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Foto de Kristin Hardwick en stocksnap, [1] bajo dominio público

Escrito por Jacobo Nájera

En México se aprueba que datos biométricos, nombre y dirección de usuarios de telefonía móvil sean registrados en una base de datos, una decisión alarmante, según activistas. El gobierno de México ya ha fallado varias veces en la protección de datos personales.

El Senado de la República de México aprobó [2] y luego publicó el 16 de abril, el decreto [3] que modifica la ley mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

El padrón consiste en la creación de una base de datos con información de los titulares de las líneas de telefonía móvil, bajo la custodia de los operadores de telefonía. Esto es lo que establece el decreto:

El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, que deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil (…)

Esto significa que exige a las personas usuarias de telefonía móvil en México el registro de sus tarjetas SIM con sus datos personales y biométricos, como las huellas dactilares o rasgos faciales. Los operadores de telefonía serán los encargados de recabar y administrar estos registros. Se estima que la creación del padrón tendrá un costo de 700 millones de pesos [4], o 35.4 millones de dólares.

La motivación para realizar estos cambios legislativos según en el Senado de México es “la colaboración con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de ilícitos.” Para 2019 se estimaron 22.3 millones de personas víctimas [5] de delitos, según datos nacionales. Alcanzar “la paz y la seguridad [6]” fue uno de los ejes más importantes del presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, cuando fue elegido en 2018.

Durante el proceso legislativo y posterior a su aprobación han surgido críticas. Tal es caso de la organización civil Red en Defensa de los Derechos Digitales que advirtió [7] es las primeras fases del proceso que no existe evidencia de que este tipo de mecanismos contribuyan a la reducción de los delitos y a su vez es fácil de evadir. Mientras, también se atentaría contra derechos fundamentales como la privacidad y puede poner en riego la seguridad de las personas por la posibilidad del acceso no autorizado o filtración de los datos personales. La organización plantea que afectaría la presunción de inocencia ya que “la reforma establece que todos los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica a la persona registrada al padrón”  [8]por lo que las personas tendrían que demostrar que no son responsables en el caso, por ejemplo, de robo o suplantación.

Por su lado un sector de la industria electrónica de telecomunicaciones, que agrupa 1000 empresas [9], pidió a los legisladores rechazar la iniciativa de ley [10]. Entre sus argumentos se encuentra la dificultad para la creación de una base de datos en un ecosistema en donde cada operador tiene tecnologías diferentes y la desincentivación en la inversión que esto puede ocasionar, además del argumento que no reduciría los niveles de criminalidad.

En México, si bien se registra un aumento en la confianza del gobierno federal según cifras oficiales [11], también los mexicanos perciben un incremento del 7.5% de las víctimas de corrupción según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental [12] de 2019. Las organizaciones temen que la lista de datos personales se pierda y que caiga en manos de personas malintencionadas, aumentando así el sentimiento de inseguridad.

En México se cuenta con varios casos documentados en donde instituciones de gobierno han fallado en la protección de datos personales, [13] según el organismo federal encargado de la protección de los datos personales. Uno de los más recientes es el de la Secretaria de la Función Pública, que expuso los datos de 830,000 funcionarios de la administración federal.  [14]

Otro caso se encuentra en el sector salud. En 2018 se registró la filtración y exposición de 2.3 millones de expedientes clínicos del estado de Michoacán [15]. En esta exposición de datos la autoridad federal determinó que la “responsabilidad potencial” fue la empresa de tecnológica Hova Health. También en este mismo sector, en 2020, se reportó que datos personales de pacientes trabajadores del estado estaban disponibles en motores de búsqueda [16] en internet.

En 2009 se intentó un padrón similar, el llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Este mismo estuvo en funcionamiento durante dos meses para luego ser desechado después de que se informara que la base de datos estaba a la venta [17]. En 2013 el padrón electoral estuvo a la venta [18].

Frente a la creación del padrón de telefonía móvil la ciudadanía ha promovido acciones de defensa legal por medio de amparos, pero la mayoría de amparos fueron desechados [19] por los jueces. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó interponer acción de inconstitucionalidad  [20]porque considera que el padrón atenta contra la protección de datos personales y de acceso a la información. También se unió a estas acciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al considerar [21] que no podría destinar recursos para la creación y operación del padrón, debido a que no se aprobó presupuesto, y además podría afectar a la libertad de expresión y el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Por su parte la iniciativa #NoALPadrón [22] que agrupa 10 organizaciones sociales exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo del Estado, que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra del padrón. Sin embargo dicho organismo respondió que no se sumaría y solo dará seguimiento.

Artículo publicado en Global Voices en Españolhttps://es.globalvoices.org

URL del artículo: https://es.globalvoices.org/2021/05/25/piden-rechazo-del-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil-en-mexico/

URLs en este posteo:

[1] stocksnap,: https://stocksnap.io/photo/smartphone-screen-NHNRJKATX2

[2] aprobó: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50696-senado-aprueba-en-lo-general-crear-padron-nacional-de-usuarios-de-telefonia-movil.html

[3] el decreto: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021

[4] 700 millones de pesos: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Entre-en-vigor-el-padron-de-telefonia-movil-que-obliga-a-usuarios-a-entregar-datos-biometricos-20210417-0007.html

[5] 22.3 millones de personas víctimas: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf

[6] la paz y la seguridad: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/los-8-ejes-del-plan-nacional-de-seguridad-y-paz-de-amlo/

[7] advirtió: https://r3d.mx/wp-content/uploads/Ficha-PUTM-Senado.pdf

[8] “la reforma establece que todos los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica a la persona registrada al padrón” : https://twitter.com/R3Dmx/status/1395484505163567105

[9] agrupa 1000 empresas: http://canieti.org/canieti/quienessomos.aspx

[10] rechazar la iniciativa de ley: http://www.canieti.org/comunicacion/noticias/vista/20-12-16/Pide_Canieti_a_Senado_rechazar_registro_de_celulares.aspx

[11] cifras oficiales: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724

[12] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf

[13] han fallado en la protección de datos personales,: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Funcion-Publica-incumplio-con-la-ley-por-fuga-de-datos-personales-Inai-20201124-0082.html

[14] expuso los datos de 830,000 funcionarios de la administración federal. : https://www.animalpolitico.com/2020/07/funcion-publica-datos-personales-empleados-gobierno/

[15] la filtración y exposición de 2.3 millones de expedientes clínicos del estado de Michoacánhttps://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hova-Health-datos-personales-sensibles-a-la-vista-de-quien-sea-20180812-0020.html

[16] pacientes trabajadores del estado estaban disponibles en motores de búsqueda: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-ISSSTE-vive-una-fuga-de-datos-sensibles-que-expone-la-salud-de-sus-usuarios-y…-no-hace-nada-20200818-0097.html

[17] estaba a la venta: https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/685120.html

[18] el padrón electoral estuvo a la venta: https://es.globalvoices.org/2013/11/12/tambien-el-padron-electoral-mexicano-esta-a-la-venta/

[19] desechados: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/aumenta-a-140-el-numero-de-amparos-rechazados-contra-padron-de-telefonia-movil-panaut-6656715.html

[20] determinó interponer acción de inconstitucionalidad : https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-139-21.pdf

[21] considerar: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-pleno-del-ift-aprueba-interponer-controversia-constitucional-en-contra-de-diversas-disposiciones

[22] #NoALPadrón: https://noalpadron.mx/

[23] #CNDH: https://twitter.com/hashtag/CNDH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[24] #AcciónDeInconstitucionalidad: https://twitter.com/hashtag/Acci%C3%B3nDeInconstitucionalidad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[25] #ControversiaConstitucional: https://twitter.com/hashtag/ControversiaConstitucional?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[26] @SCJN: https://twitter.com/SCJN?ref_src=twsrc%5Etfw

[27] @INAImexico: https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Etfw

[28] @IFT_MX: https://twitter.com/IFT_MX?ref_src=twsrc%5Etfw

[29] #LeyFederalDeTelecomunicacionesYRadiodifusión: https://twitter.com/hashtag/LeyFederalDeTelecomunicacionesYRadiodifusi%C3%B3n?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[30] #PadrónNacionalDeUsuariosDeTelefoníaMóvil: https://twitter.com/hashtag/Padr%C3%B3nNacionalDeUsuariosDeTelefon%C3%ADaM%C3%B3vil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[31] #DefendemosAlPueblo: https://twitter.com/hashtag/DefendemosAlPueblo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[32] pic.twitter.com/CpZ7c3h7LH: https://t.co/CpZ7c3h7LH

[33] May 18, 2021: https://twitter.com/CNDH/status/1394685023220031493?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasaporte analógico con sellos de migraciones de Uruguay y Argentina

Escrito por MARÍA PAZ CANALES

Si bien las devastadoras consecuencias económicas y sociales que ha traído para la población el extendido período de pandemia son el aliciente para que los gobiernos busquen en este tipo de instrumentos una herramienta para “premiar” el comportamiento de la ciudadanía responsable que ha cumplido con su deber de inmunización, hay un problema severo en esta estrategia desde la perspectiva de la comunicación del riesgo primero, y luego respecto del ejercicio de derechos fundamentales.

A inicios de mayo, la prensa anunciaba que seis países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, estaban desarrollando una iniciativa para impulsar proyectos que incentiven la transformación digital de la salud en la región y cuya primera iniciativa sería el desarrollo de un certificado de vacunación digital e interoperable para Covid-19. Se trataría de una iniciativa patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alineados con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La digitalización del expediente médico es un proceso en curso en muchos países de la región, entre ellos Chile. En los últimos años ha sido conducido de la mano de evaluaciones de cómo implementarse en una forma que proteja la seguridad y la privacidad de los datos de salud, y que no impacte negativamente el ejercicio de otros derechos fundamentales. La pregunta aún sin respuesta es si el anuncio sobre certificaciones digitales interoperables de vacunación en la región va a satisfacer tales estándares y cómo. Los riesgos de avanzar en certificaciones de vacunación e inmunidad digital o pases de movilidad se extienden a la inadecuada comunicación de riesgo y al impacto en el ejercicio de derechos.

Los certificados de vacunación tienen dos propósitos principales: generar un registro que facilite la continuación de las prestaciones de salud para la persona que ha recibido un tratamiento de inmunización, y entregar información acerca del tipo de inmunización recibida para hacer seguimiento a sus resultados o validez. A nivel mundial existe una larga historia de programas de inmunización que en el último siglo se han desarrollado sin problemas, entregando la información a sus beneficiarios en papel.

Todo evento de prestación de salud requiere del acceso a datos personales y datos sensibles que se configuran a partir de la prestación de salud recibida. Tales datos normalmente residen en la ficha médica, a la cual solo la paciente y sus prestadores de salud tienen acceso, y no son consignados en forma detallada en las certificaciones recibidas, que solo contemplan la información mínima para identificar a la paciente y su evento de inmunización. La digitalización de los certificados de vacunación va acompañada de un aumento de la cantidad de datos recogidos e incrementa la posibilidad de generar eventos de acceso no autorizado a esa información para propósitos que pueden ser completamente distintos a los originales, es decir, información de continuación de prestaciones de salud y prueba de inmunización. Creado el antecedente digital, y al forzar a la población a circular con esta información en sus dispositivos digitales, el riesgo de pérdida de control, derivado de usos no relacionados al tratamiento de salud, se extiende exponencialmente.

Los pases de movilidad proponen un caso de uso tanto más problemático, ya que intentan asociar a un episodio (o varios) de inmunización a un diferencial en cuanto a las posibilidad de ejercer la libertad de movimiento sin restricciones, en comparación de aquella limitada para las personas no inmunizadas. Los pases de movilidad se basan en una inferencia de riesgo menor de infección y contagio basado en el episodio de inmunización. Para que esa inferencia sea sólida, debe sostenerse en evidencia científica de cuál es el nivel de disminución de riesgo de contagio y de propagación del virus que la inmunización genera. En Chile, la Universidad de Chile ha indicado que ese riesgo se sitúa en el 56,5% como promedio para las vacunas en actual utilización en Chile. Mientras, el Ministerio de Salud declara que la vacuna SINOVAC (con la que mayoritariamente ha sido inmunizada la población nacional) tiene 67% de efectividad para prevenir Covid-19 sintomático. Es decir, incluso en la cifra más optimista, 3 de cada 10 personas vacunadas aún se encuentran en riesgo de contraer y transmitir COVID-19.

Avanzando en la trilogía, los pasaportes de inmunidad buscan generar un grado de certeza que permita la circulación de la población y la reactivación de las actividades económicas y sociales, incluso en el tránsito internacional. Su emisión depende de la existencia de métodos de medición de los grados de inmunidad desarrollada por la población frente a una enfermedad infectocontagiosa. Su objetivo es precisamente discriminar entre aquellos que cuentan con inmunidad y quienes carecen de ella, asignando consecuencias de movilidad y oportunidades de empleo a esa clasificación. Así, buscan imponer una restricción artificial sobre quién puede participar en actividades sociales y económicas, y quién no. Es por ello que las expertas llaman la atención acerca del riesgo de que los pasaportes de inmunidad creen un incentivo perverso para que las personas busquen infectarse, especialmente las más vulnerables, que no pueden permitirse un período de exclusión de la fuerza laboral, agravando las desigualdades sociales preexistentes. La OMS expresó en 2020 su preocupación por el desarrollo de pasaportes de inmunidad, advirtiendo la información insuficiente acerca del desarrollo de anticuerpos para el SARS-CoV-2, con los riesgos de errónea clasificación de los niveles de inmunidad de la población que ello podría implicar. En la actualización provista en mayo de 2021, la OMS vuelve a repetir que la evidencia sobre la respuesta inmune y su duración respecto de la infección de Covid-19 o su inmunización no se encuentra suficientemente comprendida a la fecha, con lo cual la correlación de su efecto de protección no puede ser aún establecida.

Para evitar las críticas internacionales a que han sido sujetos los pasaportes de inmunización, como el renombrado pase verde de la Unión Europea, en Chile las autoridades han optado por la nomenclatura de “pase de movilidad” que como vimos más arriba se encuentra sujeto a las mismas incertidumbres en la comunicación de riesgo que los pasaportes de inmunidad: ambos hacen inferencia hasta ahora no asentadas en evidencia científica de nivel de riesgo de contraer y contagiar el SARS-CoV-2.

Problema con la comunicación de riesgo

Tal como lo ha destacado el European Data Protection Board (EDPB) al emitir su opinión sobre la propuesta de certificado verde para la Unión Europea, “parece haber poca evidencia científica que respalde el hecho de que haber recibido una vacuna COVID-19 (o haberse recuperado de COVID-19) otorga inmunidad y por cuánto tiempo dura. Por lo tanto, el Certificado Verde Digital debe entenderse simplemente como una prueba verificable de una solicitud o historial médico fáctico con sello de tiempo que facilitará la libre circulación de los ciudadanos de la UE debido a su formato común en todos los Estados miembros. Sin embargo, advertimos derivar conclusiones sobre inmunidad o contagio, ya que una opinión científica consolidada aún está pendiente”.

Por su parte, el Ada Lovelace Institut ha advertido que los pasaportes digitales no deben implementarse mientras se desconoce tanto sobre COVID-19, particularmente el efecto de diferentes vacunas (y regímenes de vacunación) sobre la transmisión, la duración de la protección y la generalización de esos efectos. En otras palabras, el pasaporte de vacunación se basa en la premisa de que el estado de “vacunada” dice algo sobre el riesgo que una persona representa para otros, no simplemente el riesgo que cada persona enfrenta de contagiarse. “En la actualidad, el estado de vacunación no ofrece evidencia clara o concluyente sobre el riesgo de un individuo para otros a través de la transmisión. El estado de vacunación nunca puede ofrecer evidencia absolutamente concluyente del riesgo de un individuo para otros (o su propio riesgo), ya que ninguna vacuna será 100% efectiva para el 100% de los receptores”.

La consecuencia más grave sobre este error en la comunicación de riesgo, el incremento en la circulación del virus y el aumento en el nivel de contagios consecuente, fue denunciada en Chile por el Colegio Médico y un número relevante de Asociaciones Médicas al realizarse el anuncio de despliegue del pase de movilidad por el gobierno de Chile. Dos semanas luego de su implementación, la evidencia del aumento de casos a nivel nacional, con alrededor de 50 mil casos activos, parece respaldar que un relajamiento de la movilidad no se justifica ni siquiera con un programa de vacunación exitoso.

No se trata de poner en cuestión la utilidad de las vacunas que indudablemente reducen el riesgo de contraer la enfermedad o de presentar sus síntomas más severos. El cuestionamiento a los pases de movilidad o certificaciones de inmunidad no tiene nada que ver con la defensa al “derecho a no vacunarse” que algunos individuos han intentado enarbolar, de lo que se trata es de entregar información adecuada a la población que evite el relajamiento de las medidas sanitarias de distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene de manos que siguen siendo esenciales para contener la pandemia.

Tristemente, aquí nos encontramos no solo frente a un problema de oportunidad que ha sido el ángulo enfatizado desde la comunidad científica, sino que, junto a la falta de certeza científica acerca de la predicción de riesgo que acompaña a la inmunización, se sitúa un problema social relacionado con cómo los pases de movilidad, los certificados de vacunación digital o los certificados de inmunidad pueden terminar transformándose en instrumentos de discriminación en el ejercicio de derechos, cuyos impactos negativos se extiendan a los ya dolorosos efectos económicos y sociales que afectan a sectores más vulnerables.

Discriminación en el ejercicio de derechos

No es casualidad que al inicio de la pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, recomendó a los Estados de la región “adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen. Estas deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los DESCA”.

Desde un punto de vista individual, un pase de movilidad registra datos de salud privados, ¿cómo se protege esta información? ¿Cómo se previene el riesgo de fraude o falsificación? ¿Cómo se previenen violaciones de la privacidad? Desde un punto de vista social, la adopción de pases de movilidad tiene impactos concretos en el ejercicio de la libre circulación, el derecho a reunión e incluso sus impactos pueden extenderse al acceso a las oportunidades de empleo. Estos pasaportes no deberían resultar en una herramienta de control social que restrinja la movilidad de la población en contextos de disidencia política o en una herramienta adicional para imponer restricciones abusivas a la migración, por nombrar solo algunos de los potenciales impactos negativos de estas implementaciones.

La creación de un pase de movilidad genera una indudable tentación para las empresas de condicionar el acceso a oportunidades de empleo a la titularidad de estos, en el marco de una campaña de vacunación que aún no alcanza la universalidad y, repetimos, cuyas condiciones de duración de inmunidad no se encuentra científicamente determinada aún. Un uso de este tipo tendrá consecuencias indudables de discriminación, pero también desafíos logísticos en torno a cómo se realizan las verificaciones de los pases y cómo se vigila que continúe la adopción de otras prevenciones sanitarias como el distanciamiento social y uso de mascarillas. El pase de movilidad puede fomentar una falsa sensación de seguridad, ya sea en su titular o en otras personas (como su empleador) y aumentar, en lugar de disminuir, los comportamientos de riesgo. Existe vasta experiencia previa desde la normativa de protección de los derechos de los trabajadores acerca de los riesgos de permitir decisiones de empleo atendidas a condiciones de salud, o de riesgos de salud derivados de condiciones de trabajo inadecuadas. Y esa experiencia será útil para calibrar los derechos en juego.

