionalidade, os direitos da natureza, a economia solidária, as agendas feminista e ecológica, bem como os direitos sociais e do trabalho, em uma perspectiva social-democrata. Este plebiscito é, portanto, o clímax de um tortuoso caminho de reinvenção do país para superar sua crise multidimensional (econômica, política, social, cultural, simbólica, identitária e até territorial), consequência de um modelo de sociedade neoliberal, gerida por um Estado subsidiário, arquitetado pela ditadura de Pinochet e perpetuado pelo pacto de transição.

Atualmente, porém, para surpresa dos analistas, pesquisas indicam vitória do rechaço (entre 45% a 58% das intenções, a depender da pesquisa) contra a aprovação do novo texto (que varia de 32% a 42%). Surpresa porque esse resultado contraria o fluxo histórico dos últimos três anos (ou talvez dos últimos quinze), marcados por crescentes mobilizações multitudinárias por direitos sociais, que culminaram com o esgotamento e colapso tardio da Constituição pinochetista de 1980 e seu legado ditatorial.

Especialistas e políticos pelo Apruebo questionam as pesquisas que dão vitória ao Rechazo por falhas metodológicas e erros persistentes de resultado das pesquisas anteriores, como por exemplo as que indicavam a vitória de José Antônio Kast no pleito que elegeu Gabriel Boric presidente do Chile em dezembro de 2021. Alguns dizem que as pesquisas não correspondem ao clima das campanhas de rua e das conversas de porta em porta, muito mais favoráveis ao novo texto. Apontam que a metodologia por telefone em horário comercial exclui os mais pobres (que não têm telefone ou exercem tarefas laborais que os impedem de atender durante o trabalho), gerando um enviesamento amplificador do peso das classes médias no resultado. Tal enviesamento é ainda mais relevante em uma votação obrigatória, a primeira depois de uma década de pleitos facultativos, em que os setores ausentes nas pesquisas serão ainda mais massivos na urna.

O resultado do plebiscito, portanto, é muito mais incerto do que parece. A vitória do rechaço representaria a contramão de tudo o que o povo chileno demonstrou nos últimos três anos, nas ruas (as múltiplas revoltas do estallido social) e nas urnas (plebiscito de entrada em 2020, eleições constituintes e eleições presidenciais em 2021). Representaria uma guinada brusca em relação ao caminho escolhido soberanamente pelas maiorias do país e reiterado em muitos momentos históricos recentes. Não é impossível, mas sim contraditório com os sinais da vontade popular dos últimos anos.

Por outro lado, é fato que o rechaço ampliou sua popularidade e as forças da transformação perderam espaço na fotografia atual da batalha por hegemonia. E por que isso ocorreu?

Desde a posse de Boric, está em curso uma forte e sistemática campanha de deslegitimação da nova Constituição, organizada por setores poderosos das classes dominantes e seus conglomerados de imprensa. Com a derrota de Kast, deslegitimar a Convenção foi a principal, senão a única, estratégia política da direita contra o itinerário aberto pela revolta social de 2019. Impossibilitados de disputar a Convenção por dentro, as direitas, que não obtiveram o terço necessário de convencionales para obstruir as agendas das esquerdas na nova carta, só puderam correr por fora e destruir o processo pela deslegitimação. Não só parte da grande imprensa, historicamente atrelada às famílias mais ricas do Chile, está engajada nessa campanha, como também os dispositivos de redes sociais de Kast e seus apoiadores, os dois partidos de direita tradicionais (RN e UDI) e os novos (Evopoli e Republicano), grandes empresas e think thanks direitistas.

Mas isso não seria suficiente para inverter os ventos mudancistas, não fosse a crise de legitimidade do governo de Boric perante sua própria base social, que o elegeu para ver mudanças muito mais rápidas, profundas e assertivas. Contra essas expectativas, Boric mostrou ser um líder de centro, e não da “nova esquerda” que orientou sua militância quando estudante e seu primeiro mandato como deputado. A fragilidade do governo Boric se deve à reprodução das políticas da direita e da Concertación referentes a temas caros e inegociáveis para os movimentos populares. Entre os exemplos mais agudos estão a política de Estado de emergência e militarização do Sul do Chile em repressão aos povos indígenas (continuadas do governo Piñera, sem interrupção); a demora em apresentar uma reforma tributária que financie seu programa de direitos sociais, tornando-o a cada dia mais desacreditado; a ausência de uma reforma da previdência desprivatizante e a posição contrária ao “quinto retiro” das contas de pensão, favorecendo as AFP e contradizendo-se aos discursos que os mesmos Boric, Vallejo e Jackson faziam no Congresso em favor dos retiros anteriores há menos de dois anos; a pífia e ornamental reforma da instituição policial (carabineros) que frustrou amplas expectativas de progresso na pauta de direitos humanos; para não falar da política econômica de estabilização neoliberal que não se diferencia em nada dos governos dos últimos 30 anos.