Otra forma palpable de discriminación que presentan las certificaciones de vacunación e inmunidad o los pases de movilidad digital está precisamente asociada a su carácter digital. Nuevamente, sin condiciones de conectividad universal a internet aseguradas para la población general, habilidades digitales limitadas en algunos segmentos o baja disponibilidad de dispositivos inteligentes, grupos de la población con acceso limitado a la tecnología por cualquiera de estos factores quedarán excluidas de su uso.

Estos riesgos fueron claramente anotados además en una recomendación específica emitida el año pasado por la CIDH en su Resolución 4/20 sobre los “derechos humanos de las personas con Covid-19”: “los Estados deben abstenerse de utilizar los datos sobre el estado de salud de las personas con COVID-19 para expedir certificaciones de inmunización que generen una diferencia de trato injustificada en el disfrute y ejercicio de otros derechos”.

Entonces avanzando un paso más en el análisis de necesidad, proporcionalidad y legalidad que exigen los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿cuál es el marco de legalidad que acompaña al pase de movilidad en Chile? Sin una ley de protección de datos personales actualizada, con pocas certezas de como se manejan los datos de comisaría virtual y la opaca implementación de CoronApp previamente criticada por Derechos Digitales, la política pública desplegada tampoco ha sido acompañada de ningún tipo de certeza acerca de cómo los datos que son recogidos para generar el certificado digital serán procesados, accedidos (y por quién) o cómo será limitado su uso para otros fines.

Por último, las certificaciones de vacunación e inmunidad digital o los pases de movilidad pueden ser una distracción tentadora. Su desarrollo implica costos de oportunidad importantes desde una perspectiva de recursos públicos, lo que implica dejar de usar esos mismos recursos en otras intervenciones. Sin embargo, su utilidad específica para la pandemia se encuentra temporalmente limitada, ya que es esperable que con los programas de vacunación y la circulación del virus se alcance más temprano que tarde la inmunidad de grupo. ¿Vale la pena sacrificar derechos y libertades si una vez que haya inmunidad colectiva estos instrumentos de discriminación no tendrán sentido sanitario? ¿Qué haremos entonces con estas infraestructuras de control puestas en marcha? ¿Serán ellas desmanteladas? ¿Cómo aseguramos que los datos por ellas recogidas no sean extendidos a otros usos secundarios de control social?

 

[Fuente: http://www.derechosdigitales.org]

Pedro Castillo vence apesar de demonizado pela mídia e ausente, até há pouco, das redes sociais. Sintonia com nova geração política, e com sentimento antiestablishment das maiorias, produziu resultado – que diz algo à América Latina

Escrito por Lucas Malaspina e Marcos Doudtchitzky

Pedro Castillo, o professor sindicalista que venceu as eleições presidenciais peruanas, surpreendeu em todos os níveis. Até então desconhecido do grande público, o candidato do partido Peru Libre derrota Keiko Fujimori, provavelmente a política mais conhecida da atualidade – para o bem e para o mal – do país. Uma das facetas mais surpreendentes de Castillo está ligada à sua presença (ou, na verdade, sua ausência) nas redes sociais. Quando entrou na votação, ele tinha apenas 3.000 seguidores no Twitter e atualmente tem 79.000 contra mais de um milhão de Keiko Fujimori. Ironicamente, ele poderia ter sido inicialmente chamado de “o candidato sem likes”. Mas em que medida foi esse o caso? Como é possível que no século XXI – quando os consultores de comunicação enfatizam constantemente a importância de uma estratégia política integrada nas diferentes plataformas – um candidato conquiste a presidência nessas condições? Em última análise, qual é a distância entre a mídia social e a “realidade”?

A política baseia-se em acordos. Assim, um quadro político pode reunir os votos necessários para vencer e até mesmo governar – e estar fora das redes sociais – se tiver apoio político suficiente. O ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica nunca teve um perfil oficial . Alberto Fernández, atual presidente da Argentina, não tinha mais de 30 mil seguidores no Twitter quando se soube que seria ele quem enfrentaria o então presidente Mauricio Macri. No caso de Alberto Fernández (hoje com 2 milhões de seguidores) é evidente que ele recebeu grande parte desse novo público graças a Cristina Fernández de Kirchner, já que alcançou essa posição alavancado pela estrutura de militância construída pelo atual vice-presidente da Argentina. O caso de Castillo é completamente diferente, pois nenhuma estrutura previamente consolidada e unificada cedeu sua capacidade de ampliação para chegar às urnas. A microestrutura do Peru Libre era insignificante em face de tal desafio. Tornou-se pertinente fazer duas perguntas. Por um lado, que elementos podemos levar em conta para explicar tal singularidade? E, por outro lado, o que pode ensinar essa experiência atípica da comunicação digital, que em tão pouco tempo passou por desafios tão intensos?

 #MerinoRenuncia e a «Geração Bicentenária»

Seguindo o costume de Cronos, o sistema político peruano alimenta-se de seus próprios filhos. Desde que os desdobramentos da Operação Lava Jato chegaram ao Peru, nenhum ex-presidente ficou de pé. Acusações de corrupção varreram todos eles. A crise política também levou ao nascimento, em novembro de 2020, da chamada “Geração Bicentenária”, como tem sido chamado o movimento que saiu às ruas em defesa da democracia [Leia mais em Outras Palavras: 1 2 3]. Ao questionar as graves desigualdades enfrentadas pela nação andina, a “Geração Bicentenário” também respondeu à decisão do Congresso de retirar Martín Vizcarra (vice e posterior sucessor de Pedro Pablo Kuczynski) do poder. O consultor político argentino Mario Riorda chamou a atenção para o fato histórico por ocorrer “no país com o maior descontentamento político da região”. Com a hashtag #MerinoRenuncia como emblema, os jovens inundaram o Facebook, Instagram e TikTok.

O enorme potencial da Geração Bicentenário também teve expressão no Twitter, como observou Julián Macías Tovar, analista de redes sociais vinculado ao Podemos (Espanha) e chefe da Pandemia Digital. Macías Tovar conseguiu exibir a monstruosa superioridade das comunidades que forçaram a queda do governo interino de Manuel Merino nas conversações do Twitter, revelando o poder do uso de certas hashtags (#MerinoNoEsMiPresidente com mais de 370.000 tweets #MerinoNoMeRepresenta com mais de 130.000).

Do Peru rural (desconectado?) à bolha de Lima

Poucos meses depois das mobilizações que expulsaram Merino, ocorreu o primeiro turno presidencial que colocou Pedro Castillo e Keiko Fujimori na disputa final. Para Giovanna Peñaflor, analista política peruana e diretora do Imasen, o fenômeno de Pedro Castillo está associado a um catalisador político peculiar vindo do Sul peruano: «É preciso destacar que o Sul tem se manifestado de forma diferente do resto do país em cada um processo eleitoral (…) É como uma força que questiona o establishment ou o que se considera o status quo. Em outros momentos, isso favoreceu [os ex-presidente] Toledo e Humala; hoje, é Castillo. É preciso lembrar que o terrorismo ocorreu com maior força no Sul e lá está instalada a mineração em grande escala, uma das fontes de maior geração de riquezas do Peru. Onde a mineração grande está presente, Castillo teve uma votação maior. No Sul, fica clara a incapacidade dos governos de integrar a atividade — exceto em Arequipa, que de alguma forma consegue inserir-se no desenvolvimento com a questão extrativista.

Ao analisar-se um fenômeno político produzido naquela região do país, especialmente quando não foi percebido pela intelligentzia do país concentrada em Lima, emerge o seguinte. Dado que a vantagem de Keiko Fujimori está fundamentalmente em Lima e a de Castillo no interior, isso pode estar relacionado à menor conectividade das regiões em que Castillo se fortaleceu? Ou simplesmente, como já foi apontado em outros casos internacionais, tem a ver com o fato de que nas redes nos alimentamos em bolhas de usuários que pensam como nós?

Por um lado, deve-se destacar que na região metropolitana de Lima, entre a população de seis anos ou mais de idade, mais de 80% estão conectados à internet de suas residências, enquanto no restante do país esse percentual de conexão mal ultrapassa os 40%. Dos que acessam, sabe-se que 90% o fazem pelo celular. Por outro lado, de acordo com um estudo da IPSOS de 2020, “13,2 milhões de peruanos conectados são usuários de redes sociais”. Nessa massa, a penetração é liderada pelo Facebook com 94%, seguido pelo WhatsApp com 86%, Instagram com 60%, Twitter com 29% e TikTok com 18%.

[…]

Ativismo digital e ação «de baixo»

Em um artigo muito ilustrativo , o correspondente Jimena Ledgard afirma que a aparição surpresa de Castillo em primeiro lugar no primeiro turno “levou os comentaristas de Lima a declarar que ‘o Peru sem internet falou’, oferecendo assim uma explicação conveniente para a vitória inesperada. Mas uma conversa com os apoiadores Castillo na zona rural e entre os trabalhadores urbanos revela uma história mais complexa. Ledgard argumenta que “alguns jovens rurais peruanos desafiam ainda mais o estereótipo de que suas regiões são fundamentalmente desconectadas. A hashtag #PedroCastilloPresidente tem mais de 7,7 milhões de visualizações no TikTok , com muitos dos criadores vindos de áreas rurais dos Andes. E embora Castillo não tenha uma página validada no Facebook, dezenas de grupos nesta rede social surgiram organicamente para expressar seu apoio ao candidato.  

Tanto Ledgard quanto Vivas apontam para a importância dos grupos pró-Castillo no Facebook. Devido à sua dinâmica, os grupos do Facebook podem ser públicos ou privados. Entre eles estão Pedro Castillo Presidente 2021 (268.000 membros), Pedro Castillo Presidente do Bicentenário (59.000 membros), Pedro Castillo no Segundo turno (62.000 membros), Todos com Pedro Castillo resgatando Peru mais Saúde e Educação (43.300 membros) ou Pedro Castillo “Presidente dos Pobres” (43.400 membros), incluindo pelo menos dez grupos de várias dezenas de milhares de membros. Vivas ressalta que esses grupos começaram a ficar agitados pouco antes do primeiro turno. Em face da votação, muitos deles ultrapassam 800, 900 e até 1.700 publicações diárias.

De acordo com Ledgard, os grupos do Facebook por região também são muito ativos. Por exemplo, Pedro Castillo Presidente- Região de Cusco (39.400 membros). “Nossa abordagem é descentralizar a política. É por isso que deixamos as regiões falarem por si. Isso inclui estratégias de comunicação. Damos algumas orientações aos adeptos de cada local, mas deixamos que façam os seus próprios spots”, explicou o cientista político Franco Pomalaya Neyra a Legard. Pomalaya Neyra faz parte da equipe de networking do Peru Libre e é responsável pelas transmissões ao vivo, vindas do Coletivo Dignidad .

A grande questão é: como surgiram essas comunidades ígneas que instalaram o professor de esquerda “de baixo” na luta eleitoral? A crônica de Fernando Vivas oferece algumas pistas muito valiosas para entender esse processo a partir do registro das mudanças de nome de vários desses grupos do Facebook. «O grupo Pedro Castillo Presidente acabou de fazer a renomeação castillista a 12 de abril. Antes se chamava Folclore Peruano, e antes ainda, Programa Nacional Juntos Cadastre seu Filho Menor para o Bônus de 200 soles. Esse percurso pode dar uma ideia dos motivos comuns que se sobrepõem em poucos meses: o impacto da pandemia e da crise, o cultivo do folclore e suas recompensas de “identidade”, e o afeto político em um contexto eleitoral polarizado (. ..) O grupo Pedro Castillo Presidente 2021 foi denominado assim no dia 9 de fevereiro, mas a partir de outro grupo criado em 2017 com o nome de Férias para Professores Peru. Não é difícil inferir, neste caso, o entusiasmo dos professores com um candidato de origem e uma agenda de professor”.

Vivas continua: «Comparamos a história dos grupos de Castillo com a dos grupos maiores de apoio a Keiko Fujimori e vimos que, em todos os casos, nasceram associados a ela (…) Por outro lado, com Castillo é comum a reconversão, ou dos membros, ou pelo menos dos administradores do grupo, que partem de interesses alheios à política. Aqui está o fenômeno da novidade do outsider deixando uma marca perfeitamente legível nas redes ». Vivas destaca que outros grupos pró-Castillo também surgiram com denominações de apoio a outros líderes políticos como Francisco Sagasti ou Daniel Urresti e alerta para essa uma metabolização hiperdinâmica do processo de conscientização da “Geração do Bicentenário”.

Nos grupos do Facebook, os apoiadores do Castillo participam de discussões políticas, compartilham vídeos, artigos, memes e também entrelaçam-se intimamente por meio do WhatsApp. Dessa forma, os grupos do Facebook tornam-se a ponta do iceberg de uma rede muito mais próxima e indetectável. A importância dos grupos de WhatsApp (cujo limite inalterável é de 256 membros), já foi vista na campanha de Jair Bolsonaro, com a sutil diferença que nenhuma empresa ou qualquer mecanismo malicioso de envio artificial de mensagens operou aqui. Para conhecer a atuação desses grupos, Vivas imergiu um colaborador anônimo no WhatsApp. Após a investigação, ele esclarece que nos grupos do WhatsApp “encontramos mensagens mais íntimas e emocionais, destacadas com emoticons; além de mais interação e conversa. As coordenações para recrutar representantes, por exemplo, passam mais por esses grupos. Nos grupos do Facebook, a propaganda prevalece. Além disso, argumenta que “se o confronto e a polarização prevalecem no Twitter, aqui predominam as mensagens de adesão”, e destaca os seguintes temas: “rejeição do “terruqueo” [gíria peruana para “demonização”] de Castillo, conservadorismo em matéria de direitos (um apoiador lamenta que a candidata Verónika Mendoza [de esquerda alternativa urbana] apoie o casamento gay) e as poucas menções de Vladimir Cerrón (fundador do Peru Libre e governador de Junín acusado de corrupção)».

Por tudo isso, o pesquisador da PUCP Eduardo Mansilla Villanueva argumenta em seu texto: “As redes são o Peru. Basta saber olhar para elas». Quando « muitos repetem o mantra segundo o qual “o Peru não são as redes”, o que querem dizer é que o Peru não é a rede deles, aquela que lhes dizia todos os dias que havia muitos conhecidos entusiasmados negando a realidade».

Um ambiente propício as fake news

As eleições geralmente se desenvolvem em torno de uma pergunta. A luta para fazer essa pergunta na maioria das vezes define o vencedor. Bem, é sabido que as eleições não são definidas por grupos radicais. A chave está geralmente em uma porcentagem que decide seu voto mais perto da eleição. Esse é um público que tende a combinar suas posições de maneiras mais difíceis de captar em estudos pré-eleitorais. E é justamente para mobilizar esse setor que é fundamental definir o quadro, o que está em jogo na votação.

Para tentar inclinar a balança a seu favor, Keiko Fujimori teve um enorme dispositivo de comunicação digital. Como explica Héctor Venegas Díaz, do Politlogos Digitales: “O fujimorismo (…) tem experiência na coordenação de pequenas agências com atores políticos ou com a campanha central. Esses veículos ou páginas satélites que também servem para colocar conteúdo podem ser mais bem recebidos do que aparecer em uma fanpage de Keiko Fujimori ou que tenha o nome da festa. Todo um gigantesco ecossistema – liderado pela grande mídia peruana – brandia em favor de Keiko uma campanha “contra o comunismo” que, segundo ela, Castillo representa, reforçando a imagem de que um governo do Peru Livre seria “ditatorial como Venezuela e Cuba”.

As fake news têm como objetivo definir o segmento intermediário dos indecisos. A campanha do Peru não pode ser exceção. Embora depois se espalhem por todas as redes sociais, o Twitter é o terreno mais favorável para a divulgação de notícias falsas, dada sua maior tolerância aos bots e seu controle praticamente nulo sobre a veracidade dos perfis. Quando Castillo venceu no primeiro turno, ele conseguiu 50.000 menções, seguidas por 35.000 menções de López Aliaga e 22.000 menções de Keiko. Em suma, como destacou o especialista em comunicação política Ignacio Ramírez , “a distribuição de opiniões na sociedade, que é o que importa, não se reflete no Twitter. O Twitter não representa nada, exceto ele mesmo. Nada mais nada menos.

[…]

Sob o guarda-chuva do antifujimoriismo

Desde o primeiro turno, a equipe de imprensa de Castillo conseguiu formar uma equipe de networking. O principal desafio foi centralizar a palavra e a imagem do Castillo em canais oficiais reconhecidos pelo maior número possível de usuários, para evitar dispersão e confusão.

Apesar disso, a reta final não foi sem contratempos. Os jornalistas Diego Quispe e David Pereda argumentam que “a campanha de Castillo teve tropeços e desordem em seus sites oficiais. No dia 14 de maio, o candidato postou no Twitter uma ilustração com a frase “Antes de um ditador, agora professor”. A postagem foi interpretada literalmente como dizendo que o professor de Cajamarca é um totalitário reabilitado. Apesar de seu crescimento exponencial no Facebook e no Twitter, Castillo não explora o Instagram nem possui um TikTok oficial. Para Quispe e Pereda, isso “mostra seu sigilo eleitoral”.

O publicitário peruano Milton Vela, do Café Taipa, afirma na mesma reportagem que no Fuerza Popular, a frente que apoiou Fujimori, havia “mais articulação nas redes sociais do que no Peru Libre. Mas a campanha da candidata deparou-se com a rejeição ao fujimorismo e, em especial, uma organização espontânea mais articulada, por ter jovens com alta cultura digital e que se mobilizam”. É aí que residiu a verdadeira força de Castillo antes do segundo turno, em 6 de junho: nas massivas ações de rua e digitais que acontecem na última semana da campanha sob os slogans #KeikoNoVa ou # FujimoriNuncaMas.

O caso de Castillo mostra claramente a importância de lembrar que, como afirma Eduardo Mansilla Villanueva, as redes sociais são, antes de tudo, redes. Ou seja, elas não são simplesmente mídias sociais (como alguns as chamam), mas fundamentalmente padrões de interação moldados por padrões comuns de sociabilidade. E, nesse sentido, para um grande número de segmentos sociodemográficos (no Peru e em muitos outros países), a forma de expressão e conexão que o Facebook privilegia, bem como a penetração que proporciona, tem a capacidade de oferecer ainda um amostra muito maior, processos significativos que se aninham dentro do grupo constituinte do que os dados mais abertos e facilmente obtidos no Twitter.

O monitoramento de comunidades no Facebook (especialmente restrito devido ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e o escândalo Cambridge Analytica), bem como a investigação de conversas no WhatsApp (muito difícil devido à sua obscuridade e privacidade), podem ser, apesar de sua complexidade, tão ou mais útil para entender o que está acontecendo em grandes segmentos da opinião pública do que a análise cada vez mais difundida dos dados do Twitter.

[Fonte: http://www.outraspalavras.net]

Une membre des services civiques vérifie les documents – dont une attestation de test au Covid négatif – d’un passager au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 5 février 2021. Gonzalo Fuentes/AFP

Écrit par Yoann Nabat

Doctorant en droit privé et sciences criminelles, Université de Bordeaux

Comment peut-on vivre avec le virus ? Plusieurs idées sont actuellement à l’étude par l’exécutif rapporte Le Monde, afin que les Français puissent retrouver un semblant de vie « normale ». Parmi elles, le passeport vaccinal.

Cette mesure fait actuellement l’objet d’une consultation citoyenne en ligne, lancée par le Conseil économique social et environnemental (CESE). Ailleurs, comme en Suède ou au Danemark, l’idée se concrétise. En France, c’est la compagnie aérienne Air France qui lance les hostilités en ouvrant une expérimentation dès le 11 mars en exigeant des passagers à destination des Antilles, les résultats d’un test PCR de moins de 72 heures, pour une validité d’un mois.

À l’heure où certains commencent à envisager l’idée d’apprendre à vivre avec le virus, le scénario a de quoi séduire, tout autant qu’il inquiète. Néanmoins, quel pourrait être son cadre juridique en France ? Un tel outil pourrait-il effectivement voir le jour ?

Qu’est-ce qu’un passeport ?

Revenons tout d’abord sur les termes. Le passeport est un outil bien connu depuis l’Ancien régime et encadré juridiquement : il est le titre d’identité (comme la carte nationale d’identité) délivré par l’administration d’un État pour certifier à la fois l’identité de la personne, sa nationalité et sa capacité à franchir librement les frontières, suivant les règles en vigueur pour chaque pays. Le passeport a ainsi par principe une vocation internationale, même s’il peut être utilisé sur le territoire national pour attester son identité.

Existe-t-il néanmoins à l’heure actuelle un passeport vaccinal, c’est-à-dire un tel titre fondé non sur l’identité ou la nationalité, mais sur l’état vaccinal de l’individu ? Les choses sont sur ce point claires : la réponse est négative. Aucune norme nationale ou européenne ne connaît le terme de « passeport vaccinal » ou « passeport sanitaire ». Historiquement, la notion est aussi inconnue, même si le XVIIIe siècle, marqué par des épidémies, voit naître des « billets de santé » permettant d’établir le « bon état sanitaire des voyageurs ».

Bien que des vaccins juvéniles soient obligatoires au niveau national ou pour franchir certaines frontières – le vaccin contre la fièvre jaune est ainsi obligatoire pour se rendre en Guyane par exemple –, ils ne sont pas intégrés au passeport.

Celui qui le souhaite peut faire établir auprès de son médecin un certificat de vaccination (ou de contre-indication à la vaccination) qu’il présente lors du passage de la frontière. Ce document est certes obligatoire, mais bien distinct, juridiquement au moins, du passeport.

Si on assimile un tel document au concept de passeport vaccinal, l’idée semble alors plus précise : pour se rendre dans certains lieux sur le territoire national (salle de concert, musée, école, etc.) ou pour voyager à l’international, la présentation d’un document attestant la vaccination au coronavirus serait obligatoire. L’usage d’un tel document serait ainsi à la fois national et international.

Un premier projet avorté

Une formulation assez proche de cette idée s’était trouvée, avant d’être retirée face aux contestations, dans le premier article d’un projet de loi « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » déposé par le Premier ministre à la fin de l’année dernière.

Il s’agissait en effet de :

« subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux […] à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif ».

Le texte, qui n’avait pas vocation à s’appliquer à la crise sanitaire actuelle, mais à instaurer un régime juridique durable pour d’éventuelles crises sanitaires à venir, et pour lequel le Conseil d’État avait émis un avis réservé, visait d’un même élan le test négatif et le vaccin.

En effet, ne retenir que l’exigence du vaccin conduit, mécaniquement, à rendre la vaccination obligatoire (même si l’exigence est limitée à certains lieux ou activités, il y aura une forme d’obligation implicite).

Or, si une telle obligation est juridiquement admissible et déjà pratiquée pour les nouveau-nés, elle est soumise à la condition de l’accessibilité du vaccin : tout le monde doit pouvoir avoir accès, dans des conditions satisfaisantes, au vaccin.

La création intolérable d’une discrimination

Dans le scénario inverse (qui constitue la situation actuelle, où l’accès au vaccin est conditionné et complexe), il résulterait d’une telle disposition la création intolérable d’une discrimination.

Si les difficultés d’accès pouvaient être résolues dans quelques mois au niveau national, il n’est pas certain qu’il en soit de même sur le plan international. Il pourrait alors en résulter une inégalité entre pays riches, où les habitants seraient libres de circuler, car détenteurs d’un tel passeport, et pays pauvres, où le vaccin n’est pas disponible, et où la population serait donc isolée.

L’OMS et l’Union européenne mettent en avant ce risque.

Pour dépasser cette première difficulté, imaginons que le vaccin soit au moins disponible massivement sur le plan national, sans restriction, et qu’il puisse ainsi, même si le gouvernement s’est engagé en sens contraire, être rendu obligatoire sans risque de discrimination. Le passeport vaccinal pourrait-il alors exister sans davantage de contraintes juridiques ? La réponse est négative : d’autres difficultés se présenteraient à un tel projet.

Une telle obligation ne pourrait, selon ce que retient habituellement le Conseil d’État, que résulter de la loi (et non uniquement du pouvoir exécutif). Un débat s’engagerait ainsi devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Projetons alors que, du fait majoritaire, le texte proposant l’obligation de la vaccination et l’instauration du passeport vaccinal soit adopté. Il devrait alors certainement faire face au contrôle a priori du Conseil constitutionnel.

La chose serait absolument inédite, puisqu’il ne s’agirait ici ni d’une exigence strictement internationale, ni d’une vaccination infantile, que le Conseil constitutionnel avait validée à ce titre.

Pour être constitutionnel, il faudrait alors que l’exigence d’un tel document soit absolument « nécessaire et proportionnée », selon la formule habituellement retenue, mais dont le contenu est d’appréciation souple (il n’en existe aucune définition précise).

Le passeport vaccinal constituerait en effet sans aucun doute une mesure attentatoire à plusieurs droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, l’intégrité corporelle, et même la vie privée (comme l’a reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme il y a quelques années à propos de la vaccination obligatoire).

Or, si ces droits ne sont pas absolus, le contrôle du Conseil constitutionnel pourrait sur ce point constituer un obstacle, si le champ d’application et les finalités d’un tel document ne sont pas restrictivement définis (individus concernés, lieux exacts listés, modes de transport et distances, durée d’application de la mesure, etc.).

Faire appliquer une mesure aux contours flous

Néanmoins, la tendance habituelle à la tolérance du Conseil constitutionnel en période de crise sanitaire, au nom de l’impératif que constitue le droit à la santé (prévu par le préambule de la Constitution de 1946) et du fait des circonstances exceptionnelles, pourrait sans doute permettre de lever cette condition.

Sur le territoire national, les lieux ou déplacements où le passeport serait requis devraient cependant être très limitativement définis. Les lieux strictement vitaux pour les individus (dont la liste devrait immanquablement faire débat : lieux de santé, fournitures essentielles, etc.) devraient également sans doute en être exclus.

Il faudrait enfin prévoir d’assimiler la vaccination à la contre-indication au vaccin, sans que la différence apparaisse sur le document remis pour ne pas atteindre au secret médical.

Sans vaccin pas de circulation ? Image d’illustration : injection d’une dose d’AstraZeneca dans un centre médical le 25 février 2021 à Paris. Alain Jocard/AFP

L’obstacle passé, mettre en place un tel document nécessiterait impérativement la construction d’une base de données des personnes vaccinées. Or, s’il existe actuellement un fichier dédié (appelé SI Vaccin Covid), les finalités définies par le texte réglementaire qu’il encadre ne prévoient absolument pas son utilisation pour limiter le déplacement des individus.

Une base de données controversée

Une modification du texte serait sur ce point indispensable, ce qui induirait un contrôle de la CNIL, qui, bien que dépourvue d’un pouvoir contraignant, saurait sans doute soulever des méfiances importantes pour un tel projet. Il est pour le moment impossible de savoir si la CNIL a déjà été saisie d’un pré-projet en ce sens, mais la division prospective de l’autorité avait déjà livré de premières réflexions sur le sujet il y a quelques mois.

Il serait bien sûr théoriquement possible de se passer de l’existence d’un tel fichier centralisé, en utilisant le vieux « carnet de santé » individuel.

Mais on s’expose alors à une absence de sécurisation et à l’apparition de faux, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les tests PCR obligatoires.

Plus largement sur la question des données personnelles, comment éviter, le traçage et le contrôle des individus qui suivraient nécessairement la mise en place d’un tel outil, notamment si le fichier est consulté lors des déplacements de l’individu ?

Le traçage des populations, déjà dénoncé en matière sécuritaire, trouverait ici un développement sanitaire important, bien plus loin encore de ce qui est déjà mis en place.

Comment ne pas percevoir également dans une telle démarche un nouvel exemple de biopouvoir, suivant les descriptions opérées par Michel Foucault, constitué par la saisine par le pouvoir politique du biologique.

L’État se saisirait avec un tel outil du plus intime de l’individu. Le choix même du vocabulaire est sur ce point révélateur : le passeport est un outil régalien, il appartient à l’État et en est l’un des symboles les plus importants. Il deviendrait ici un symbole de la prise en compte du corps biologique des individus.

En résumé, la création d’un passeport vaccinal n’est pas chose impossible juridiquement en France, bien que soumise à des contraintes importantes et de nombreuses zones d’incertitudes tant le procédé serait inédit. Cependant, même bien défini, encadré et délimité, un tel dispositif constituerait un pas de plus vers le traçage sanitaire des individus.


L’auteur effectue sa thèse sous la direction de Virginie Peltier.

[Source : http://www.theconversation.com]

Escrito por Fernando Capez

Serendipidade é o encontro fortuito de prova relacionada a fato diverso daquele que está sendo investigado. Doutrinariamente, é também denominada de crime achado e consiste na obtenção casual de elemento probatório de um crime no curso da investigação de outro. A origem do nome remonta à tradução literal da palavra serendipity, termo criado em 1754 pelo escritor inglês Horace Walpole, em alusão ao conto persa « Os três príncipes de Serendip », no qual várias descobertas inesperadas ocorriam no decorrer da estória.

É o caso, por exemplo, da regular interceptação telefônica em tráfico de drogas, na qual se descobrem aleatoriamente evidências de um homicídio, ou do encontro casual de dinheiro contrafeito no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar de arma de fogo de calibre proibido.

Sobre o tema, existem duas posições na doutrina:

1) Serendipidade de primeiro grau: exige nexo causal em relação ao crime investigado originariamente, como, por exemplo, a localização do cadáver ocultado, durante a apuração do respectivo homicídio;

2) Serendipidade de segundo grau: a prova descoberta fortuitamente será válida, independentemente de existir ou não conexão com o fato originalmente apurado. Nesse sentido, seria lícita a prova de roubo colhida fortuitamente em uma interceptação telefônica para investigação de estupro.

A primeira posição argumenta pela ausência de autorização judicial específica para restrição de garantia constitucional no caso da nova infração descoberta, que era desconhecida da autoridade. A ordem judicial autorizando a interceptação telefônica ou a busca e apreensão, por exemplo, estava relacionada a outro crime, de modo que qualquer outra prova relacionada a fato diverso considera-se obtida sem respaldo legal. É que o juiz só havia autorizado a medida invasiva ou restritiva para o delito originário. Trata-se de delimitar o âmbito de abrangência da constrição concedida, não sendo possível ampliar a interpretação quando se trata de garantia constitucional, nem tampouco admitir violação de direito constitucional, sem prévio conhecimento e autorização por parte do Poder Judiciário.

Ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do investigado, rompe-se a garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar (CF, artigo 5º, XI). De igual forma, na interceptação telefônica avilta-se a proteção constitucional da inviolabilidade do sigilo de comunicação interpessoal (CF, artigo 5º, XII). Por essa razão, a utilização da prova fortuita deve necessariamente guardar nexo de pertinência lógica com o fato originalmente investigado, sob pena de excederem-se os limites constitucionais (odiosa restringenda, favorabilia amplianda).

Sustentando tal posição, Aury Lopes Jr. argumenta: « Em que pese a maior parte da doutrina que trata do tema admitir que a prova obtida (mediante desvio causal) seja o starter de uma nova investigação, há que se ponderar o seguinte: se usarmos a prova obtida com desvio causal, ainda que a título de conhecimento fortuito, estaremos utilizando uma prova ilícita derivada. Isso gera um paradoxo insuperável: a prova ilícita (despida de valor probatório, portanto) em um processo, mas vale (ria) como notícia-crime em outro… Ora, partindo do Princípio da Legalidade, a investigação tem que se iniciar a partir de prova lícita e não de uma prova ilícita, sob pena de contaminarmos todos os atos praticados na continuação » [1].

A segunda corrente defende que o processo penal é informado pelo princípio da verdade real e da livre apreciação da prova pelo juiz (CPP, artigo 155, caput, primeira parte). Estando autorizada a diligência investigatória pelo juiz dentro das hipóteses legais, todo o acervo probatório encontrado é válido, não se podendo argumentar que as garantias constitucionais foram violadas pela descoberta de mais evidências do que as que a autoridade imaginava encontrar, ainda que referentes a outro delito.

Atualmente, está sendo construída uma interpretação intermediária, a qual leva em consideração o momento de sua obtenção. Desse modo, se o encontro da nova evidência ocorrer antes do encontro da prova relacionada ao crime originalmente investigado, a prova será válida, independentemente de se tratar de delito diverso. No entanto, se a obtenção da prova casual ocorrer depois de obtido o encontro e satisfeito o objeto da diligência, a prova será nula, uma vez que, atingido o objetivo indicado no mandado, a busca deve ser imediatamente suspensa.

Adotamos a segunda posição. Descoberta a nova prova durante a diligência investigatória regularmente autorizada por ordem judicial, esta poderá ser aproveitada independentemente de existir ou não nexo de causalidade com o crime originalmente investigado, e mesmo que obtida após o atingimento da finalidade contida na ordem judicial.

Do mesmo entendimento comunga Eugênio Pacelli: « Ora, não é a conexão que justifica a licitude da prova. O fato, de todo relevante, é que, uma vez franqueada a violação dos direitos à privacidade e à intimidade dos moradores da residência, não haveria razão alguma para a recusa de provas de quaisquer outros delitos, punidos ou não com reclusão » [2].

Em recente acórdão acerca do tema, assim decidiu o STJ: « É legítima a utilização de informações obtidas em interceptação telefônica para apurar conduta diversa daquela que originou a quebra de sigilo, desde que por meio dela se tenha descoberto fortuitamente a prática de outros delitos. Caso contrário, significaria a inversão do próprio sistema » [3].

O mesmo entendimento se solidificou no STF: « Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 23/06/2016 » [4].

Atualmente, a Suprema Corte também acompanha esse entendimento, sustentando que o encontro fortuito de provas não necessariamente precisa guardar relação com o crime originalmente investigado: « O Colegiado afirmou que a hipótese dos autos é de crime achado, ou seja, infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que se descobre o delito. A interceptação telefônica, apesar de investigar tráfico de drogas, acabou por revelar crime de homicídio. Assentou que, presentes os requisitos constitucionais e legais, a prova deve ser considerada lícita. Ressaltou, ainda, que a interceptação telefônica foi autorizada pela justiça, o crime é apenado com reclusão e inexistiu o desvio de finalidade » [5].

A exigência de nexo causal entre o crime original e a nova infração descoberta, com a rejeição pura e simples da prova fortuitamente encontrada, viola o princípio da proporcionalidade por exigir da autoridade investigante um conhecimento prévio que ela não tem condições de possuir. Além disso, haveria proteção deficiente do bem jurídico em relação ao novo delito trazido à luz pelas provas fortuitamente encontradas, pois ignorar sua existência, mesmo tendo sua descoberta ocorrido em diligência regulamente autorizada pela Justiça, seria abraçar injustificadamente a impunidade.

 

[1] Direito Processual Penal, 18ª edição, ed. SaraivaJur, 2021, p. 439.

[2] Curso de Processo Penal, 25ª edição. Atlas, 2021, p. 287;

[3] STJ; HC 187189/SP 2010/0185709-1, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2013, DJE 23/08/2013.

[4] STF; HC 137438; 1ª Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 20/06/2017.

[5] STF, Informativo 869 – HC 129678, j. 13/06/2017.

 

 

[Fonte: http://www.conjur.com.br]

Conforme o aumento da presença das pessoas nas ruas durante a pandemia era detectado a partir de dados de localização compartilhados entre os setores empresarial e governamental, as imbricações do capitalismo de vigilância – que passa pelas plataformas de redes sociais – começaram a ser amplamente questionadas

As redes de wi-fi pode ser ferramentas de vigilância também

Passageiro com celular no aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

Escrito por Mariana Gomes

O aumento vertiginoso do número de infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil coincidiu com um curioso crescimento do setor de tecnologia. Em abril de 2020, os valores do mercado de eletrônicos já estavam 30% mais caros do que no primeiro trimestre do mesmo ano. Em maio, o Ix.br, setor do Comitê Gestor da Internet (CGI.br) que promove a infraestrutura de internet no país, detectou 11 Tbps de tráfego de dados na rede, batendo o recorde histórico de 10 Tbps – consolidado em março anterior.

No período de setembro a outubro de 2020, 49% dos usuários de internet no Brasil já realizavam atividades de trabalho remotamente; 64% acompanhavam transmissões de áudio ou vídeo em tempo real e 72% buscavam informações relacionadas à saúde, segundo o Painel TIC Covid-19, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação/CGI.br). “As pessoas tiveram de mudar, de maneira abrupta, do físico para o digital, ainda que muitos não estivessem preparados”, relata Flávia Carvalho, advogada especializada em direitos digitais.

Por outro lado, ao longo de 2020 nos deparamos com ataques cibernéticos a candidaturas eleitorais de pessoas LGBTs, mulheres, negros e indígenas, assim como a invisibilização da nova onda de protestos do movimento Vidas Negras Importam pelas plataformas de mídias sociais digitais. Também lidamos com a proposta do Cadastro Base do Cidadão[1] apresentada pela Presidência do Brasil e com os obstáculos on-line à distribuição do auxílio emergencial. Um ambiente complexo que nos levou a repensar o que em geral conhecemos como vigilância.

Privacidade não é luxo

O Brasil fechou o ano de 2019 com 134 milhões de pessoas acessando a internet, segundo o levantamento TIC Domicílios do Cetic.br. Contudo, 2020 é o ano que transforma profundamente nossos usos dessa tecnologia até aqui. Com a necessidade de cadastro on-line para recebimento do auxílio emergencial, ficava evidente que privacidade não é artigo de luxo.

Todo “esse movimento não veio acompanhado de uma educação digital necessária, tampouco do fortalecimento dos mecanismos de segurança. Então, como resultado, estamos ultrapassando uma grande onda de fraudes, ataques de ransomware[2], vigilantismo”, avalia Flávia Carvalho.

Conforme o aumento da presença das pessoas nas ruas durante a pandemia era detectado a partir de dados de localização compartilhados entre os setores empresarial e governamental, as imbricações do capitalismo de vigilância – que passa pelas plataformas de redes sociais – começaram a ser amplamente questionadas. Não à toa, a decisão do Whatsapp de compartilhar dados pessoais e conversas com o Facebook desdobrou-se em protestos já em janeiro de 2021. Pela influência de defensores dos direitos digitais, a big tech resolveu adiar a nova medida para 15 de maio.