Sendo assim, o rechaço navega nas águas da crise de Boric, crise gerada por sua própria guinada ao centro neoliberal, com piscadelas à esquerda cada vez menos críveis.

O texto da nova Constituição, esse sim, tem elementos inovadores de um “novo progressismo” latino-americano, que para o Chile representa um renascer das cinzas da Constituição pinochetista. Se por um lado não devemos desprezar o aspecto revolucionário do giro histórico chileno, de vanguarda do neoliberalismo à vanguarda da transformação social latino-americana, tampouco nos devemos deslumbrar com o texto, que só poderá ser aplicado em sua integralidade com muitas lutas árduas, que derrubem fortalezas econômicas, de classe, território e poder capitalista/patriarcal.

São três principais linhas de ataque das direitas à nova Constituição, num turbilhão de fake news, pânico moral e desinformação, cozinhados no caldo ideológico conservador com nuances ora extremistas, ora tecnocráticas.

Primeiro: a mentira de que a plurinacionalidade significaria a quebra da pátria, a divisão do país em diferentes países, o fim da chilenidade. O episódio desastrado da ministra Izkia Siches na Araucanía, na primeira semana de governo Boric, serviu perfeitamente a esse propósito. Afinal, diz a direita, como uma chefe de Estado é proibida de circular em território nacional? Para a campanha de desinformação e fake news, a plurinacionalidade impediria que chilenos circulassem no território nacional, agora controlado por outros povos, ameaçando o patriotismo chileno.

Segundo: o pânico moral em torno dos direitos sexuais e reprodutivos estabelecidos na nova Constituição, bem como os direitos à diversidade sexual, medidas transversais que, no novo texto, perpassam o Estado em sua estrutura, do sistema judicial e educacional às polícias e FFAA. Como aqui, lá a direita ganha espaço com as distorções engendradas pela histeria contra a chamada “ideologia de gênero”. O conservadorismo popular e os tabus religiosos em matéria de direitos reprodutivos, inclusive o direito ao aborto definido na nova carta, alimenta a agenda direitista do rechaço.

E terceiro: a direita afirma, como num velho disco riscado, que a nova Constituição gerará caos e anarquia, enfraquecendo o Estado nacional, porque propõe a descentralização dos poderes, o fortalecimento das regiões, províncias e comunas com orçamento e autonomias, sem falar do fomento à participação comunitária na formulação e deliberação das políticas públicas. A bandeira da descentralização que marcou a agenda dos convencionales é convertida, pela direita, em desintegração da unidade nacional, fragilização do Estado e consequente insegurança. Sem contar que este pacote viria junto com a desmilitarização das polícias.

Afinal, o que ocorrerá no dia seguinte ao 4 de setembro? Ganhando o Apruebo, haverá uma enorme catarse democrática contra o legado de Pinochet, um clímax transformador que representa um verdadeiro ajuste de contas com o golpe de 1973. Ao mesmo tempo, a aplicação da nova Constituição será lenta e demanda muitas leis e regulamentações, que serão disputadas palmo a palmo. A aplicação integral e profunda do texto requer mobilização popular constante e implica em perda de muitos privilégios e poderes das classes dominantes.

O oficialismo, porém, já pactuou o “aprovar para reformar”, e aspectos mais transformadores do texto dificilmente serão declinados a uma política de mudança profunda. Os pactos entre a coligação de Boric e os partidos da Concertación é cada vez mais orgânico e mostra que as verdadeiras novas esquerdas, mais uma vez, disputarão por fora, nas ruas, a contrapelo do governo que ela mesma elegeu.