“O monopólio das redes sociais desfavorece o alcance de postagens de alguns grupos políticos. Além de casos de monitoramento, espionagem, falta de transparência e suspensão de usuários que fazem denúncias de cunho racial. Ao passo que essas mesmas redes adotam uma postura condescendente sobre manifestações de racismo, xenofobia, misoginia e diversos crimes de ódio a grupos minorizados”, explica Bárbara Aguilar, programadora e fundadora do Kilombotech.

A pressão política também surge das disputas em torno da Lei 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em agosto de 2020, mesmo mês em que o Brasil chegava aos 100 mil mortos pela Covid-19. As alterações propostas pela legislação impactam desde as big tech até as pequenas empresas de tecnologia.

No caso da plataforma AfroSaúde, por exemplo, a LGPD impacta desde o momento de sua fundação. “Conseguimos alinhar-nos, desde o início lá em 2019, para que o nosso principal produto estivesse de acordo com as diretrizes da LGPD. Hoje, com a plataforma em funcionamento e a lei em vigor, podemos assegurar que a coleta das informações dos usuários está de acordo com a LGPD”, argumenta Igor Leonardo, cofundador da healtech brasileira.

A AfroSaúde promove a visibilidade de profissionais negros da saúde e conecta com os pacientes que procuram por um serviço qualificado e atento aos aspectos raciais na mesma área. Durante a pandemia, com apoio de outras oito entidades, criou o TeleCorona, projeto de telefone gratuito e canal de respostas on-line para auxiliar moradores de bairros periféricos a conter a propagação do vírus e a desinformação.

Além da internet – vigilância e opressão

A partir da internet é possível desenvolver outras tecnologias. Atualmente a rede não conecta somente pessoas e computadores, mas também dispositivos diversos entre si, na chamada Internet das Coisas. Os dados pessoais e de experiência coletados massivamente na interação entre múltiplas ferramentas do nosso dia a dia fomentam o caminhar de outras inovações, como a inteligência artificial (IA), a nanotecnologia e a impressão 3D.

“A urgência de contenção da pandemia tem sido utilizada como justificativa para sedimentar o discurso de controle e vigilância cibernética, porém deve ser acompanhada com atenção para não influenciar o fortalecimento de práticas de vigilância em massa nos próximos tempos”, avalia a especialista Bárbara Aguilar.

Os negócios de vigilância mobilizados a partir do big data ou da IA são treinados primordialmente em regiões e populações que não estão no centro do ocidente. No caso da inteligência artificial, as ruas das grandes capitais brasileiras têm-se tornado, desde 2019, celeiro de teste a partir de políticas de segurança pública. Apesar do afã do mercado sobre o uso de IA no contexto de “guerra às drogas”, por exemplo, dos 151 casos de pessoas presas com informação de raça e cor só naquele ano, 90,5% eram negras – conforme levantamento da Rede de Observatórios de Segurança.

Imagem do centro de vigilância da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Diferente do que corre no senso comum – e até mesmo em setores da produção tecnológica –, computadores não são máquinas neutras, à prova de erro e desconexos da cultura. Quem programa os sistemas e trata as bases de dados o faz a partir de suas intenções, crenças e expectativas. “A inteligência artificial precisa ser treinada para responder com maior assertividade, porém, hoje, os principais provedores de softwares de reconhecimento facial possuem altos níveis de vieses raciais e de gênero”, explica Aguilar.

Durante a pandemia, vimos no Brasil protestos de combate ao racismo e ao fascismo, em que os manifestantes se colocaram no risco de contrair a doença para defender valores democráticos. As máscaras até dificultam a identificação por câmeras de reconhecimento facial que utilizam inteligência artificial e são operadas pelas polícias, contudo, o uso da força nesses casos foi desproporcional em relação ao empregado nos protestos de apoiadores da Presidência da República no mesmo período.

No contexto de economias giradas pelo capitalismo de vigilância, parte dos grupos beneficiados em razão da raça, do gênero e do território, mas à margem das decisões do capitalismo de dados, também são afetados pelas técnicas de vigilância. No entanto, o acirramento das políticas de fronteiras internacionais e lockdowns setorizados na pandemia, retendo, principalmente no Brasil, moradores das periferias, demonstram que os alvos históricos da desumanização lidam com o acúmulo de violências a partir das inovações tecnológicas para vigilância.

“Existe a preocupação sobre o tratamento desses dados coletados, uma vez que a LGPD trouxe exceções sobre a aplicação de suas normas para fins de segurança pública. As situações serão regidas por legislação específica que até agora não foi criada, gerando insegurança jurídica e terreno fértil para arbitrariedades”, explica Flávia Carvalho.

Vigilância como resistência

Como escreve Simone Browne, professora associada da Universidade do Texas em Austin em seu livro Dark Matters: On The Surveillance of Blackness, os debates sobre vigilância continuam a desenvolver-se sem perceber como sistemas de vigilância se desenvolvem através da racialização. Produzido em sintonia com os estudos de Steve Mann e em análise feminista negra sobre os aspectos raciais depois do panóptico de Bentham[3], Browne analisa os aspectos de raça implicados na vigilância, partindo dos navios negreiros até os aeroportos e a internet. A pesquisadora então cria uma abordagem sobre vigilância que também nos permita traçar o registro de experiências de liberdades no contexto da escravidão.

Uma dessas memórias de liberdade remonta aos idos 1848 nos Estados Unidos. Ellen e William Craft, duas pessoas negras até então escravizadas, saíram do estado da Geórgia, sudeste do país, rumo à liberdade, mas não como o casal que eram. Mulher negra de pele clara, Ellen conseguia muitas vezes passar-se por branca. Ela era filha de uma mulher negra “mestiça”[4], escravizada, e um homem branco, dono de escravos. Ao resgatar essa história, a pesquisadora Simone Browne revela que, viajando em trens e navios, Ellen driblou as expectativas de raça e gênero, apresentando-se como um homem branco, o suposto Sr. William Johnson. No disfarce, ela fingia ser dona de William Craft, seu marido. Dessa maneira, jogando com as regras dos sistemas de vigilância da época, o casal garantiu a liberdade.

Aqui no Brasil, a vigilância tem um sentido caro às populações indígenas, no que diz respeito à proteção de suas terras. Isso não tem sido diferente no contexto da pandemia. Contudo, essas populações têm lançado mão de novas técnicas a partir das tecnologias digitais, principalmente das redes sociais.

Em agosto de 2020, quando o Brasil alcançava a marca de 100 mil mortos por Covid-19, a aldeia Novos Guerreiros, da etnia pataxó, no sul da Bahia, foi ameaçada de reintegração de posse, após pedido da empresa Sky Dream Escola de Pilotagem, que tentou se apoderar de uma área da aldeia ocupada por 24 famílias. “Se não fosse nosso modo de vigilância, teria sido pior”, afirma Thyara Pataxó, liderança da aldeia Novos Guerreiros.

Protesto na aldeia Novos Guerreiros, da etnia pataxó, no sul da Bahia (Crédito: Emerson Pataxó)

Com a ameaça de perda das terras, a comunidade Novos Guerreiros mobilizou-se a partir das redes sociais para fazer valer a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 6 de maio de 2020, que determinava a suspensão de todos os processos judiciais de reintegração de posse e anulação de terras indígenas.

“Antes íamos até Brasília para tentar derrubar uma liminar, mas, com todas as secretarias fechadas na pandemia, é impossível. Então escolhemos usar o celular de maneira consciente, postando fotos e vídeos da tentativa de reintegração de posse”, explica Thyara Pataxó, que é graduanda em Agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A aldeia Novos Guerreiros localiza-se entre as cidades de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, ao lado de outras 37 comunidades pataxós. As aldeias mais distantes do centro urbano não acessam televisão ou rádio. Entretanto, comunidades como a Novos Guerreiros acessam a internet, sobretudo por dados móveis nos celulares. Por meio de provedoras rurais de acesso à internet, são negociados também pacotes de wi-fi que auxiliam na comunicação entre as aldeias e nas escolas das comunidades.

A liderança relata ainda que os povos indígenas já vivem, desde antes da pandemia, em certa forma de isolamento, saindo das suas comunidades para resolver o que é necessário. “Esse modelo é o que nos faz bem hoje. Sentimo-nos confortáveis”, comenta a líder pataxó.

Ainda que usar as redes sociais para defesa dos direitos civis e políticos não seja mais novidade, as comunidades originárias têm muito a dizer sobre planejamento da vigilância como resistência. “De imediato, quando soubemos da Covid-19, colocamos o cadeado na entrada da comunidade. Fazíamos revezamento entre grupos de mulheres e homens, com álcool em gel e máscara, passando informações para quem não acreditava na pandemia. A vigilância que fizemos nas aldeias foi importante pela questão de suporte coletivo”, avalia Thyara Pataxó.

Com o acesso limitado à internet na região, o auxílio emergencial não chegou à maioria das famílias indígenas. Somado ao turismo em baixa, houve escassez de alimentos e outros insumos nas aldeias. Para solucionar o impasse, as comunidades pataxós do sul da Bahia organizaram-se para gerar renda por meio do comércio on-line. “Nós voltamos a cultivar nossos conhecimentos tradicionais, plantando e colhendo de três em três meses. Foi importante, porque, enquanto etnia pataxó, vivemos muito do artesanato, mas a gente não pode ficar à mercê de uma (única) fonte de renda. Além de vender a colheita, começamos a vender os artesanatos das aldeias pela internet”, afirma a liderança de Novo Guerreiros.

Hoje, os desafios em relação aos sistemas de vigilância são imensos: dificuldades de acesso à internet, “políticas de diversidade” segregadoras e algoritmos de redes sociais que minam a visibilidade de grupos historicamente desumanizados. Não esqueçamos também das corporações privadas que se satisfazem com a “guerra às drogas” e o desrespeito às comunidades tradicionais, lucrando com o uso do aparato tecnológico. Infelizmente o aumento da vigilância como estratégia de resistência não significa a diminuição da vigilância como tática de coerção. Assim, devemos questionar-nos: quais experiências de liberdade permitiremos daqui para frente? Já é mais que necessário abrir espaço nos altos postos de decisões para os saberes pioneiros das comunidades tradicionais, indígenas e negras, de LGBTs e mulheres em relação à miríade da vigilância.

Mariana Gomes, jornalista e cofundadora da Plataforma Conexão Malunga. Liderança negra apoiada pelo Fundo Baobá, é pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisa em Análise do Discurso – UFBA.

[1] Uma base de dados integradora de várias bases da administração pública que vai crescendo na medida que mais órgãos integram o cadastro. Com potencial de gradualmente reunir uma ampla diversidade de dados pessoais de toda a população brasileira, inclusive dados sensíveis, sem transparência ou explicação a respeito de finalidade específica de acesso a esses dados.

[2] Um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.

[3] Panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados.

[4] Nesta oportunidade, opta-se por mestiça para a tradução livre do termo “mixed race”, que, na língua inglesa, refere-se a pessoas nascidas de junções interraciais. Ao mesmo tempo, compreende-se que, na experiência brasileira, após as denúncias do mito da democracia racial, este termo tem sentido pejorativo. Contudo, o termo “parda” não seria adequado nesta tradução, visto as diferenças entre Brasil e EUA.

 

 

[Fonte: http://www.diplomatique.org.br]

Escrito por Marcio Pochmann

A ascensão da globalização tem sido acompanhada pelo deslocamento do poder dos Estados nacionais para as corporações privadas transnacionais que monopolizam estruturas da competição capitalista, concentrando o comando econômico e as informações e análises para a tomada de decisões estratégicas. Por coletarem, armazenarem e sistematizarem informações à margem de qualquer tipo de comitê de ética, as corporações privadas estrangeiras das big techs (Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft), por exemplo, já detêm um conjunto de dados pessoais – em uso por sistemas próprios de algoritmos – superior ao sistema público de produção e difusão do conhecimento nacional.

O atual abandono do Censo Demográfico no Brasil, promovido pelo governo Bolsonaro, constitui mais um prego no caixão a recepcionar o enterro da soberania nacional. A marcha fúnebre atual do apagão nos dados e estatísticas públicas expressa o quanto o país está de joelhos diante do colonialismo digital, fazendo jogar para fora qualquer possibilidade de segurança nos dados pessoais e no conjunto da nação.

Os exemplos são muitos e variados. Vão desde as universidades brasileiras que adotam o correio eletrônico e plataformas de ensino a distância e remoto de empresas estrangeiras, passando pela aceitação do governo federal em depositar o conjunto de informações estratégicas no exterior e em desenvolver o centro militar da guerra cibernética através de big tech estadunidense. Até mesmo a realização de cadastro dos beneficiários das políticas de governos municipais, estaduais e federal, bem como o controle do banco de dados do poder judiciário e até de partidos políticos encontram-se em mãos privadas e estrangeiras.

Atualmente, somente alguns poucos Estados ainda conseguem regular as grandes corporações privadas transnacionais, buscando combinar as transformações do capitalismo com os interesses da nação. Ainda que o Estado se mantenha fundamental na gestão das massas populacionais em espaços geográficos determinados por fronteiras físicas, o seu papel parece atender crescentemente à subordinação da política aos interesses das grandes corporações transnacionais.

No Brasil, a descrença na política e nas instituições públicas revela o quanto a soberania de vanguarda nas ciências e tecnologias se encontra abandonada, sobretudo com a adoção do receituário neoliberal que destrói o sistema de regulação nacional e domínio público. A consolidação do monopólio privado das grandes corporações transnacionais detendo mais informações e dados que o Estado nacional consagra a existência de uma espécie de neofeudalismo exercido na forma de verdadeiras ilhas de poder sob o controle de grandes grupos econômicos.

Por um lado, o feudo privado dos banqueiros controla a “independência” do Banco Central, enquanto, por outro, o feudo privado do agronegócio domina o parlamento, aprovando isenções fiscais, anistia do pagamento de dívidas ao setor público e uso generalizado e descabido dos agrotóxicos. A cada esfera estatal, o domínio privado se conforma como se fosse um feudo empoderado pela lógica do lucro imediato – como se fosse urubu em carniça.

A exemplificação mais recente disso se encontra revelada na definição da nova direção da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pertencente ao Ministério da Educação. Ao que parece, a conversão do comando do centro nevrálgico do sistema de pós-graduação em mais novo feudo dos interesses econômicos do setor privado aponta a confirmação da posição de joelhos a que o Brasil se submete diante da nova era do colonialismo digital.

A reação a isso não pode mais tardar. Uma nova cultura política democrática voltada ao enfrentamento do desmonte do Estado nacional soberano se torna imprescindível, pois do contrário, é crescente o risco de o país rebaixar ainda mais a atual posição de joelhos à cócoras.

 

[Fonte: http://www.terapiapolitica.com.br]

Enganam-se os que creem que suas vidas não serão expostas – e por isso admitem a vigilância na rede. Novo livro mostra como a captura em massa dos dados pessoais manipula a democracia, as economias e as próprias escolhas pessoais

O capitalismo de vigilância precisa ser reconhecido
como uma força profundamente antidemocrática.”1

Shoshana Zuboff

Escrito por Ladislau Dowbor

A invasão da privacidade é hoje avassaladora, mas as pessoas em geral ainda estão pouco informadas ou indiferentes. Na rotina e monotonia do nosso cotidiano, nos pequenos embates da vida, a quem interessará bisbilhotar o que conosco acontece? A realidade é que interessa, e muito. A pessoa comum vai sentir de repente o impacto das informações pessoais apropriadas por diversos sistemas ao buscar um emprego, ao abrir uma conta ou um crediário, ao pedir um visto, ao contratar um seguro ou um plano de saúde, ao tentar proteger-se de ataques online e bullying cibernético. E ainda poderá constatar que pagou mais caro, numa compra online, do que outras pessoas pagaram, simplesmente porque o algoritmo constatou que o produto lhe é mais necessário, e que provavelmente estará disposta a desembolsar mais: chamam isso de discriminação de preço. A informação detalhada sobre a nossa pessoa, com nome, endereço e detalhes íntimos, na mão de poderosas instituições ou simplesmente de irresponsáveis, pode afetar profundamente as nossas vidas. E o sistema não esquece. Qualquer imagem comprometedora da alguma bobagem de juventude ficará gravada no nosso perfil para sempre.

O primeiro ponto é que as tecnologias tornaram a invasão da privacidade simples e barata. Na era da informática, ter informações detalhadas sobre milhões de pessoas não representa nenhum problema técnico. Os algoritmos permitem o tratamento e cruzamento de dados de tal maneira que se torna fácil para agentes interessados, sejam governos, empresas ou organizações criminosas, individualizar as informações para focar apenas uma pessoa, ou uma família, ou um grupo de trabalhadores de uma empresa, ou um tipo de doente e assim por diante.

A invasão de privacidade pode igualmente ter caráter estratégico nas áreas política e econômica. A NSA gravar conversas privadas de Angela Merkel ou Dilma Rousseff constitui um instrumento de política internacional — inclusive permite repassar as informações para outras instituições interessadas de outros países, pequenos favores que se fazem. Acessar as conversas internas de governos antes de reuniões internacionais, para conhecer de antemão as propostas que virão à mesa em reuniões internacionais, constitui uma vantagem estratégica que provocou protestos de países da União Europeia. Invadir os computadores da Petrobrás para ter acesso aos dados sigilosos sobre reservas do Pré-Sal configura espionagem política e industrial com impactos evidentes. Não é apenas a privacidade individual e pessoal que está em jogo.

Por trás desse acelerado processo de transformação está, naturalmente, a tecnologia. Os avanços são absolutamente impressionantes, e as transformações ultrapassam radicalmente em ritmo os lentos passos da legislação, da regulamentação, da própria mudança cultural. Os envelopes podiam ser fechados e lacrados, os dossiês podiam ser guardados em cofres, as portas de uma reunião podiam ser trancadas, as fotos íntimas ou simplesmente familiares dormiam na paz dos álbuns. Hoje tudo são sinais magnéticos, informações imateriais acessíveis por toda parte e passíveis de serem armazenadas, tratados com tecnologias de Big Data, analisados por meio de algoritmos, transmitidos para todas as partes do planeta em instantes. As técnicas de reconhecimento facial por meio de câmeras instaladas nas ruas de numerosas cidades já estão causando indignação. O próprio George Orwell não imaginaria o que o Big Brother de 1984 poderia ser, que dirá com as tecnologias de 2020.

O processo é profundamente assimétrico. Enquanto indivíduos, somos radicalmente vulneráveis. Mas os gigantes que manejam o sistema, seja em níveis governamentais (como por exemplo a NSA nos Estados Unidos ou a GCHQ na Grã-Bretanha, por onde passa o essencial dos fluxos de informação do mundo), seja em gigantes da informação como Facebook, Alphabet (Google), Microsoft, Apple, Amazon, Verizon e poucos mais constituem, para o comum dos mortais, caixas pretas. A não ser em momentos de raros vazamentos heroicos como os arquivos revelados por Edward Snowden, ou as iniciativas de Julian Assange, a população em geral não tem ideia do que acontece com as informações, e encontra-se na realidade impotente. Só conhecerá a extensão do problema justamente, como vimos, quando for pedir um emprego, um visto e assim por diante.

Em grande parte, somos nós mesmos que alimentamos essas cadeias de informação, através das nossas conversas online, dos arquivos que guardamos nos nossos computadores, das inúmeras mensagens e fotos nas mídias sociais, dos likes que traçam o nosso perfil, de cada informação comercial quando pagamos com o cartão de crédito, de cada medicamento que adquirimos na farmácia, dos nossos registros nos hospitais. Hoje nada escapa, tudo deixa rastros que, uma vez cruzados, servem aos mais variados fins de instituições que estão acima de nós, e sobre as quais nossas informações são praticamente nulas.

Não há como não ver também os lados positivos da maior abertura de informações e de uma maior transparência. Com a pandemia do covid-19, ficamos impressionados com a capacidade dos algoritmos, que, ao identificarem uma pessoa contaminada, reconstituem em poucos minutos todos os contatos, locais, pessoas que o doente visitou, e criam uma bolha de quarentena de todos em situação de risco. As tecnologias de reconhecimento facial inclusive permitem localizar as pessoas até em lugares públicos.

Nos países nórdicos, as declarações de impostos são abertas e acessíveis, o que reduz radicalmente a dimensão da corrupção. As conversas gravadas e divulgadas pelo Intercept, demonstrando a deformação profunda dos procedimentos jurídicos no quadro da Lava-Jato, permitem evidenciar as manipulações. O acesso aos arquivos hospitalares e registros dos doentes permite realizar análises mais profundas sobre a eficácia de diversos tipos de tratamentos. A Amazon analisa as minhas compras de livros e me sugere obras de perfil semelhante.

Mas é isso que eu quero? A transparência maior nos países escandinavos leva os capitais a migrarem para paraísos fiscais, o Deep Mind da Google admitiu uso ilegal de informações pessoais de doentes nos hospitais britânicos, o fato de a Amazon empurrar-me livros semelhantes tende a trancar-me numa bolha de repetição de opiniões parecidas. O uso de informações individualizadas para fins eleitorais, tanto na eleição do Trump, como no Brexit da Inglaterra, e evidentemente no Brasil, levou a uma deformação profunda do processo eleitoral. O escândalo do Cambridge Analytica permite hoje entender a profundidade e amplitude do processo, e a ameaça que isso representa para a democracia. O reconhecimento facial em lugares públicos veio para ficar, com milhões de câmeras.

Imaginamos sempre, com otimismo, sociedades em que o uso das nossas informações seria de certa forma controlado e regulamentado. Não é mais o mundo em que vivemos. Há uns tempos em Tunis, encontrei-me com jovens que tinham participado da Primavera Árabe, tendo conseguido, inclusive com ampla comunicação pelas redes sociais, mobilizar-se para derrubar a ditadura. Voltando a vê-los alguns anos depois, com novo governo forte, relataram que hoje o regime tem todas as informações das redes, dos organizadores, das amizades, inclusive com o conteúdo das mensagens trocadas. Devemos pensar não só o que fazem com as nossas informações, mas também o que poderão fazer.

Na realidade, a explosão mundial de acesso às informações e de invasão de privacidade ainda anda à procura tanto das respostas técnicas, com criptografia, antivírus e semelhantes, como de um sistema de regulação, de codificação de limites. É um mundo novo que se descortina, com oportunidades e ameaças. Por enquanto, claramente, quem está ganhando são as ameaças.

Nesta sociedade vigiada para a qual avançamos a passos largos, entender as dinâmicas torna-se muito importante, inclusive para acompanhar os novos marcos legais que estão sendo desenhados para proteger-nos.

Neste pequeno livro, tentamos abordar alguns temas-chave, resultado de uma pesquisa que realizamos no quadro da pós-graduação em Administração da PUC de São Paulo, com o apoio de pesquisadores da USP. Não é um texto de grandes complexidades, mas que dará sim ao leitor uma dimensão básica dos aspectos técnicos e jurídicos, formas de proteger-se, a evolução das principais tendências, as novas legislações protetivas.

Waldir Mafra apresenta a dimensão geral do desafio, a privacidade como direito humano, inclusive inscrito na nossa Constituição: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” (Art. 5º) Mas o que a Constituição proíbe, as tecnologias permitem, e em escala impressionante. O desequilíbrio é claro.

O capítulo de Vicente Argentino está centrado na evolução da base de regulamentação com a qual as sociedades buscam proteger-se, restabelecendo um certo equilíbrio entre os gigantes da informação e a nossa fragilidade individual. É essencial a definição do que constituem “dados pessoais”, e os limites da invasão. A análise da legislação recente nos EUA, na União Europeia e no Brasil mostra as dificuldades de controlarem-se plataformas mundiais com leis locais. Este capítulo interessará em particular a empresas que se terão de adaptar ao novo marco regulatório.

O trabalho de Pedro Kelson apresenta em termos simples os principais mecanismos de invasão da privacidade e manipulação dos dados, com uso de psicometria, análise de Big Data, publicidade segmentada e semelhantes. Fica explícita a visão de Inacio Ramonet, de que mais eficiente do que os cassetetes e jatos d’água das forças de segurança são as novas armas de vigilância, que permitem identificar as lideranças de grupos não hegemônicos e tirá-las de campo antecipadamente. Os diversos mecanismos utilizados em diferentes países dão ao leitor a dimensão dos desafios.

Arlindo Rodrigues discute os riscos envolvidos na perda do controle sobre as informações pessoais da sociedade civil e as ferramentas utilizadas nessa apropriação indébita pelas corporações e pelo Estado. Elenca desde as ferramentas de vigilância massiva até a formação de “bolhas” de opinião política. Detalha também as inúmeras atividades por meio das quais inadvertidamente alimentamos os bancos de dados que irão permitir desde sistemas individualizados de influência até ataques pessoais como o cyberbullying.

José Roberto de Mello Franco Júnior entra mais profundamente nas dimensões técnicas de como nos podemos proteger da invasão, quando somos todos os dias submetidos a uma barganha: qualquer produto que acessamos online nos sugere que o autorizemos a instalar cookies e a disponibilizar informações. Na falta de opções, e precisando avançar no que pesquisamos, não temos opção senão dar o nosso acordo, inclusive confirmando que “lemos e estamos de acordo” com o que o clique significa. Quem é que alguma vez leu as dezenas de páginas que definiriam com o quê estamos de acordo? Mas no essencial, o capítulo de José Roberto detalha as diversas formas de protegermo-nos, desde o elementar para amadores, até o sofisticado para quem se quer proteger de forma mais rigorosa. Links para as principais ferramentas de proteção darão ao leitor, seja pessoa física ou empresa, instrumentos práticos para defender-se.

Bruno Bioni e Rafael Zanatta fecham o volume com um estudo acadêmico, em profundidade, das transformações em curso na área do que é hoje a batalha mundial em torno da economia da informação. Apoiam-se inclusive no recente aporte fundamental de Shoshana Zuboff, sobre a sociedade vigiada. Revisando as discussões nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil, inclusive sobre a nossa recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os autores fornecem-nos um instrumental particularmente rico para aprofundar as pesquisas, com notas e links para os principais documentos internacionais.

No conjunto, visamos com o presente livro dar ao leitor instrumentos práticos, ou ferramentas, para situar-se neste campo essencial da economia da informação, que traz novos desafios e também novas ameaças. O que não podemos é deixar de entender do que se trata. Bibliografias muito ricas no final de cada capítulo asseguram que o presente texto constitui inclusive um ótimo instrumento para avançar para pesquisas ulteriores, segundo o interesse do leitor. Como os diversos autores tiveram acesso aos trabalhos uns dos outros, além das discussões em grupo, acreditamos colocar nas mãos da comunidade de interessados um texto coerente e articulado. Boa leitura.

1“Surveillance capitalism must be recokoned as a profundly antidemocratic social force” – Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, New York, 2019, p. 515

 

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Escrito por Federico Karstulovich

Argentina, 2020, 80′
Dirigida por Javier Van De Couter
Con Rodrigo Torres, Pablo Saldías, Julieta Zapiola

La intemperie después del huracán

En el heterogéneo sistema que constituye Implosión coexisten una diversidad de variables que nunca dejan en evidencia las marcas, las costuras. Ese encuentro frankensteiniano entre una historia real, una narrativa que fabula las consecuencias de esa historia, a la vez la presencia de los partícipes reales entremezclados con actores profesionales y todo eso girando en una centrifugadora de intensidades corporales (una de las marcas más evidentes del cine de Anahí Berneri, quien oficia aquí de coguionista, de productora, pero también deja presente alguna marca más en las decisiones narrativas que toma Van Der Couter), es, en definitiva, una bienvenida irrupción en un cine nacional que ha sabido generar grandes narrativas con los hechos reales (se me viene a la cabeza Whisky Romeo Zulu, pero también puedo pensar en Las calles o incluso en Juan, como si nada hubiera sucedido).

Pero en la película de Van der Couter hay algo más que un gesto provocativo, que es lo que primero podría llamarnos la atención al ver la convocatoria de dos no actores que sufrieron una tragedia como la de la masacre de Carmen de Patagones (para los lectores no argentinos: fue una masacre sucedida en 2004 en donde un adolescente asesinó e hirió de diversos disparos a sus compañeros de la escuela secundaria en una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires). Lo que prevalece es un encuentro de intensidades varias que produce un resultado oscilante, por momentos cargado de potencia contenida. Ese encuentro convierte a el experimento que vemos en un verdadero sismógrafo emocional en vivo, porque nos permite atravesar recorridos que difícilmente podrían llevarse adelante netamente desde el aparato de la ficción como desde el aparato de captura documental. Y así las cosas, sin que importen mucho los límites, están ambas formas, bailando desesperadamente como cuando quedan pocos integrantes en una fiesta y dos, tres o algunas pocas personas más entrelazan las manos y comienzan a girar sobre si para ganar en velocidad. Frente a ese fenómeno (que cuando mira el huracán desde dentro capta la dinámica del movimiento pero cuando lo hace desde fuera observa con piedad la inminencia del accidente y del choque que está por sobrevenir) nosotros, impávidos, observamos el desplazamiento de registros, que excepto en momento puntuales (como cuando se fuerza una confesión que ponga en primer plano lo que siempre había sido más bien lateral, la tragedia), fluye con una naturalidad admirable, quizás porque confía en el poder de las imágenes más que en las palabras.

El recorrido más incomodante, la inquietud más honda que nos genera Implosión, entonces, no está en el reconocimiento verbal de la tragedia ni en la escalada violenta de la venganza que la película fabula con las que fueron sus víctimas (incluso algunos de los que pasaron por la masacre han cuestionado fuertemente el estreno de la película, en especial la decisión de jugar con la duplicidad del documental y la ficción en los dos sobrevivientes que actúan de si mismos: Rodrigo Torres y Pablo Saldías), sino en todo aquello que no se dice, en aquello que se refugia en los pliegues de una mirada esquiva, de una reacción desmedida con un comentario trivial, en un juego de resistencia, en un karaoke, en un escarceo sexual. En cierta medida, el mayor logro de Implosión es la concreción de un habla silenciosa, que no es otra cosa que la emergencia de la tradición material de un cine contemporáneo que va desde Pialat a los hermanos Dardenne, que pasa por Lucrecia Martel y llega hasta Anahí Berneri y Mariano González (director de Los Globos y El cuidado de los otros). Ese habla contenida, esa sustracción emocional, es la causante de que toda emergencia que salga de esa media se magnifique y que deje en evidencia las costuras que la contención no permitía ver. Por eso tampoco estamos ante una película perfecta. Mejor aún, entonces: en su imperfección sus imágenes avanzan hacia un vacío del que no hay retorno a la vista. La decisión del plano final, dejando ir a los personajes, rehabilitando una privacidad perdida, es también la afirmación de ese vacío: luego de la exposición de la vida personal en el estrado público, el repliegue y el pudor. Es lo que sucede luego del paso de un huracán: quedan los restos, los despojos, pero también la intimidad a la intemperie.

 

[Fuente: http://www.perroblanco.net]

 

Escrito por Saúl López Noriega

La decisión de las plataformas de internet de cerrar las cuentas de Donald Trump desató un torbellino que no cesa. Después de pronunciar un infame discurso, el pasado 6 de enero, en el que incitó a sus militantes a la toma del Capitolio, las principales redes sociales suspendieron las cuentas del entonces presidente estadunidense; a los pocos días, las cancelaron de manera definitiva. Twitter recién aseguró que esta decisión es irreversible inclusive si Trump volviese a competir por la presidencia en 2024.1

Aun en ese escenario, el presidente de aquel país contó con una considerable batería de recursos: conferencias de prensa, entrevistas, exposición en cadena nacional. Sin embargo, Trump quedó expulsado de la esfera digital, esa arena de comunicación clave que usó como trampolín político a la presidencia de su país y como trinchera para apuntalar su autoritario estilo de gobernar. Perdió, pues, uno de los principales sustratos de su poder: la posibilidad de comunicarse, libre de cualquier mediación, con sus simpatizantes; así como la oportunidad de hilvanar, sin edición alguna, su extremista y pendenciera narrativa política.

En respuesta, la discusión académica, que se viene dando desde hace varios años en diferentes puntos del planeta, sobre si es necesario regular las redes sociales, se azuzó todavía más. ¿Se trató, en efecto, de un acto de censura? ¿Por qué cancelar sus cuentas una vez que perdió la reelección, si desde la campaña de 2016 los mensajes de Trump en redes sociales violaban las reglas de la mayoría de estas? ¿Por qué no cerrar también las cuentas de redes sociales de otros gobernantes que atacan a la disidencia y a los periodistas de sus países, tales como el primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte?

La consecuencia más relevante de este evento es que la evidencia del enorme poder de las plataformas de internet para moldear las conversaciones de las personas sobre sus temas de interés, sobre las noticias registradas por los medios de comunicación tradicionales y sobre los mensajes directos de sus gobernantes, salió de la capilla de los especialistas para situarse en el centro del debate público y, en este sentido, en las agendas de diversos mandatarios alrededor del mundo. Angela Merkel consideró que se trataba de una decisión de menos problemática; mientras que López Obrador, si bien condenó el uso de las redes sociales para incitar a la violencia, apuntó que se trataba de una afrenta a la libertad de expresión, un flagrante acto de censura.2

Este episodio encapsula, por lo menos, cuatro preguntas medulares del debate alrededor de las plataformas de internet y su relación con una sociedad democrática. ¿Quién determina qué expresión puede circular? ¿A partir de qué rasero normativo se toma esta decisión? ¿Cuáles deben ser las características del procedimiento para someter a escrutinio las expresiones? ¿De dónde proviene su legitimidad para realizar esta tarea?

Desde la segunda mitad del siglo XX, cuando menos, en la mayoría de los países occidentales la libertad de expresión operó en un sistema legal público, anclada a una estructura estatal diseñada a partir de valores constitucionales y potenciada por un amplio abanico de tratados internacionales y de leyes que detallaban figuras clave como difamación, privacidad, discurso de odio y, por supuesto, que tasaban a su vez los daños y consecuencias legales de ciertas expresiones. Los responsables últimos de resolver los conflictos en torno a este derecho han sido los jueces. Ellos son los encargados, a partir de procedimientos propios del litigio constitucional, sea al interior de cada Estado o en tribunales internacionales, de definir los límites y alcances de esta libertad.

En el mundo en línea, por su parte, quienes deciden qué expresión puede circular son, en primera instancia, algoritmos diseñados por estas redes sociales para aprender, a partir de gigantescas bases de datos, a discernir qué contenido eliminar en las plataformas; luego, cuando ciertas expresiones escapan a estas herramientas tecnológicas, porque su significado es dinámico y contextual, empleados de estas plataformas se encargan de definir la suerte del contenido a partir de los estándares comunitarios propios de cada red social. Estas reglas no están atadas a ninguna norma constitucional ni tratado internacional, se trata de pautas que las plataformas digitales ajustan de manera constante en función de sus intereses comerciales, el tipo de comunidad que quieren crear y los problemas que se presentan en torno a qué expresión deben permitir. Cada usuario suscribe estas reglas al momento de abrir una cuenta en redes como Facebook, Twitter o Instagram. Por último, el procedimiento para solicitar que se elimine —o se restablezca— cierto contenido, aunque es distinto en cada plataforma, tiende a ser opaco, discrecional e inequitativo. Un ejemplo: las figuras públicas o celebridades a menudo pueden dirigirse de manera directa con personal de una red como Facebook para disputar sus decisiones sobre algún contenido, mientras que los usuarios comunes carecen de estas ventajas a pesar de que sufran acciones similares por parte de las plataformas.

En el fondo, el surgimiento de los intermediarios en línea implica una nueva lógica de la expresión en la historia de la humanidad y del conocimiento. Y, por ello, estas plataformas ofrecen una respuesta inédita a una pregunta también de enorme importancia para una sociedad democrática: cómo identificar qué información es relevante y cómo distribuirla sin caer en errores, prejuicios o manipulación.3

Son varios los resortes que definen este complejo mundo de la expresión en línea. Un aspecto imprescindible, por ejemplo, es el abaratamiento del costo de la expresión que, a su vez, ha tenido como consecuencia un exceso sin precedentes de esta; de ahí la necesidad de complejos sistemas de moderación de contenido a gran escala —con los costos para la expresión que esto implica aun en escenarios de reducidos márgenes de error. Otro elemento es el modelo de negocios de estas plataformas que consiste en monitorear a sus usuarios, enviarles como anzuelo un contenido personalizado, modificar y manipular su comportamiento para que interactúen cada vez más y, por último, vender esa atención a la industria de la publicidad. Hay que mencionar que esta dinámica tiene un enorme impacto en cómo y con qué potencia se distribuye el contenido de una plataforma entre sus usuarios, propiciando, entre otros, un efecto de burbuja informativa.

Un asunto más relevante todavía, para justificar que una eventual regulación por parte de los Estados sea en sus respectivos ámbitos o en un esfuerzo conjunto a través de instrumentos internacionales, es que mientras este mundo en línea se posiciona a gran velocidad como el espacio por antonomasia de la expresión pública, irónicamente no se trata en sentido estricto de un espacio público. Al menos no como son los sistemas educativos públicos o las administraciones gubernamentales, ni tampoco en el sentido de que estén abiertos al público como lo están parques, calles y banquetas.4 Las plataformas de internet son fundamentalmente propiedad privada. Es más: internet es una red que está integrada por diversas capas, aunque la mayoría de nosotros únicamente conocemos la última de estas: Google, Facebook, Instagram y un larguísimo etcétera. Debajo de estas aplicaciones existe una infraestructura de varios estratos que conforman a esta red.5 Salvo algunas excepciones, el edificio tecnológico que hace posible internet es propiedad privada sujeta a una regulación estatal menor.