E se ganha o Rechazo? Será um trauma profundo para o país, que se mobilizou intensa e consistentemente nos últimos anos para construir esse texto. Nesse caso, a situação é muito mais incerta. O presidente Boric defendeu publicamente que, em caso de vitória do rechaço, uma nova eleição para deputados constituintes e uma nova convenção devem ser convocadas. Parte da direita, porém, defende um novo plebiscito para definir se haverá ou não nova carta e recuperar a chance de reformar a de 1980 pelo Congresso, onde ainda tem enorme poder. Seria traumático como cair da escada de costas. Qual o destino do texto da nova Constituição, qual o mecanismo de mudança constitucional e o que ocorrerá com a atual carta da ditadura, tudo isso ficaria em aberto e em estado de incerteza, com o gosto amargo de retrocesso histórico.

São essas, basicamente, as peças no tabuleiro até 4 de setembro.

 

[Fonte: http://www.outraspalavras.net]

Sindicato denuncia caos com processos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas, calculando uma média diária de três mil processos. SINTAP pediu reunião urgente ao secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.

As conservatórias estão a receber, em média, por dia, três mil processos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas, uma situação que o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) considera caótica.

Em comunicado enviado à Lusa, a estrutura sindical refere que “a situação nestes serviços está verdadeiramente descontrolada”, face à entrada em vigor no dia 1 de setembro das alterações ao regime de concessão da cidadania aos descendentes de judeus sefarditas, que vieram aumentar a exigência dos requisitos necessários e que se enquadram no novo Regulamento da Nacionalidade Portuguesa.

“Com o aproximar da data da alteração da lei, tem-se verificado a chegada de uma verdadeira avalanche de processos para dar entrada na Conservatória dos Registos Centrais e do Arquivo Central do Porto, maioritariamente via correio, calculando-se uma média diária de três mil processos, facto que está a provocar um verdadeiro caos nos serviços”, indica a nota.

Segundo o SINTAP, “os parcos recursos humanos pararam todo o serviço pendente apenas para poderem dar carimbo de entrada dos processos que chegam”.

A denúncia de uma “situação insustentável” nos serviços levou já o sindicato a pedir uma reunião urgente ao secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares, para que se tente encontrar uma solução.

O sindicato assinala ainda a subdelegação de competências nestes processos de naturalização pela presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), Filomena Rosa, em algumas dezenas de conservadores de registos, ao lembrar que “o poder de decisão competia exclusivamente à Secretaria de Estado da Justiça”.

“Esta subdelegação de competências em matéria de decisão nestes processos (…) passa a recair sobre os dois grandes polos de nacionalidade do país, Conservatória dos Registos Centrais e Arquivo Central do Porto, e ainda sobre 24 conservadores de outras tantas conservatórias, escolhidas de norte a sul do país, que, até aqui, apenas classificavam processos desta natureza, que lhe eram remetidos, por via electrónica, pela Conservatória dos Registos Centrais e a quem era exigido o parecer, mas nunca a decisão final”, sustenta.

Alguns dos conservadores a quem foram subdelegadas competências nesta matéria manifestaram-se “revoltados e apreensivos com esta medida”, segundo o SINTAP, que reforça ainda que estes trabalhadores expressaram a sua “incapacidade para decidir sobre processos que lhes são remetidos por via electrónica” na sequência de digitalizações externas por entidades sem competência para qualificar os documentos antes de os digitalizar.

Alguns processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas estão em investigação devido a alegadas irregularidades. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou em 19 de janeiro a abertura de um inquérito sobre a naturalização do empresário russo Roman Abramovich ao abrigo deste regime.

A investigação no âmbito do processo de Roman Abramovich implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências, corrupção activa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa.

Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus sefarditas (que foram expulsos de Portugal por decreto régio há mais de 500 anos) num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do IRN.

[Fonte: http://www.theworldnews.net]

O grupo de 42 indígenas da etnia yanomami colou grau no último final de semana, em São Gabriel da Cachoeira, município é composto por 23 etnias, que comportam 97% dos indígenas do Brasil.

Formatura foi realizada em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil. — Foto: Divulgação/Ufam

A formatura foi realizada em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil.

O município de São Gabriel da Cachoeira (AM), considerado o mais indigenista do Brasil, passou a contar com 42 professores de língua indígena formados pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O grupo é da etnia yanomami e colou grau no sábado (20). O município é composto por 23 etnias, que comportam 97% dos indígenas do Brasil.

A cerimônia foi realizada no próprio território yanomami, aos pés do Pico da Neblina, o ponto mais elevado do Brasil. Segundo a Ufam, além deles, os baniwa, os tukano e os de língua yêgatu também concluíram o curso nos meses de julho e agosto e tiveram suas cerimônias de outorga de grau igualmente em terra indígena.