Al respecto, una respuesta común es que esa es la naturaleza de internet: un espacio libre de interferencias y controles, ajeno a regulaciones estatales. Sin embargo, si bien es cierto que el diseño inicial de internet partía de una arquitectura inédita de protocolos abiertos encaminada a establecer una red libre y global, este diseño tecnológico estaba abierto a un diverso abanico de opciones para su desarrollo. En la década de los noventa, impulsado por la administración del presidente Clinton,6 se apostó por un esquema de libre mercado a ultranza y, como apuntamos, que generara riqueza a partir de la extracción de datos de los usuarios.7

Se trata, para no pocos, del pecado original de internet.8 O, más bien, del modelo por el que se apostó para exprimir la capacidad de esta infraestructura tecnológica, y que se ha vuelto dominante en el mundo occidental. Una de las consecuencias de seguir este esquema fue precisamente el ascenso de las plataformas de internet como intermediarias clave para conectar un amplísimo universo de intereses alrededor del mundo. El desarrollo ha sido tan abrumador que, contrario a la idílica estampa de imaginar internet como un jardín de la libertad, lo que tenemos ahora es más bien un poder marcado por dos características: una enorme concentración y, al mismo tiempo, amplias ramificaciones al grado de incidir en prácticamente cada una de las esferas de lo social. Es decir, en un puñado de plataformas digitales, junto con las aplicaciones que gravitan alrededor de sus programas gratuitos para su desarrollo, se concentra buena parte del internet occidental. Esto significa que hoy ya existe una regulación de internet: la que trazan y hacen cumplir las plataformas privadas. Por supuesto, tampoco es deseable un internet atado a una raíz autoritaria como la del Estado chino. Pero entre este y el modelo de Silicon Valley caben un sinfín de grados y matices de enorme utilidad para repensar la plataformización de internet.

El ascenso de estos nuevos poderes privados globales, atados a muy pocas y delgadas correas de responsabilidad frente a la estructura estatal, pero a su vez con una incidencia decisiva en el discurso público contemporáneo, tiene un claro tufo feudal. Es cierto: hablar de una vuelta al sistema feudal puede sonar exagerado, si se imagina que este estadio es propio de sociedades primitivas y en constante conflicto. Pero si, más bien, se entiende como un espacio en el que las decisiones que afectan a las personas no se toman con su participación ni de manera pública, es decir, si se trata de una dinámica de sometimiento en el que un reducido grupo de personas cambia la situación normativa del resto de la población a través de la acción privada y unilateral, entonces, una refeudalización no es descabellada o, por lo menos, no depende del desarrollo económico, cultural ni tecnológico de una sociedad.9

Facebook, por ejemplo, a finales del año pasado, echó a andar uno de sus experimentos más ambiciosos: su Consejo Asesor de Contenidos (Oversight Board for Content Decisions), cuyo principal propósito consiste en seleccionar y revisar un determinado número de las apelaciones de los usuarios de esta plataforma de internet respecto a sus decisiones de contenido. Es decir, es la última instancia en el interior de esta empresa para dirimir conflictos relacionados con sus estándares comunitarios y las expresiones que circulan en ella, a partir de lo que suben sus más de 2000 millones de usuarios alrededor del mundo. En los últimos meses, esta especie de Corte Suprema de Facebook ha emitido sus primeros fallos y se espera que en estas fechas decida si la cancelación de la cuenta de Trump en esta plataforma fue atinada y, en su caso, si debe ser definitiva.

Desde que empezó a gestarse este consejo, como es fácil de imaginar, se han esgrimido críticas respecto a si sus integrantes cuentan con garantías adecuadas para asegurar su autonomía o si su diseño es adecuado para abordar los eventuales daños de esta plataforma al sistema de expresión. No obstante, como bien apunta la académica Kate Klonic, probablemente quien mejor entiende la operación del sistema de moderación de contenidos de este intermediario en línea, hay que tener presente un debate previo y que gire en torno al hecho de tener un tribunal mundial privado que define derechos públicos —como la libertad de expresión— para una plataforma corporativa e independiente. Se trata, según Klonic, de una nueva era, un punto de inflexión hacia una inédita y permanente estructura de poder de estas empresas de tecnología. Un poder que no se había visto antes, en el que estas empresas trasnacionales ejercen un control inédito de la infraestructura de las comunicaciones y expresiones alrededor del mundo.10

¿Cuál es, en este sentido, la legitimación de Facebook para adoptar e imponer ciertas decisiones que cambian la situación normativa —derechos y deberes— de quienes conversan en el mundo en línea? ¿Por qué un tribunal privado, sin ninguna responsabilidad democrática, está definiendo los límites y alcances de aspectos indispensables para la dinámica democrática como la libertad de expresión y el poder de comunicación de los gobernantes? Ese es el centro del debate, y que implica una reedición de una vieja y central preocupación del pensamiento demócrata liberal: ¿cómo evitar la fusión entre verdad, información y poder en tiempos de internet?

Saúl López Noriega es profesor e investigador de tiempo completo del CIDE.


1 “Twitter says Trump ban is permanent –even if he runs for office again”, The Guardian, 10 de febrero de 2021.

2 López Noriega, S. “Donald Trump’s Chief Follower in Mexico Is Outraged at Twitter”, Slate – Future Tense, 19 de enero de 2021.

3 Gillespie, T. “The Relevance of Algorithms” en Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, Boczkowski, P. J., y otroseds., The MIT Press, Nueva York, 2014, pp. 167-194.

4 Citron, D. K., y Richards, N. M. “Four Principles for Digital Expression (You Won’t Believe #3!)”, Washington University Law Review, Vol. 95, Issue 6, 2018, pp. 1353-1387.

5 Blum, A. Tubes. A journey to the Center of the Internet, HarperCollins, Nueva York, 2012. Solum, L. B., y Chung, M. “The Layers Principle: Internet Architecture and the Law”, Notre Dame Law Review, Volume 79, Issue 3, 2004, pp. 815-947.

6 Goldsmith, J. “The Failure of Internet Freedom”, en Emerging Threats, Knight First Amendment Institute at Columbia University, 2018.

7 Zuboff, S. The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power, PublicAffairs, Estados Unidos, 2019.

8 Zuckerman, E. “The Internet’s Original Sin. It’s not too late to ditch the ad-based business model and build a better web”, The Atlantic, 14 de agosto de 2014,

9 Cfr. Cordelli, Ch. The Privatized State, Princeton University Press, Estados Unidos, 2020, p. 72.

10 Klonic, K. “Watching Over the Facebook Oversight Board”, The Markup, 30 de enero de 2021.

 

[Ilustración: Víctor Solís – fuente: http://www.nexos.com.mx]

Considerado uno de los grandes narradores americanos del siglo XX, una nueva biografía indaga en su lado oscuro, sus miedos y su relación con las mujeres

El escritor Philip Roth

Escrito por MAITE NIETO

La directora Isabel Coixet, que dirigió Elegy, una película basada en una obra de Philip Roth ya contó en El País Semanal en noviembre de 2019, algunas peculiaridades sobre su encuentro con el escritor en los meses previos al rodaje. En aquella entrevista que mantuvieron en el estudio anexo a su magnífica casa en el Estado de Nueva York no faltaron los elogios sentidos de la realizadora hacia el escritor. Eran sinceros, pero Coixet explicó que también los había ensayado porque los agentes del que ha sido considerado como uno de los grandes narradores americanos del siglo XX le habían advertido que no escatimara elogios y que no se le ocurriera alabar a otro escritor en su presencia.

Coixet escribió entonces sobre el autor estadounidense: “Me leíste tu libro. Tres veces. Te parabas en algún párrafo que te gustaba especialmente y me decías: ‘¿No es esto magnífico?’. (…) Siempre te detenías en la escena cuando Consuela, la protagonista de El animal moribundo, le mordía la polla al profesor Kepesh. Hacías un ruido extraño con los dientes, me mirabas como esperando que me escandalizara. Me preguntabas cómo iba a rodar esa escena”.

En unas cuantas frases se retrataban la grandeza y los abismos de un escritor que además de eso era persona y cultivaba lados oscuros. Ahora, casi tres años después de su muerte, ocurrida en mayo de 2018, una nueva biografía que verá la luz el 6 de abril incide en esas otras aristas de Roth que van más allá de libros como El lamento de Portnoy o la trilogía formada por Pastoral americana (1997), Me casé con un comunista (1998) y La mancha humana (2000). La nueva biografía, firmada por Blake Bailey, Philip Roth: The Biography, ha recibido elogiosas críticas de periódicos británicos como The Times y hace que este medio plantee la pregunta de si ha habido alguna vez algún escritor en la historia de las letras americanas más sexualizado que Roth. Y la respuesta del diario británico es contundente: “Roth hace que John Updike y Saul Bellow parezcan recatados”.

El libro cuenta que el primer día que el escritor visitó Londres en 1958 fue a ver la piedra Rosetta y los mármoles de Elgin en el Museo Británico y después encaminó sus pasos hacia el Soho para buscar los servicios de una prostituta. También que cuando dio clases en la Universidad de Pennsylvania los estudiantes que se inscribieron tarde en su seminario, donde había un exceso de solicitudes, terminaron siendo valorados para la selección tanto por su aspecto físico como por sus dotes intelectuales. Otro detalle sobre su personalidad se deja entrever al relatar que durante su larga relación con la actriz Claire Bloom, con quien terminó casándose en 1990 y de quien se separó en 1994, Roth le dijo en un determinado momento que debido a sus problemas cardíacos su relación debería ser casta a partir de aquel momento. Pero que en realidad él no pudo aceptar la impotencia como condición permanente en su vida, dejó de tomar todos los betabloqueantes y mantenía relaciones sexuales con al menos dos mujeres, pero le ocultaba su decisión a quien era su pareja.

Philip Roth y Claire Bloom en su casa de Connecticut en1983.

Philip Roth y Claire Bloom en su casa de Connecticut en1983. MAGNUM

Blake Bailey también señala en su biografía que Roth disfrutaba ejerciendo el papel de Pigmalión con sus amigas, indicándoles qué leer, cómo hablar o comportarse y que a medida que él fue envejeciendo sus amantes se volvían cada vez más jóvenes. Llegó a vanagloriarse de sus conquistas con frases como “yo tenía 40 y ella 19”, cuando recordaba la aventura que tuvo con una de sus estudiantes de la Universidad de Pennsylvania. Un patrón que se repitió con la escritora Lisa Halliday, que se convirtió en su amante cuando él tenía 69 años y ella 25. Se conocieron cuando ella trabajaba en la agencia literaria Wylie, y era la responsable de los asuntos del escritor, y cuando su relación se acabó se convirtió en una amistad a prueba de bombas. De hecho en la primera novela de Hallyday, Asimetría, una de sus partes narra la aventura entre una joven (Alice) que trabaja en el mundo editorial y un afamado autor, eterno aspirante al Nobel (Ezra Blazer), y Roth se mostró encantado con la publicación.

Según su biógrafo, a Roth en la vida privada o se le amaba o se le odiaba. Por ejemplo Mia Farrow, con quien tuvo un breve romance, le defendió a capa y espada. Como lo hicieron muchas de sus amantes que terminaron por convertirse en amigas. Pero no ocurrió lo mismo con las dos mujeres que fueron sus esposas, que en distintos momentos hicieron públicos espeluznantes relatos de dos matrimonios realmente desastrosos.

Su primera mujer fue Maggio Martinson. Él mantuvo que estaba intentando romper con ella en 1959 cuando le engañó diciendo que estaba embarazada. Roth consintió en casarse siempre y cuando abortara. Se divorciaron en 1963 después de cuatro años que calificaron de “histriónicamente infelices”. La relación con su segunda esposa, Claire Bloom, duró 14 años y cuando llegó el divorcio en 1993 él la acusó de “trato cruel e inhumano”. Ella contó su versión en 1996 en unas memorias centradas en su relación que fueron muy poco halagadoras para Roth, Leaving a Doll’s House (Abandonando una casa de muñecas). Le retrató como egoísta, manipulador, vicioso, adúltero y un misógino que retrataba en sus obras a las mujeres como manipuladoras o sumisas y muy pocas veces creíbles. Una visión, que según los críticos, mejoró en sus últimas novelas, aunque en ellas nunca menguó su obsesión por el ego masculino.

La vida de Philip Roth transcurrió así, en lucha: peleó por ser considerado un novelista serio y no un fanático del sexo ―temática presente en muchos de sus libros―, luchó contra sus críticos, sus exesposas y contra su propia decadencia física. También contra el miedo de no ser capaz de escribir la siguiente novela. E incluso luchó por engrandecer su imagen contrarrestando críticas con entrevistas pactadas o indicando a biógrafos con qué viejos amigos suyos debían hablar con preguntas que él mismo preparaba. No consiguió el Nobel de Literatura pero sí ser considerado uno de los grandes escritores del siglo XX. Las dudas sobre su calidad como persona o sobre los miedos que le atenazaban quedaron para la esfera privada.

 

[Fuente: http://www.elpais.com]

Le Musée Marmottan Monet a présenté l’exposition « La toilette, naissance de l’intime« . Une centaine d’« œuvres – tableaux, sculptures, estampes, photographies, images animées (« chronophotographies ») – d’artistes  majeurs du XVe  siècle à nos jours, concernant les rites de la propreté, leurs espaces et leurs gestuelles ». Arte diffusera le 20 mars 2021 « L’hygiène à travers les âges » (Auf Leben und Tod – Meilensteine der Hygiene) de Claudia Spoden.

Publié par Véronique Chemla

« L’exposition La Toilette. Naissance de l’intime s’inscrit dans cette perspective. Une centaine d’œuvres – tenture, peintures, sculptures, photographies, gravures – décrivent une pratique nouvelle – la toilette – l’évolution de rituels corporels et l’apparition, à terme, d’un espace dédié. Un lieu se ferme, des gestes s’inventent, l’individu s’approprie un temps n’appartenant qu’à lui. Le parcours aborde également l’impact de ce thème nouveau sur les arts, à la fin du XIXe siècle, avec notamment la naissance du nu moderne. Le XXe siècle marque un tournant. Le thème de la toilette offre aux avant-gardes l’occasion de rendre compte, par des formes déstructurées, de souffrances intimes et collectives. Il questionne la société de consommation. Le XXIe siècle s’interroge sur la collusion de notions telles qu’intimité et exhibition », écrit Patrick de Carolis, directeur du musée Marmottan Monet.
Pour la première fois, une exposition aborde ce sujet : l’intimité, la toilette.
L’exposition débute par des gravures de Dürer, de Primatice, de peintures de l’École de Fontainebleau, dont un Clouet, Femme à la puce de Georges de La Tour, un ensemble surprenant de François Boucher, révélant « l’invention de gestes et de lieux spécifiques de toilette dans l’Europe d’Ancien Régime ».

Élément de la tenture des Épisodes de la vie seigneuriale, au XVIe siècle, une tapisserie du musée de Cluny, représente « un bain somptueux : des domestiques s’empressent auprès de la baigneuse, une nature luxuriante entoure la cuve de pierre, les instruments de musique, les parfums, les couleurs évoquent l’alerte des sens. Le bain serait plénitude, plaisir, l’occasion de représenter le nu aussi, un corps fin et délié triomphant dans un décor sublimé. Cette image est particulière, quasi irréelle dans sa perfection : aucun cadre quotidien n’y est indiqué, aucun geste d’ablution ou d’entretien. Elle rejoint une tradition : celle qui, vers 1500, représente des femmes au bain, au milieu d’une nature prolifique associant fontaines et ciels, liquides et fleurs, linges et chairs, et campant des corps hiératiques, affirmés en majesté. C’est le nu, à vrai dire, qui est ici célébré, l’idéal des formes, leur achèvement, et moins la gestuelle toute prosaïque de l’ablution. Le bain n’est que prétexte. La scène gagne en idéalité ce qu’elle perd en réalité, le recours fréquent aux personnages de la Bible ou à ceux de la mythologie permet de s’affranchir des codes vestimentaires, tout en dévoilant ce que le quotidien peut cacher. Le peintre révèle le « dessous », celui des lignes « parfaites » offertes au regard du spectateur : démarche marquante dans une époque où le profane prend une importance plus considérable et où Vénus tend insensiblement à concurrencer la Vierge. D’où ces corps aux carnations laiteuses, délicates, aux formes magnifiées, dont les Suzanne au bain de Tintoret, au XVIe siècle, celle du Louvre ou celle du Kunsthistorisches Museum de Vienne, demeurent un exemple privilégié. Une manière de faire exister la beauté dans une Renaissance s’interrogeant comme jamais sur l’excellence physique. Une manière de faire exister la pudeur aussi, celle de Suzanne surprise par les vieillards, par exemple, ou celle Bethsabée au bain entrevue par David, symbolisant dans leurs expressions et leurs voilements toute la délicatesse attendue du féminin. La scène traditionnelle du bain vise ainsi le corps plus que la pratique, la beauté, la pudeur, plus que l’ablution ».

Puis, l’exposition évoque le XIXe siècle, période d’affirmation du « renouvellement en profondeur des outils et des modes de la propreté. L’apparition du cabinet de toilette, celle d’un usage plus diversifié et abondant de l’eau inspirent à Manet, à Berthe Morisot, à Degas, à Toulouse Lautrec et encore à d’autres artistes, et non des moindres, des scènes inédites de femmes se débarbouillant dans un tub ou une cuve de fortune. Les gestuelles sont bouleversées, l’espace est définitivement clos et livré à une totale intimité, une forme d’entretien entre soi et soi se lit dans ces œuvres, d’où se dégage une profonde impression d’intimité et de modernité ».
Le parcours s’achève par « l’image à la fois familière et déconcertante de salles de bains modernes et « fonctionnelles » qui sont aussi, avec Pierre Bonnard, des espaces où il est permis, à l’écart du regard des autres et du bruit de la ville, de s’abandonner et de rêver ».

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les efforts d’entrepreneuses comme Helena RubinsteinEstée Lauder ou Elisabeth Arden, achèvent d’imposer le concept de « maison de beauté » et de diffuser les premières « lignes » cosmétiques. Désormais, les bourgeoises se maquillent. Dix ans plus tard, la photographie publicitaire naissante vient soutenir les campagnes en faveur des « produits et soins de beauté ».

« Dans les années 1980, des émissions télévisées gomment la distinction entre vie privée et vie publique. Elles recueillent les confidences intimes de personnes, célèbres ou anonymes. Produits de beauté, eau minérale… Des produits variés montrent bébés et adultes nus, dans l’espace privé de la douche… »

« Aux alentours de l’an 2000, le rapport au corps, à la nudité omniprésente dans des affiches publicitaires, change de nouveau. La « relation à la mode et à la publicité se combine avec les progrès technologiques, suggère des expériences insolites et stimule des recherches nouvelles : ainsi chez Erwin Blumenfeld au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou au seuil du XXIe siècle chez Bettina Rheims ».
« Un nouvel agencement des appartements abolit l’intimité par des espaces ouverts, d’où sont exclues cloisons ou portes, où l’espace s’avère éclaté en espaces dévolus à des activités différentes – cuisiner, lire -, et n’échappant pas au regard. La baignoire trône dans cet espace, bien visible de tous. »
Cependant, la douche la supplante souvent dans les logements aux surfaces étroites. Et le bidet tend à disparaître des salles de bains.
« La dame au bain »
Le 13 décembre 2015, Arte diffusa dans le cadre des Petits secrets des grands tableaux, « La dame au bain », 1571 – François Clouet, documentaire de Carlos Franklin. « Réalisé alors que les guerres de Religion déchirent la France », ce tableau « donne une image apaisée de l’époque et impose de durables et drastiques canons de beauté. Peintre officiel de Charles IX, François Clouet est considéré comme le maître français du portrait. En cette année 1571, il vient de mettre la touche finale à une toile aussi belle qu’énigmatique : assise dans sa baignoire, à demi-nue, figure une femme à la beauté diaphane ; derrière elle, une nourrice aux traits grossiers allaite un nourrisson ; au fond de la pièce s’active une servante. Peinture galante ? Portrait ? Scène de genre ? L’identité de la belle naïade demeure inconnue : s’agit-il de Diane de Poitiers ou de Marie Stuart ? Ou d’une autre maîtresse du roi ? » L’époque célèbre cette beauté charnelle inspirée par l’Antiquité, alors que l’Église adopte une position opposée.
« L’hygiène à travers les âges »

Arte diffusera le 20 mars 2021 « L’hygiène à travers les âges » (Auf Leben und Tod – Meilensteine der Hygiene) de Claudia Spoden.