Para chegar até o local foi preciso enfrentar horas de voo e uma travessia de barco regada por uma chuva torrencial. Nessa época do ano, de agosto até setembro, é inverno na região do Alto Rio Negro, portanto, é quando mais chove. O acesso às comunidades é facilitado e o rio está mais volumoso, mas isso não torna a viagem mais segura, já que os riscos são iminentes.

Além dos Yanomamis, outras etnias também tiveram colações de grau. — Foto: Divulgação/Ufam

Além dos yanomamis, outras etnias também tiveram colações de grau.

Concluída a travessia, a comitiva da Ufam chegou ao local já no início da noite. Além de representantes da universidade, a cerimônia contou com membros das Forças Armadas e representantes da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), parceira da universidade na execução do projeto, além de outras associações indígenas.

Os até então formandos homenagearam com o nome da turma o cacique Joaquim Figueiredo e os tuxauas Daniél Góes e Osvaldo Lins, já falecidos.

Familiares participaram da cerimônia. — Foto: Divulgação/Ufam

Familiares participaram da cerimônia.

Em sua fala, o reitor da Ufam, Sylvio Puga, mencionou a Constituição Federal de 1988 pelo qual o Estado brasileiro passou a incorporar a concepção de diversidade étnico-cultural, implicando dizer que os povos tradicionais estão, nos termos da lei, com os direitos resguardados.

« Na prática, o desafio de implementar políticas voltadas a esses povos é do tamanho da nossa região. É difícil promover conhecimento de forma que as etnias não se desassociem da cultura, de seu valor de pertencimento étnico, de sua língua materna, ao passo que se insira nos processos de aprendizagem », observou.

« Além da educação diferenciada, entendemos que o pleito de vocês vai muito além: saúde, agricultura ambientalmente responsável e espaço de fala onde a instrução científico-tecnológica pode ajudá-los dentro do que nos compete, e nós iremos ajudar a traçar essa caminhada », disse Pulga.

Lideranças indígenas também participaram da cerimônia — Foto: Divulgação/Ufam

Lideranças indígenas também participaram da cerimônia.

A professora Iraildes Caldas Torres, estudiosa, pesquisadora de gênero há mais de duas décadas, das mulheres sateré-mawés e tikunas, de Maués, estava alegre ao ver que dos 42 diplomas emitidos 13 seriam conferidos a mulheres yanomamis.

« Estou academicamente feliz por vê-las emancipando-se, o que também é resultado do que observemos através do intervalo de tempo a contar de 1952. Mais recentemente, há 30 anos as terras yanomamis foram demarcadas e vocês têm buscado equilibrar empoderamento diante do mundo e cultura. Hoje, vocês têm um novo capítulo, uma nova conquista, que é importantíssima: a educação. É a educação o grande movimento do desenvolvimento humano », considerou.

Para o representante da Foirn, Dário Cassimiro Baniwa, quem ganha com o acontecimento é o povo indígena.

Indígenas são da etnia yanomami. — Foto: Divulgação/Ufam

Indígenas da etnia yanomami

« Três momentos marcantes na história passam por vocês: o primeiro na década de 1970, com a construção da Perimetral Norte; nos anos 1980 e início dos de 1990, o conflito contra centenas de garimpeiros em balsas que invadiram o território; e mais recentemente, a demarcação das suas terras. Desde os anos de 1970, os yanomamis sofrem com intervenções e ameaças, quer seja pelo avanço dos não índios próximo às suas aldeias, mineração, extração ilegal, bem como por doenças e reversão de direitos. É preciso ficar atento sempre. Mas, nem tudo é lamento. Esta é a oportunidade de festejar, e também lembrarmos daqueles que muito contribuíram », salientou.

[Fotos: Ufam – fonte: g1.globo.com]

L’ONG critica la no-aplicació del marc legal vigent en defensa del català per part dels governs

Entitats en defensa del català, euskera i gallec protesten davant del Congrés per la llei audiovisual.

La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha criticat la deixadesa del Govern pel que fa a la defensa del català i ha afirmat que « la classe política no s’ha cregut » que la llengua estigui « en minorització ». « És evident que l’Estat espanyol ha iniciat des de fa temps una croada molt forta contra totes les llengües diferents al castellà, però tot i així, el Govern té marge de poder fer més coses dins del marc legal actual », ha assegurat en declaracions a ‘Rac1’. « Moltes lleis previstes per defensar el català no s’han aplicat », ha afegit Plana.