« Les pratiques de l’hygiène accompagnent l’humanité depuis ses origines. Destinés à préserver des maladies, les soins du corps se sont imposés comme de véritables rituels sociaux, intimement liés aux conventions culturelles, aux connaissances scientifiques et aux idéologies politiques de chaque époque. »
« Des avancées également marquées par des périodes d’errements, entre superstitions et théories savantes hasardeuses, face à de terribles épidémies à l’origine incertaine. Ludique et informatif, ce documentaire retrace l’histoire de l’hygiène en Occident, depuis les thermes et réseaux d’égouts de l’Empire romain jusqu’aux révolutions hygiénistes de l’âge industriel, en passant par la parenthèse de l’âge baroque, où la peur des miasmes entraîna une véritable aversion pour l’eau… »

https://www.arte.tv/fr/videos/097496-000-A/l-hygiene-a-travers-les-ages/

 

« L’hygiène à travers les âges » de Claudia Spoden

Allemagne, 2021
Sur Arte le 20 mars 2021 à 22 h 30
Disponible du 19/03/2021 au 17/06/2021
Visuels :
© Wikimedia Commons
© bpk
Jusqu’au 5 juillet 2015
Au Musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly. 75016 Paris – France
Téléphone : +33 (0)1 44 96 50 33
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

Visuels

Affiche
Eugène Lomont
Jeune femme à sa toilette
1898
Huile sur toile
54 x 65 cm
Beauvais, Musée départemental de l’Oise
© RMN Grand Palais / Thierry OllivierNicolas Régnier
Vanité ou Jeune femme à sa toilette
Circa 1626
Huile sur toile
130 x 105,5 cm
Lyon, Musée des Beaux-Arts
© 2014. DeAgostini Picture Library/Scala, Florence

Georges de La Tour
La Femme à la puce
1638
Huile sur toile
121 x 89 cm
Nancy, Musée Lorrain
© RMN-Grand Palais / Philippe Bernard

Pays-Bas du Sud
Le Bain, tenture de la vie seigneuriale
Vers 1500
Laine et soie
285 x 285 cm
Paris, musée de Cluny – Musée national du Moyen Age
© RMN Grand Palais (musée de Cluny – musée national du Moyen-Âge) / Franck Raux

« La dame au bain », 1571 – François Clouet
© Les Poissons Volants

Pierre Bonnard
Nu au tub
1903
Huile sur toile
44 x 50 cm
Toulouse, Fondation Bernberg
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau – ADAGP, Paris 2015

Fernand Léger
Les femmes à la toilette
1920
Huile sur toile
92,3 x 73,3 cm
Suisse, Collection Nahmad
© Suisse, Collection Nahmad / Raphaël BARITHEL
ADAGP

Erwin Blumenfeld
Etude pour une photographie publicitaire
1948
Dye transfer
51 x 41,5 cm
Signé en bas à droite
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle, achat en 1986
© Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Bahier / Philippe Migeat (RMN)

Bettina Rheims
Karen Mulder portant un très petit soutien-gorge Chanel, janvier 1996, Paris
1996
C-print
120 x 120 cm
Signé au dos sur le cartel
Paris, collection de l’artiste
© Bettina Rheims
copyright Studio Bettina Rheims

Les citations et les repères chronologiques proviennent du dossier de presse.
Cet article a été publié le 5 juillet 2015, puis le 13 décembre 2015.

 

 

[Source : http://www.veroniquechemla.info]

Claus Drexel signe un nouveau documentaire d’immersion sociologique, humaniste et intime, en donnant la parole aux prostituées transsexuelles du Bois de Boulogne

Critique : Au cœur du bois

Écrit par Fabien Lemercier

« Nous avons tous notre destin, et si on nait avec un sort contraire, on n’en aura jamais de meilleur. » Au bord d’un lac où nagent paisiblement canards et cygnes, dans la lumière mordorée se reflétant sur les feuilles d’automne, une femme chante O fado de cada um. Nous sommes à la lisière de Paris, dans le Bois de Boulogne, et c’est là que le cinéaste allemand Claus Drexel (qui vit et travaille en France) a décidé de filmer dans son style documentaire caractéristique (en plan frontal, avec une caméra fixe à hauteur de celles qui lui racontent leurs existences) une galerie de personnalités des marges : les prostituées, travesties ou transsexuelles, qui ont fait du Bois leur seconde maison et de leur métier (souvent exercé, mais pas toujours, au terme de pénibles tribulations) un espace où règnent les règles d’une tribu plutôt solidaire. Un cinéma vérité de portraits très intimes, mêlant fierté et désespoir, et plongeant en profondeur sous la surface de la vulnérabilité qui fait de Au cœur du bois, dévoilé en première mondiale en compétition nationale au FIPADOC (en ligne cette semaine) le digne successeur de Au bord du monde [+] (sélection cannoise de l’ACID à Cannes 2013) et America [+] (nominé au César 2019 du meilleur documentaire).

Geneviève, Floria, Isidro, Judith, Juliette, Kimberley, Luciana, Lydia, Mélina, Mylène, Florence, Paola, Pirina, Prya, Raquel, Vicky, Yohanni, Samantha : enchâssés dans le film par un montage alterné très fluide et entrecoupés de très beaux plans atmosphériques du Bois (de jour comme de nuit, signés par le talentueux directeur de la photographie Sylvain Leser), les récits composent peu à peu un tableau très révélateur et intensément humain de l’exercice de la prostitution : pourquoi on est arrivé là (du Pérou, du Portugal, des Antilles, du Brésil, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou d’ailleurs, d’un job de vendeuse ou dans une maison de retraite), comment on trouve sa place dans cette communauté particulière, comment on exerce son activité (dans une camionnette, sous une tente ou derrière un arbre), qui sont les clients, quels sont les risques, le sensations, les gains, l’historique des lieux, les changements administratifs, la vie privée en dehors, etc. ?

Se dessinent des caractères très différents (des fantasmes ludiques à l’orgueil professionnel, de la tristesse poignante au sacrifice pour le reste de la famille, de l’errance cabossée à la déconnexion sensorielle) que relie souvent un point commun très puissant qui n’est pas sans lien avec leur présence au Bois : la transsexualité. Un désir d’être autre que le genre dans lequel elles sont nées ayant suscité un rapport conflictuel à une société éprise de normalité (« c’est la vie, il faut s’accepter comme on est et se battre ») et généré une relation ultrapersonnelle à leur propres corps.

Des silhouettes et des visages que Claus Drexel filme et interroge avec bienveillance mais sans complaisance, laissant émerger naturellement tous les profonds et forts courants émotionnels dissimulées sous la très épaisse carapace du dur quotidien de ces belles d’un Bois qui semble leur appartenir (ne passent épisodiquement dans le cadre que des chevaux de cours d’équitation et quelques policiers à vélo, sans oublier bien sûr les voitures des clients) comme des personnages à la fois hors normes et infiniment humains peuplant un monde à mi-chemin entre la modernité tranchante et le conte flottant hors du temps.

Produit par Daisy Day Films, Au cœur du bois sera distribué en France par Nour Films. Les ventes internationales sont pilotées par The Party Film Sales.

[Source : http://www.cineuropa.org]

Escrito por Enrique Dans

Hace tres meses que tomé la decisión de cambiar de navegador: abandoné el más popular del mundoChrome, y pasé a Brave, mucho más minoritario (habitualmente incluido en el capítulo de «otros» en las estimaciones), desarrollado sobre el mismo núcleo de código abierto, Chromium, pero de gestión completamente independiente.

La razón fundamental para el cambio fue el interés por reducir mi dependencia de Google, las incomodidades que me generaba la interacción de Chrome con algunas de las extensiones que utilizo para tratar de preservar mi privacidad, y sobre todo, mis dudas con respecto a la evolución del navegador y a los planes de futuro que para él parece estar preparando Google.

El resultado del cambio no puede ser más exitoso: en los tres meses que llevo utilizándolo, mis problemas de compatibilidad con determinadas páginas han desaparecido, no veo ni un solo anuncio en ningún sitio, la carga de páginas es sensiblemente más rápida, y el consumo de recursos de mi máquina, muy inferior. Durante los tres meses que llevo analizándolo, en ningún momento me he encontrado a Brave en la lista de programas que consumen más recursos, una lista que Chrome, habitualmente, siempre encabezaba.

Primera precaución: esto no es un análisis del funcionamiento de Brave para un usuario, digamos, «normal». Mis características como usuario son bastante especiales: dependo bastante de algunas extensiones, lo que impide que pueda plantearme utilizar, por ejemplo, un navegador como Safari. Además, utilizo mi navegador muchas horas cada día, lo que hace que el consumo de recursos sea una preocupación: lo mantengo abierto en todo momento con una serie de páginas cargadas y fijadas en todo momento. Un ahorro de décimas de segundo en la carga, cuando te pasas buena parte del día utilizando el navegador, acaba siendo un tiempo significativo.

Por último, no he probado ninguna de las prestaciones adicionales que Brave ofrece para administrar publicidad específica y ganar dinero con ello, o para gestionar monederos de criptomonedas. A mi navegador le pido que me muestre páginas lo antes posible, que me bloquee elementos que atentan contra mi privacidad, que no me muestre anuncios y pocas cosas más. Por tanto, cero interés en esos elementos. Mi impresión tras tres meses de uso es que esos elementos están ahí para quien los encuentre interesantes, pero si no los quieres utilizar, no afectan en absoluto ni a la seguridad, ni a la confianza que el navegador me genera. Simplemente desconecté esas opciones nada más entrar, y no he vuelto a saber de ellas. Su existencia, sobre todo la de Brave Rewards – publicidad administrada por Brave y reparto de ingresos con el usuario – ha podido asustar a muchos que la han podido estimar como excesivamente agresiva, pero la realidad es que si no la activas específicamente, simplemente, no la ves jamás.

Es importante saber que, además de cambiar a Brave, aproveché para cambiar de bloqueador de publicidad (pasé de AdBlock a Ghostery) y para intentar cambiar de buscador a DuckDuckGo, con resultados desiguales. El paso a Ghostery no ha podido ser mejor: la publicidad, simplemente, ha desaparecido de mi vista completamente, lo que supone un ahorro considerable de tiempo, de molestias y de atención. Ha desaparecido incluso dentro de Google, de YouTube o de Gmail. Simplemente, mi experiencia de la web no incluye ya publicidad: me he olvidado de que existe.

DuckDuckGo, en cambio, me ha resultado un buscador objetivamente peor que Google, lo que me lleva a tener que hacer algunas búsquedas ocasionales en Google con relativa frecuencia, sobre todo aquellas que tienen que ver con imágenes, pero también algunas otras. Mi decisión ha sido, por el momento, seguir manteniendo DuckDuckGo como motor de búsqueda por defecto, pero tanto para imágenes como para algunas búsquedas termino utilizando los !Bangs, sobre todo !g o !gi, para pasar mi búsqueda directamente a Google o a Google Images sin necesidad de volverla a teclear.

Otro de los cambios verdaderamente interesantes que he encontrado es el bloqueo sistemático de las cookies de terceros: en Brave, como en Safari o en Firefox, el estado del navegador por defecto es el de no aceptar cookies de terceras partes, con la posibilidad de hacer clic al final de la barra de direcciones para optar por bloquear también todas las cookies. Además, Brave bloquea sistemáticamente rastreadores, anuncios, scripts y fingerprinting.

Bloquear estos elementos ha supuesto una diferencia verdaderamente significativa con respecto a Chrome, que es el único de los grandes navegadores que aún acepta cookies de terceros (y que las seguirá aceptando hasta 2022). Además, aunque los planes de Google para Chrome incluyen dejar de aceptar esas cookies, a cambio, como corresponde a una compañía que obtiene la mayoría de sus ingresos de la publicidad, pretende generar todo un ecosistema, potencialmente problemático desde el punto de vista de la legislación antimonopolio, en torno a la llamada Federated Learning of Cohorts o FLoC, que permita segmentar a los usuarios en función de sus intereses. Una práctica marginalmente mejor que la identificación de mi identidad como tal, pero con lo que, simplemente, digo sin encontrarme a gusto, y más si se desarrolla a partir de un dominio del mercado como el que Chrome tiene a día de hoy.

El resultado del experimento, por tanto, ha sido netamente positivo: navegación más rápida, con menor consumo de recursos, sin publicidad y con posibilidad de seguir utilizando todos los plugins que considero importantes en mi día a día. En estos tres meses, no he abierto Chrome para nada: cuando quiero utilizar un segundo navegador, cosa que necesito hacer a menudo para ver la publicidad en una página, para obtener una experiencia sin login o para manejar cuentas alternativas, abro Safari o Firefox. Y decididamente, hasta nuevo aviso, me quedo con Brave.

 

[Fuente: http://www.enriquedans.com]

Es fácil culpar a los ciudadanos y ciudadanas por la rapidez con la que entregamos nuestros datos a cambio de un poco de comodidad. Pero lo cierto es que estamos jugando con cartas marcadas: pretender que sea la ciudadanía quien cargue con el peso de la desigualdad económica y social que implica proteger sus datos.

Escrito por MARIANNE DÍAZ

Hace pocos días se hizo público que los exámenes médicos y la información de salud de miles de personas habían sido expuestos debido a fallas de seguridad de los prestadores chilenos de servicios médicos RedSalud y Bupa. Sin embargo, el manejo de la noticia vino dado con un enfoque de peso en los datos de salud de diputados, senadores y otras autoridades, como si esta información sensible fuera la que originara la gravedad del fallo.

A principios de la pandemia mundial por COVID-19 se publicó la información georreferenciada de personas que habían dado positivo al test de diagnóstico de la enfermedad; el medio responsable señaló que no los había publicado con detalle “para evitar peleas entre vecinos o actos de discriminación”. 

Este nivel de indolencia y lassez-faire en el manejo de la información privada es endémica: basta prestar atención por cinco segundos para notar cómo en América Latina nuestros números de identificación personal (llámese cédula, RUT, carnet o como prefieran) están esparcidos por las bases de datos más diversas, públicas, privadas, gubernamentales, bancarias y de retail, que se los intercambian como fichas de bingo. En Venezuela, a más inri del sistema de vigilancia omnipresente, el propio gobierno ha inventado mecanismos de phishing para obtener datos sobre la conducta política de sus ciudadanos.

Es fácil en este punto culpar a los ciudadanos por la facilidad con la que estamos dispuestos a entregar nuestros datos a cambio de un poco de comodidad, a dar nuestro número de identificación para obtener un descuento o a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google para evitar crear una nueva contraseña.

Lo cierto es que estamos jugando con cartas marcadas: pretender que sea el ciudadano el que cargue con el peso de la desigualdad económica y social que implica proteger sus datos. Perderse ese descuento que puede, hacer una diferencia a fin de mes; o tener el tiempo y el conocimiento necesario para comprender cuál es el trasfondo de usar una red social en lugar de otra menos privada. Eso es trasladar responsabilidades a quien menos debería acarrear con ellas.

Si nuestros propios gobiernos no son capaces de enfrentar el problema de la protección de los datos personales con la seriedad que merece, si manejan bases de datos centralizadas e inseguras que son vulnerables ante cualquier ataque y tampoco toman las medidas necesarias para sancionar a las empresas privadas que llevan a cabo las mismas prácticas, entonces de nada vale que nos pongamos el sombrero de papel aluminio y nos alejemos de la vida en sociedad.

¿Tendrá sentido que —de aquí a una década o quizás antes— tengamos que inventar nuevos mecanismos de verificación porque los patrones de nuestras huellas digitales se han perdido en una tras otra filtración de datos y ahora se requieren para hacer trámites bancarios, para comprar cosas, para entrar a nuestra casa o para desbloquear nuestro teléfono?

¿Valdrá la pena llorar sobre la leche derramada una vez que nuestra privacidad haya sido vulnerada hasta el punto de no retorno? ¿O quienes no tienen “nada que ocultar” publicarán finalmente la contraseña de su cuenta bancaria?

Hasta que no comprendamos la gravedad de un problema que nos afecta a todos y todas, no solo a diputados y ministros, nuestros datos personales seguirán siendo fichas de intercambio en un juego en el que la casa siempre gana.

 

 

[Fuente: http://www.derechosdigitales.org]

Violencia y oscuros detalles rodearon el crimen del actor, nacido el 6 de febrero de 1899

Ramón Novarro (Foto: Twitter@buenastardesmx)

Ramón Novarro

El éxito de Ramón Navarro se debió a la imagen que generó en sus películas, es decir, un latin lover de los años 20 que no forzaba a las mujeres para que estuvieran con él sino que las seducía con encanto juvenil.

La carrera de este actor de cine mudo estuvo definida por su mentor artístico Rex Ingram, un director que buscaba originalmente un reemplazo para el primer sex symbol de la historia, Rodolfo Valentino, quien había formado otro estudio cinematográfico.

Ramón Novarro, nacido el 6 de febrero de 1899 en Durango, emigró con su familia a Estados Unidos, donde pasó varios años trabajando como camarero, extra y modelo de desnudos en una escuela de arte hasta que se encontró con la coreógrafa Marion Morgan, quien lo contrató para que se uniera a su cuerpo de baile.

La atención que Kenneth Anger da a los detalles de la muerte de Ramón en su libro Hollywood Babylone hacen que esta sea la versión más conocida: habría sido golpeado, torturado y ahogado con un consolador que le había regalado Rodolfo Valentino, su supuesto amante, la noche del 30 de octubre de 1968.

Ramón Novarro (Foto: Twitter@buenastardesmx)

Ramón Novarro

De acuerdo con el episodio 145 del podcast You must Remember this (Usted debe recordar esto), de la periodista Karina Longworth, la descripción sobre la escena del crimen donde los hermanos Fergunson asesinaron a Ramón solo tuvo el objetivo de señalar que era homosexual.

Su participación en el grupo de baile de Marion Morgan podría haber sido la primera vez en que convivió con personas abiertamente homosexuales, ya que la coreógrafa mantenía relación con la directora Dorothy Arsner.

Esta convivencia podría haberlo ayudado a aceptar su sexualidad y comprender que no tenía que reprimir su vida personal para tener un una carrera artística en el mundo del espectáculo.

Ramón Novarro (Foto: Twitter@buenastardesmx)

Ramón Novarro

El apellido de Ramón era Samaniego, sin embargo, a Rex Ingram, su mentor, le parecía que era demasiado difícil de escribir y de recordar, así que le sugirió al joven talento un nombre artístico, el actor accedió a cambiarse el apellido a Novarro, inspirado en su amigo Gabriel Navarro, otro inmigrante mexicano.