La vicepresidenta de l’ONG ha indicat que el Codi de consum, que preveu un règim de sancions pels comerços que no etiquetin com a mínim en català, o la Llei del Cinema de Catalunya, que estableix que un mínim del 25% de pel·lícules projectades al Principat han d’estar subtitulades o doblades al català, són dos grans exemples de la no-aplicació de la legislació per part dels successius executius. « En aquests moments, el percentatge de pel·lícules doblades o subtitulades al català és d’un 3% », ha apuntat Plana. « Fins al 25% hi ha encara molt camí per córrer ».

Mireia Plana també ha lamentat que es perdés l’oportunitat amb la Llei de l’audiovisual per garantir que el català i les « llengües diferents del castellà » estiguessin presents a les plataformes. « Necessitem que la llengua estigui en el món audiovisual perquè els més joves puguin triar referents en català », ha afirmat.

Entre altres dels factors que han propiciat « l’emergència lingüística » del català hi ha l’arribada de gent d’altres països que, en arribar a Catalunya, « ni tan sols coneixien que hi havia una altra llengua », la mala aplicació de la immersió i l’abandonament per part de la ciutadania de l’ús del català en tots els àmbits, segons la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua.

 

[Imatge: Andrea Zamorano – font: http://www.racocatala.cat]

Escrito por Jorge Majfud

Por una ley de 1994 (Holocaust Education Bill), en las escuelas públicas de Florida hay una materia llamada “Holocausto”, por la cual se estudian las atrocidades racistas ocurridas en Europa contra el pueblo judío. En 2020, el gobernador Ron DeSantis promulgó otra ley que exige que todas las escuelas primarias y secundarias certifiquen que están enseñando a las nuevas generaciones sobre el Holocausto. Por entonces, los senadores de la comunidad afro lograron que también se incluya en los programas la mención a la Masacre de Ocoee, donde 30 personas negras fueron asesinadas en 1920, lo que, para entender el racismo endémico y las injusticias sociales, viene a ser como explicar el cuerpo humano por su sombra.

Por ley, también, desde el año 2022, en esas mismas escuelas secundarias de Florida, está prohibido discutir la historia racista de Estados Unidos. La razón radica, según el gobernador Ron DeSantis, en que “no se debe instruir a nadie para que se sienta como si no fuera igual o avergonzado por su raza. En Florida, no permitiremos que la agenda de la extrema izquierda se apodere de nuestras escuelas y lugares de trabajo. No hay lugar para el adoctrinamiento o la discriminación en Florida”.

Si de eso no se habla, eso no existe. De este lado del Atlántico, el racismo no existe y nunca existió.

Los mismos esclavistas que definían como “propiedad privada” a millones de esclavos (la base de la prosperidad del país) en base a su color de piel, llamaron a ese sistema “bendición de la esclavitud”, la que querían “expandir por todo el mundo” para “luchar por la libertad”, al tiempo que a su sistema de gobierno llamaban “democracia” (Brown, 1858).

Los mismos que robaron y exterminaron a pueblos nativos mucho más democráticos y civilizados que la nueva nación de la fiebre del oro antes de la fiebre del oro, lo llamaron “defensa propia” ante “ataques no provocados” de los salvajes (Jackson, 1833; Wayne, 1972).

Los mismos que inventaron la independencia de Texas para reinstaurar la esclavitud y luego la guerra contra México para apropiarse de la mitad de su territorio, los mismos que mataron y violaron a mujeres frente a hijos y esposos, lo hicieron por el designio divino del “destino manifiesto” de Dios (Scott , 1846).

Los mismos que practicaban el deporte de matar negros en Filipinas lo hicieron para cumplir con “la pesada carga del hombre blanco” de civilizar el mundo (Kipling, 1899).

Los mismos que invadieron, corrompieron y plagaron América latina de repúblicas bananeras, destruyeron democracias y plantaron decenas y decenas de dictaduras sangrientas, lo hicieron para luchar por la libertad y la democracia (Beveridge, 1900; Washington Post, 1920; CIA, XXX).