Ya que Rex Ingram, director de El Prisionero de Zenda (1937) tenía como objetivo reemplazar a Rodolfo Valentino, constantemente le aconsejaba que no elevara su ego como lo había hecho su anterior pupilo, pues le decía que era él quien pagaba por publicaciones que dijeran “que era un genio y la reencarnación de Apolo”.

El director de dicha película llegó a pensar que Ramón, de 23 años, era demasiado joven para interpretar el rol de Rupert of Hentzau, sin embargo el mexicano logró obtener el papel después de tres audiciones, con una buena recepción de la crítica.

Ramón Novarro participó en más de 50 películas

Ramón Novarro participó en más de 50 películas

Novarro participó en más de 50 películas, en 1923 fue cuando empezó a actuar en papeles más importantes, dos de estos éxitos son Scaramouche (1923) y su papel protagónico en Ben-Hur (1925).

La manera en que se representó su vida pública fue clave en el éxito que tuvo en la industria del cine, a pesar de los estereotipos reinantes en Hollywood.

Durante un tiempo existieron rumores de que la productora para la que trabajaba, la Metro-Golden Mayer, le habría sugerido contraer matrimonio con alguna mujer para disipar dudas sobre su orientación sexual. Sin embargo, eso nunca fue verdad, ya que en realidad controlaban las publicaciones sobre su vida privada.

En las publicaciones de la época, Herbert Howesu publicista y presunta pareja, aparecía como su mejor amigo, sin que esa amistad despertara alguna sospecha en su público.

Fue una de las figuras en la época del cine mudo (Foto: Twitter@buenastardesmx)

Fue una de las figuras en la época del cine mudo

La carrera de Ramón tuvo un declive cuando terminó su relación con Howe en 1928, ya que el actor se quedó sin un importante aliado en la promoción de su trabajo y en la protección a su privacidad; aunque tuvo un impulso con la película The Pagan (El Pagano), de 1929.

Después de la crisis económica de 1930, el actor se negó a aceptar una reducción en su salario, así que después de no volver a levantar su carrera, recibió 90 mil dólares del estudio para finalizar su contrato.

Durante 30 años posteriores consiguió papeles como actor de reparto y participó en obras teatrales, éxitos opacados por sus constantes incidentes manejando ebrio.

Su carrera entró en declive en los años 30 (Foto: Twitter@buenastardesmx)

Su carrera entró en declive en los años 30

Respecto a su muerte, el 30 de octubre de 1968, Ramón habría aceptado un servicio sexual de un joven que lo habría llamado por teléfono, su nombre era Paul Fergunson, quien llegó a su domicilio con su hermano Tom, de 17 años.

Los hermanos tenían la intención de robarle 5 mil dólares que supuestamente Ramón guardaba en la casa para hacer remodelaciones, a la mañana siguiente, el asistente de Ramón, quien había tomado un día libre, encontró su cadáver.

No existe alguna evidencia de los detalles de su muerte descritos por el director de Scorpio Rising (1963), Kenneth Anger. Fue hasta su muerte cuando el público escuchó que Ramón era homosexual, pues durante el juicio, los abogados de los hermanos Fergunson trataron de desprestigiar a Novarro, al decir que se había buscado la muerte por su “aberrada conducta sexual”.

 

[Fotos: Twitter@buenastardesmx – fuente: http://www.infobae.com]

[BLOG You Will Never Hate Alone] Dans l’affaire qui oppose Richard Berry à sa fille, nous voilà pris au piège de deux sentiments qui s’opposent: la compassion et la nécessité de préserver à tout prix la présomption d’innocence.

Richard Berry le 21 septembre 2017. | Lionel Bonaventure / AFP

Richard Berry, le 21 septembre 2017

Écrit par Laurent Sagalovitsch 

L’un des problèmes posé par les révélations faites par la fille de Richard Berry est que de nouveau nous voilà sommés de prendre parti dans une affaire qui ne nous concerne ni de près ni de loin. Pire, quelle que soit la nature de nos sentiments, ces derniers iront forcément à l’encontre d’un des deux principes qui sont au cœur même de notre humanité: la solidarité quasi instinctive avec la victime et la nécessité de clamer qu’une société qui s’assoierait sur le principe de la présomption d’innocence romprait son attachement à l’idée de civilisation telle qu’on l’entend depuis la nuit des temps.

C’est un principe inaliénable: quiconque se voit accusé sur la place publique de faits hautement répréhensibles, tant que cette personne conteste la version donnée par la partie adverse et jusqu’au jour de son jugement, cette personne demeure envers et contre tout rigoureusement innocente. Le problème étant que ce principe fondamental se heurte à la logique de la justice médiatique laquelle accuse, juge et condamne sans laisser à l’accusé la moindre chance de s’en sortir.

Quand bien même la justice finirait par le laver de tout soupçon, l’écume même de la dénonciation continuera à le poursuivre jusqu’à la fin de ses jours et même au-delà. Coupable ou innocent, il perdra tout: son honneur, sa réputation, l’essence même de sa vie. Certes, s’il est coupable, il n’aura eu que ce qu’il mérite. Mais s’il ne l’est pas? S’il s’avère que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient que l’expression d’un trouble de la personnalité, d’une distorsion de la réalité, comment donc cette personne pourrait retrouver la sérénité de sa vie d’avant?

C’est ce qu’il y a de tragique et de douloureux dans ces affaires qui remontent si loin dans le passé. On sent bien que quel que soit le zèle mis par la justice -s’il n’y a pas prescription– ou même la qualité des témoignages recueillis, la vérité n’apparaîtra jamais dans toute sa clarté. On restera à jamais dans une zone grise, cette sorte de clair-obscur de l’intime où à la parole de l’un répondra la parole de l’autre sans qu’on puisse établir d’une manière certaine la véracité des propos tenus.

La victime supposée maintiendra ses dires, la personne accusée clamera son innocence, et nous malheureux public, nous resterons à contempler les uns et les autres s’agiter dans un dévoilement de la vie privée qui nous mettra singulièrement mal à l’aise. De ces deux individus qui s’affrontent sous nos yeux nous ne savons rien, nous ne pouvons rien savoir. À jamais l’assise de leur personnalité, la construction de leur relation, l’intensité de leur animosité, la profondeur de leur ressentiment, nous resteront nimbés de la lumière de l’équivoque.

À aucun prix, nous ne souhaiterons remettre en cause le témoignage de l’accusatrice. Le simple fait d’avoir pu être victime d’attouchements de nature sexuelle à un âge précoce nous la rendra d’emblée sympathique et suscitera notre indéfectible compassion. Par ce simple mécanisme de transfert qui fait que nous n’aurions aimé à aucun prix être à cette place, nous tairons en nous ce petit sifflement du doute qui chantonne au loin sa petite complainte.

Et l’accusé aura beau jeu d’aligner démentis sur démentis, de jurer sur tous les dieux de la terre sa parfaite innocence, il aura toutes les peines du monde à se faire entendre. Face à lui se dressera cette terrible assertion, ce syllogisme de l’évidence contre laquelle il ne pourra rien: pourquoi donc irait-on inventer pareils bobards? Quelle serait donc la personne assez dérangée pour se répandre en de pareilles accusations si elles n’étaient pas l’expression même de la vérité?

Évidemment, ce serait mal connaître le cœur humain et les impossibles conflits dans lesquels parfois il se débat. Ce serait aussi nier la complexité même de la nature humaine, les profondeurs où parfois elle plonge et s’agite, ces insondables mystères dont elle s’entoure quand elle agit d’une manière qui semble défier toute logique. De ces vertiges de l’âme prise aux pièges de ses propres contradictions naissent de temps à autre des drames dont nous ne saisirons jamais la logique interne, le cheminement intérieur.

Ces subtilités ne pèseront guère face à la gravité des accusations. La plupart du temps, elles seront même révoquées avec colère par ceux et celles qui se tiennent aux côtés de la victime. Comment osez-vous rajouter de la souffrance à la souffrance? Comment pouvez-vous remettre en cause la version de cette personne qui a déjà eu à souffrir autant dans la vie? Savez-vous seulement les dégâts occasionnés par ce genre de sévices, cette destruction de la personnalité qui empêche la naissance du bonheur?

Non, nous ne pouvons pas. Non, nous n’oserons pas. Non, nous ne savons pas.

Et c’est bien là tout le problème.

 

[Photo : Lionel Bonaventure/AFP – source : http://www.slate.fr]

 

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Constitucional

Os ministros do STF decidirão na primeira sessão judiciária deste ano, na quarta-feira (3), se, no Brasil, existe o direito ao esquecimento. Apesar de tratar-se de uma disputa sobre a transmissão de um programa da TV Globo a respeito de um crime ocorrido na década de 1950, o julgamento tem contornos diferentes e mais extensos do que aparentam à primeira vista.

O conceito de direito ao esquecimento não é previsto na legislação brasileira, mas tem sido discutido nas instâncias inferiores por meio dos inúmeros pedidos de remoção de conteúdo que chegam aos tribunais. A controvérsia coloca, de um lado, a liberdade de expressão e informação e, de outro, direitos à honra, intimidade, privacidade e ressocialização.

Dois casos: um espanhol, um brasileiro

A expressão foi importada da Europa. Ela ganhou destaque a partir de uma ação envolvendo o Google na Espanha, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em maio de 2014. Depois de deixar de pagar dívidas com a seguridade social, o imóvel do advogado Mario Costeja González foi levado a leilão, conforme noticiou no jornal La Vanguardia, em 1998.

A dívida, no entanto, foi paga, e a venda judicial suspensa. A partir de 2009, o advogado passou a buscar a desindexação de seu nome das ferramentas de busca.

O recurso extraordinário que chegou ao STF é anterior ao caso espanhol. De início, não mencionava o termo e o conceito, mas eles passaram a ser suscitados pela defesa dos familiares de Aída Curi, que foi assassinada em 14 de julho de 1958. O crime foi relembrado pelo programa Linha Direta, da TV Globo, o que desagradou a família de Curi.

Como o recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida, estudiosos, empresas e setores da sociedade civil que trabalham com liberdade de expressão têm o receio de que o debate possa limitar a liberdade de expressão e a atuação de empresas e jornais na internet. De acordo com o Google, por exemplo, “o Brasil é um dos países do mundo onde a empresa mais registra pedidos de remoção de conteúdo”.

Aida Curi, jovem que foi estuprada e assassinada em 1958 no Rio de Janeiro, contra a TV Globo. Os familiares relatam que o crime foi alvo de cobertura intensa da imprensa à época e protestam que, quase 50 anos depois, a história tenha voltado aos holofotes no programa « Linha Direta Justiça » em 2004.

Os familiares lutam « pelo reconhecimento do seu direito de esquecer esta tragédia » e resgatam uma tese reconhecida e defendida na Alemanha e em casos isolados no Brasil. Um deles diz respeito a uma promotora que venceu no STJ em 2018, uma quizila judicial para ter seu nome desassociado de notícias de uma suposta fraude em um concurso por vaga no TJ do Rio de Janeiro.

A defesa da Globo

A TV Globo defende que a veiculação do programa tinha como finalidade o relato de acontecimentos históricos, de interesse público, « relacionados a crimes de grande repercussão e seus respectivos julgamentos pelo poder Judiciário ». A emissora argumenta que os direitos à intimidade e imagem de Aida Curi e seus familiares não se sobrepõem ao interesse da sociedade em ter o acesso às informações sobre um fato histórico.

A empresa venceu o caso no STJ, que considerou que não era possível tratar do acontecimento de uma forma jornalística sem mencionar o nome de Aida Curi, logo não existia a possibilidade de esquecimento.

Como a família levou o processo para o STF, que reconheceu a repercussão geral no tema e viu a oportunidade de analisar se o direito ao esquecimento pode ser aplicado na esfera civil, o Google entrou no processo como uma das partes interessadas que farão colaborações ao julgamento.

Também participarão com o mesmo papel a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), o ITS-Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro), a Artigo 19, o IBDCIVIL (Instituto Brasileiro de Direito Civil), o Instituo Palavra Aberta, o Instituto de Direito Partidário e Político/PLURIS e a Yahoo! do Brasil. (RE nº 1.010.606).

Direitos de respostas

As garantias constitucionais da liberdade de expressão e acesso à informação são pauta também das ações que tratam de direito de respostas, que estão na pauta para pouco mais de um mês depois – no dia 10 de março. A Associação Nacional dos Jornais (ANJ) questiona cinco dos 12 artigos da Lei nº 13.188/2015, que “dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social”. A OAB e a ABI também apresentaram ações sobre o tema.

O ministro Dias Toffoli é o relator de todas as ações. De acordo com a ANJ, “a norma, a pretexto de imprimir celeridade ao exercício do direito de resposta, afronta diversas garantias constitucionais que são caras ao Estado Democrático de Direito, a exemplo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, do princípio da isonomia e da inafastabilidade do controle jurisdicional, além do princípio da proporcionalidade”. (ADI nº 5.436).

[Ilustração de Eduardo Pedro – Google Imagens – fonte: http://www.espacovital.com.br]

Somos una sociedad que consume una oferta cultural de ‘streamings’ infinita. Pero ¿somos también la más culta de la historia? ¿O acaso la más manipulada por el dichoso (y opaco) algoritmo? Soto Ivars y Ernesto Caballero analizan la paradoja


Juan Soto Ivars
Periodista y narrador

El algoritmo de Kafka

Franz Kafka es el humorista al que menos se le han entendido los chistes en toda la historia de la literatura universal. El proceso ha dado lugar a las interpretaciones más originales. Se lee distinto en la Rusia soviética y en la Marbella de Jesús Gil. Lo que yo propongo es una lectura pensando en el mundo de los algoritmos.

Notamos en seguida en la novela una atmósfera regida por la ausencia absoluta de intimidad y levantamos las orejas. Los dos guardianes que aparecen para notificar el arresto de K lo hacen mientras él duerme, por la mañana temprano, con tan poca delicadeza como el algoritmo de notificación que convierte a nuestro teléfono en el mensajero indiscreto de todo lo que nos hemos perdido por dormir.

Mientras le notifican el arresto hay gente mirando desde la calle, por la ventana. La violación de la privacidad persiste durante todo el libro, como pasa en La metamorfosis, donde lo más horrible de convertirse en insecto es que la habitación tenga tres puertas y sea imposible estar solo. Como si fueras trending topic antes de la hora de desayunar.

Los guardianes dicen a K que está arrestado pero es libre. Puede trabajar, salir de excursión, visitar el café y lo citan un domingo para no fastidiar sus planes. En esa capacidad de elección castrada, sometida a un arresto ontológico, podemos encontrar un soniquete cuando algoritmos de personalización nos “ayudan a elegir”. Además, en el centro de la pesadilla de Kafka está la economía del like y la atención. La sala de vistas es una habitación llena de gente que ha formado aparentemente dos bandos. Al notar que hay personas favorables a su causa, K lanza un discurso denunciando su proceso y los abusos a los que se le somete. Su discurso apasionado quedará interrumpido cuando la multitud se gire para divertirse con una escena sexual absurda entre un estudiante y la dueña de la casa, que estalla sin previo aviso. Las siguientes frases de Kafka podría repetirlas cualquier habitante del mundo digital: “Se vio enfrentado cara a cara con la multitud. ¿Era correcto su juicio sobre aquella gente? ¿Se había hecho excesivas ilusiones sobre los efectos de su discurso?”.

Molesto por toda esa gente distraída, les dice K: “Habéis acudido en masa para escucharme y husmear, habéis aparentado que formabais bandos opuestos, y uno de los bandos aplaudía para ponerme a prueba. ¡Queríais aprender la forma de engañar a un inocente! Muy bien, no ha sido inútil vuestra venida, os habrá divertido el hecho de que alguien esperase de vosotros la defensa de la inocencia”.

Vivimos todo el día entre dos mundos. Desde el analógico, las normas que rigen el digital recuerdan demasiado a las novelas de Kafka. Un sitio regido por leyes que no se nos revelan, donde los castigos parecen arbitrarios y suponen formas de desaparición, y donde nuestros movimientos y estímulos están mediados por mecanismos automáticos que se guardan con celo en el hermético algoritmo.

Si no tiramos el móvil por la ventana al darnos cuenta es porque, como los personajes de Kafka, tomamos decisiones sin tocar la libertad.


Ernesto Caballero
Dramaturgo y director de escena

Salir de casa

No hace mucho, reunirse a una hora determinada frente al televisor era un entrañable ritual doméstico. La familia que veía junta la tele permanecía unida. Rito y sociedad en una escala mínima, esencial, se daban en ese juntarse que tenía sus correspondencias en otros ámbitos: bares, deportes, exposiciones, conciertos, teatro… Todos reunidos para compartir un mismo espacio-tiempo para la diversión.

Este modelo tradicional de celebración grupal se ha visto mermado, en estos tiempos de repliegue y prevención, por la avalancha de internet y las grandes plataformas audiovisuales. La nueva normalidad es digital. Una vasta y, en muchas ocasiones, excelente oferta, ha modificado drásticamente los hábitos de ocio en una nueva clase de consumidores recluidos y desintegrados que ya no cabe llamar público.

Se trata de un fenómeno tan enriquecedor como disruptivo, similar al acaecido en su día con la revolución sociocultural que trajo consigo el desarrollo de la imprenta. Hoy, como entonces, la profusa difusión de todo tipo de contenidos ha terminado por generar confusión y falta de discernimiento entre los usuarios. De ahí que se suscite la cuestión acerca de nuestra capacidad selectiva, que en ello estriba ese lábil significante llamado Cultura: saber, más que poder, elegir.

Las grandes plataformas con su extenso y variado buffet codician un atiborramiento incesante, incompatible con el recorrido reflexivo posterior a la experiencia: un innecesario e improductivo remanso para el negocio de atrapar la atención del espectador. La nueva normalidad digital anula el tiempo de asimilación, el debate íntimo o compartido, la impresión perdurable en la memoria. Su fórmula más rentable es el atracón. Como señala el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, “a los consumidores se les ofrecen continuamente aquellas películas y series que se ajustan por entero a su gusto. Se los ceba como a ganado de consumo con lo que siempre vuelve a resultar igual. Los ‘atracones de series’ se pueden generalizar declarándolos el modo actual de percepción”.

Además, la customización de la oferta (lo que quieras a la hora que quieras) crea un espejismo similar al que se da en las redes sociales: mi mundo es el mundo; un mundo a salvo de la contaminación de lo distinto, un mundo en pantalla que rehúye presencias reales. La conciencia colectiva tiende a disiparse. Esta desmaterialización del otro (potenciada hoy por la pandemia) es profundamente asocial y, por tanto, antinatural. Ello explica, más allá de irresponsables conductas, buena parte de las trasgresiones de las normativas de confinamiento. El aislamiento con todo su dispositivo de pasatiempos prêt-à-porter y su estrategia descorporeizadora de la vida social tendría un límite.

Resultaría, pues, inevitable la revitalización de ritos ciudadanos –exposiciones, conciertos, cine, teatro– que responderían a la humana pulsión de que uno, por más que se empeñen, finalmente necesita salir, libre, expuesto y receptivo, de su propia casa.

 

[Fuente: http://www.elcultural.com]