Los mismos que regaron Asia con bombas atómicas, millones de bombas más benéficas sin un año de tregua, agentes químicos sobre millones de seres humanos y dejaron millares de muertos por donde pasaron, llamaron a ese ejercicio extremo de racismo “heroica victoria”, aun cuando fueron humillantes derrotas (Johnson, 1964; Bush, 2003).

Pero de eso no se puede hablar porque puede ofender a alguien de piel blanca que se sienta identificado con todos esos campeones de la libertad, la democracia y la justicia divina.

Como decía una canción popular para reclutar voluntarios para la guerra inventada contra México:

La justicia es el lema de nuestro país

el que siempre tiene razón (Pratt, 1847).

No por casualidad, cada vez que esos grupos de fanáticos sintieron que sus privilegios estaban amenazados por la nunca aceptada igualdad, inventaron teorías de autovictimización, como la teoría del “exterminio blanco”, articulada en el siglo XIX para justificar el colonialismo y la opresión de pueblos no caucásicos (Pearson, 1893) y ahora ha renacido como una novedad como la “Teoría del reemplazo” que criminaliza a los inmigrantes de países no europeos como “peligrosos invasores” (Camus, 2010).

No por casualidad, Adolf Hitler se inspiró en el por entonces institucionalizado racismo de la extrema derecha estadounidense que adoctrinó a millones de personas a sentirse superior por su color de piel y a otros millones a aceptar su inferioridad por la misma razón (Grant, 1916).

No por casualidad, Hitler condecoró a los grandes hombres de negocios de Estados Unidos y prohibió que en la educación pública se enseñen “cosas de izquierdistas”. Antes de perseguir y matar judíos, en 1933 cerró la célebre escuela Bauhaus por estar lleno de “antialemanes” y ser un “refugio de izquierdistas” que querían cuestionar y cambiar la historia.

En Florida y en todo el país, los sistemas de educación deberían empezar por una materia llamada “Hipocresía patriótica” para desarrollar en algo la capacidad intelectual de enfrentar la realidad histórica sin edulcorantes y sin las fantasías de Hollywood, de Disney World y del Ku Klux Klan.

No somos responsable de los crímenes de nuestros antepasados, pero somos responsables de adoptarlos como propios al negarlos o justificarlos. Somos responsables de los crímenes y de las injusticias que se cometen hoy gracias al negacionismo de la realidad que, no sin fanatismo, llamamos patriotismo. Un negacionismo criminal y racista, ya que, otra vez, niega justicia y el básico derecho a la verdad de las víctimas para no incomodar la sensibilidad de los demás, el grupo dominante desde hace más de dos siglos, el que insiste en la estrategia de la autocomplacencia y la autovictimización como forma de calmar sus frustraciones y su odio fundacional. Peor aún cuando ese derecho a la verdad se ha cercenado por leyes y una cultura llena de tabúes, todo en nombre de una democracia que les estorba y usan, como a los demagogos de la antigua Atenas la usaron para demonizar y luego ejecutar a Sócrates por andar cuestionando demasiado. Todo de forma legal, está de más decir, hasta que las leyes son escritas  por otros.

¿Qué mayor adoctrinación que el negacionismo o la prohibición de revisar la historia? ¿Qué más adoctrinación que imponer el silencio cómplice o una “historia patriótica” en las escuelas, recargada de mitos creados post factum y sin sustento documental?

 

[Fuente: http://www.majfud.org]

La Regió de Sardenya obre una convocatòria de títols d’alguerès per fer de professor

El català de l’Alguer ha assolit una fita històrica després que el Municipi de l’Alguer i la Regió de Sardenya hagin signat un conveni que certifica el coneixement de l’alguerès d’acord amb els estàndards del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el sistema per avaluar les competències lingüístiques del Consell d’Europa.

La certificació, provisional, és fruit de l’aplicació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei autonòmica 22/2018 que autoritzava l’estipulació d’un conveni del Municipi de l’Alguer amb la Generalitat de Catalunya i amb la Universitat de Sàsser.

Al maig de 2021, el municipi de l’Alguer va adoptar de forma oficial la norma ortogràfica redactada el 2002 per Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), un pas fonamental per situar el català de l’Alguer al mateix nivell de reconeixement que les altres llengües europees acreditades pel MECR.

Pel síndic de l’Alguer, Mario Conoci, es tracta d’ »una primera victòria molt important per a tots que ve arran d’una acurada activitat en el sector de les polítiques lingüístiques que l’Administració ha posat en marxa també gràcies a la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Sàsser que ens acompanyen en aquesta primera i concreta fase de salvaguarda del nostre patrimoni lingüístic ».

La convocatòria per obtenir el títol de català permetrà inscriure’s a la llista de professors, per al concurs públic d’operadors de l’oficina lingüística autonòmica i per poder impartir docència com a professorat extern titulat ja s’ha publicat. Les sol·licituds es podran presentar fins al 25 d’agost i les proves es preveu que es facin el 15 i 16 de setembre a les aules de la facultat d’Arquitectura de l’Alguer.

 

[Font: http://www.racocatala.cat]

La Asociación Civil Diálogo y Movimiento (DIMO) creó el Diplomado de Formación de Intérpretes en Lenguas Indígenas para mejorar las herramientas de la profesión y la calidad del acceso a la justicia. La capacitación y profesionalización de traductores resulta fundamental para poder evitar problemáticas cotidianas que atraviesan las personas indígenas, sobre todo, en conflicto con la ley penal: desde no entender las acusaciones y no comunicarse correctamente ante los jueces, hasta no obtener una debida defensa.

Profesores y alumnos del diplomado. Foto: Miriam Esperanza Hernández Vázquez

La ausencia de una política pública dirigida a la formación de docentes para capacitar intérpretes en lenguas indígenas ha hecho que la Asociación Civil Diálogo y Movimiento (DIMO) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) creara el Diplomado de Formación de Intérpretes en Lenguas Indígenas para el sistema penal en el estado de Campeche. Los resultados de la iniciativa están a la vista: se acreditaron 22 intérpretes en seis lenguas indígenas, maya peninsular, maya chol, maya tostsil, mam, ixil y ke´kchi. Todas lenguas que se hablan en el estado de Campeche.

Con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el INALI cambió su mirada y pasó a considerar que no es la instancia adecuada para formar intérpretes ni formadores, ya que no cuenta con los recursos necesarios. La institución ahora señala que esas son competencias de las asociaciones y las instituciones académicas. Como respuesta, Diálogo y Movimiento impulsó la colaboración con otras instituciones para incidir en políticas públicas que transformen los quehaceres de las universidades y de las organizaciones sociales. El objetivo es promover los espacios de formación para personas indígenas, sobre todo, de aquellas que llevan a cabo una labor de suma importancia como es la interpretación intercultural en espacios oficiales y el sistema de justicia mexicano, garantizando el derecho a un debido proceso.

En la evaluación final, los diplomantes deben realizar un examen y presentar una clase bilingüe en la que exponen uno de los temas vistos durante la cursada. Foto: Antonio Col

Formación de formadores en lenguas indígenas

En el contexto planteado, este diplomado tiene como horizonte promover una verdadera interculturalidad y multiplicar la profesionalización y capacitación a través de la formación de formadores de intérpretes en lenguas indígenas. Este reto implica generar formas, mecanismos y profesionalización alternativas, y mejorar la calidad de la interpretación en lenguas indígenas. El objetivo es apuntalar la presencia de este sector tan importante en México, ya que es una de las garantías en el acceso a la justicia jurisdiccional y un paso hacia la justicia social.

De esta manera, del 17 de marzo al 18 de junio de 2022 se llevó a cabo este diplomado auspiciado por la Fundación Kellogg y con el reconocimiento académico del Centro Universitario Comunal de Valles Centrales de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO). Junto a DIMO construyeron una sinergia para reflexionar sobre nuevas alternativas para la docencia y sobre cómo subsanar la desigualdad y la exclusión de la diversidad cultural. El eje rector de la cooperación es la búsqueda de la equidad, la calidad y el profesionalismo de los intérpretes.

El eje rector de la cooperación es la búsqueda de la equidad, la calidad y el profesionalismo de los intérpretes.

El diplomado incluyó la participación permanente de cuatro docentes formados en lenguas indígenas: dos docentes de tzeltal, uno de maya peninsular y uno de chol. Estos docentes son lingüistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CEDECHY). También se contó con profesoras y profesores invitados del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Con todos ellos, se desarrollaron competencias y habilidades para revisar y adecuar planes y programas de estudio que contemplaran la diferencia cultural, los contenidos culturalmente pertinentes y la más alta calidad en la enseñanza. El trabajo pedagógico quedó bajo la coordinación académica de la Dra. Elisa Cruz Rueda, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y consultora de la International Work Group for Indigenous Affairs, y la Dra. Artemia Fabre Zarandona, presidenta de DIMO. Como apertura del Módulo de Pluralismo Jurídico, el magistrado en retiro Pablo Monroy Gómez brindó una conferencia magistral.

Los integrantes del Comité Académico, reconocidos por su formación y sus trayectorias, son los responsables de que el diplomado mantenga un nivel elevado. Foto: Elisa Cruz Rueda

Participantes del diplomado

Las personas que tomaron el diplomado son hablantes de lenguas indígenas de la familia mayense: chol, tseltal y maya peninsular. La mayoría ya cuenta con una trayectoria como intérprete en el sistema de justicia (sobre todo, en materia penal), el área de salud y el sistema educativo. En el proceso de selección de los y las diplomantes, se tomó en cuenta que tuvieran un compromiso con sus pueblos y comunidades, y que se hayan dedicado a la enseñanza, la interpretación y la traducción de sus lenguas.

La intención del diplomado es proporcionar más herramientas y conocimientos con validez oficial que les permita a los intérpretes acceder a mejores condiciones de empleo en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esto es relevante ya que muchas dependencias no cuentan con un área de intérpretes permanente (como estipula la normativa internacional de derechos humanos) y prefieren “contratar” los servicios de personas hablantes de las lenguas que no están preparadas en el lenguaje técnico jurídico. En algunos casos, incluso llegan a pagarles menos del salario base estipulado por el mismo Estado.

Las y los diplomantes coincidieron en que es necesario impulsar una Red Peninsular de Intérpretes para posicionarse frente a las instituciones del Poder Judicial y del Ejecutivo.

Estas circunstancias vulneran el debido proceso al que deben someterse las personas indígenas: no pueden comunicarse en sus lenguas, no entienden las acusaciones en su contra, no se dan a entender correctamente ante los jueces y, en consecuencia, no logran obtener una debida defensa. Todas estas dificultades ponen en riesgo el derecho al debido acceso a la justicia y, pone en entredicho la debida diligencia en la investigación de los delitos. De igual forma, este diplomado se implementó para que las personas participantes estén debidamente preparadas para brindar un servicio digno como intérpretes de personas indígenas y, sobre todo, ante las y los jueces.

Bajo una modalidad virtual y con una duración de 224 horas, el diplomado cuenta con el siguiente plan de estudios: interculturalidad e identidad profesional; racismo y pueblos indígenas en México; intérpretes y traductores de lenguas indígenas frente al racismo institucional; perspectiva de género; prácticas de traducción; pluralismo jurídico; sistemas de justicia en México; la interpretación como profesión y mecanismo para el ejercicio de derechos; y profesionalización docente. Para poder cumplir con la cursada virtual, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca proporcionó conectividad y asistencia técnica.

Desayuno antes de la evaluación final. Los momentos fuera de clase son espacios de confraternación y construcción de lazos que trascenderán a la formación. Foto: Ramón Chan

Reflexiones finales

Una vez finalizada la cursada, las y los diplomantes coincidieron en que es necesario impulsar una Red Peninsular de Intérpretes para posicionarse frente a las instituciones del Poder Judicial y del Ejecutivo en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La unidad es indispensable para hacerse escuchar y ser tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas, y para dignificar su trabajo en la administración pública, tanto municipal como estatal. A su vez, la Red Peninsular sería una herramienta para visibilizar la diversidad cultural, luchar por los derechos de las personas indígenas y, sobre todo, defender sus derechos lingüísticos.

El reto de formar intérpretes no es menor ya que el Estado mexicano terceriza sus obligaciones respecto a la justicia social en las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ante la falta de recursos, el gobierno ya no promueve los concursos para proyectos, al mismo tiempo que cuestiona cada vez más a las organizaciones que trabajan con esta temática.

En ocasiones, el gobierno mexicano ha impulsado políticas de apoyos directos a las organizaciones y personas indígenas. Sin embargo, muchas veces los pueblos indígenas no tienen acceso a las convocatorias o bien no están suficientemente organizados para exigir esos recursos. Este es el caso de las personas intérpretes. Así los hechos, en México se da una triste paradoja: ante más reconocimiento de derechos, más violencia y más violación de derechos.

Elisa Cruz Rueda es abogada y antropóloga. Actualmente se desempeña como profesora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas.

 

 

[Fuente: http://www.debatesindigenas.org]