Archives des articles tagués Procédures

La comunidad judía de Oporto presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea alegando una conspiración antisemita contra los miembros ricos de la comunidad judía portuguesa y la organización judía más fuerte de Portugal, lo que perjudica los intereses financieros de la Unión Europea.

Escrito por Shelly Paz

La denuncia se presentó con la asistencia de abogados de Portugal, EE. UU. e Israel, así como la Asociación Judía Europea, la organización que representa la unión de las comunidades judías de Europa; desde Portugal hasta Ucrania.

La denuncia descrita con todos sus detalles también ha sido publicada en un libro con el título “La primera gran conspiración antisemita del siglo XXI”, que se puede descargar de forma gratuita aquí (https://firstmajorconspiracy.com ). Se está enviando una copia del libro a bibliotecas de todo el mundo y se enseñará en varios programas de estudios de antisemitismo.

Según la comunidad judía de Oporto, “personas no reveladas entre las élites gobernantes portuguesas unieron los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y medios de comunicación en una violenta conspiración antisemita. Los objetivos de la conspiración eran rechazar políticamente la gran afluencia de ciudadanos israelíes interesados en la nacionalidad portuguesa, destruir la ley sefardí en un contexto de terror, para que nadie pudiera salir a defender esa ley (para evitar ser acusado de colusión con el fraude), y producir una “querella criminal” basada en denuncias anónimas que pretenden destruir al empresario judío Patrick Drahi, judíos adinerados de origen portugués y la comunidad judía de Oporto, posiblemente la organización judía más fuerte de Europa en términos de religión, cultura, educación y la lucha contra el antisemitismo. El poder judicial portugués fue utilizado políticamente como un instrumento”.

“La Fiscalía Europea no tiene legitimidad legal para investigar casos de antisemitismo, pero en este caso hay indicios de corrupción por parte de las élites gobernantes y esto perjudica a todos los ciudadanos de Europa”, dijo el presidente de la comunidad judía de Oporto, Gabriel Senderowicz.

“Nuestro objetivo es documentar la conspiración, incluso si la Fiscalía Europea decide no hacer nada al respecto. Nos aseguraremos de que esta información se difunda en todas partes donde sea necesaria la educación sobre el antisemitismo. El antisemitismo moderno en Europa no ataca a los judíos en general como en el pasado, sino solo a las verdaderas fortalezas judías: comunidades fuertes, judíos ricos, leyes beneficiosas para los judíos y el Estado de Israel. En la Unión Soviética, las comunidades “no tan fuertes” no fueron destruidas, ya que servían de publicidad al régimen político. Cualquiera que visite Moscú podría visitar una hermosa sinagoga con puertas abiertas y servicios, pero prácticamente muerta, sin vida judía relevante “.

En la demoledora denuncia de 113 páginas presentada la semana pasada ante la Fiscalía Europea, la comunidad judía de Oporto afirma que “los conspiradores utilizaron una organización criminal dedicada a redadas nocturnas en domicilios particulares y despachos de abogados supuestamente relacionadas con Patrick Drahi, así como falsas acusaciones de narcotráfico, y también utilizaron fuentes “anónimas” que ya habían anteriormente sido condenadas judicialmente por difamación contra miembros y colaboradores de la comunidad judía de Oporto”.

La comunidad judía de Oporto dice: “La conspiración, paternalmente guiada desde arriba y con intereses internacionales en el medio, ha usado toda una amalgama de personas” como –el exministro de Relaciones Exteriores Augusto Santos Silva, quien fue autor moral de la destrucción de la ley de los sefardíes “por una ‘cuestión palestina”, la exvicepresidenta de la bancada parlamentaria del Partido Socialista Constança Urbano de Sousa, quien comparó la reproducción exponencial de los sefardíes con el coronavirus (y dijo que junto con sus dos hijos va a ser responsable de un millón de descendientes dentro de 250 años), y la ministra de Justicia, Francisca van Dunem, quien elaboró un reglamento que puso el fin a la ley sefardí en términos prácticos a partir del 1 de septiembre de 2022, y recogió denuncias “anónimas” de la escoria de la sociedad y las envió a “investigación criminal” por parte de autoridades cuyos líderes ella misma nombró.

Gabriel Senderowicz dijo: “La soberanía del Estado portugués que puede terminar o cambiar esta ley y cualquier otra ley en cualquier momento no está en cuestión, pero el procedimiento podría y debería haberse implementado sin poner en peligro la imagen y la seguridad de los judíos sefardíes y las comunidades judías portuguesas. Eso no es lo que há sucedido durante dos años”.

La denuncia menciona el papel destructivo de algunos influencers, así como de periodistas de los diarios Público y Expresso y de los canales de televisión “SIC” y “RTP”. “Durante ocho meses nunca mencionaron un solo efecto positivo de la ley sefardí, calificaron una sinagoga llena, restaurantes kosher y museos llenos de gente como “opulencia”, y redujeron la llamada ley sefardí a las tarifas cobradas por la comunidad judía de Oporto (250 euros).

Estos influencers y periodistas siempre actuaron contra el honor de los miembros de la comunidad y de solicitantes que han sido certificados, y solo hablaban sobre sospechas de supuesta corrupción, Mossad, oligarcas, drogas canábicas, ganancias y grandes negocios”, de acuerdo con lo mencionado en la denuncia.

Senderowicz agrega: “Semana tras semana, familias enteras fueron objeto de exposición calumniosa en los periódicos y la televisión, todo basado en denuncias anónimas y fuentes anónimas. Nadie escapó a este tipo de “purificación” al estilo de la Inquisición, desde los líderes religiosos y seculares –rabinos, presidentes, expresidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios– así como el museólogo, e incluso el portero y amigos de la comunidad. Ancianos llorando, niños con miedo de ir a la escuela porque eran judíos y el gran rabino siendo atacado en un supermercado”.

En resumen, la operación policial “Puerta Abierta” que fue presentada a todo el mundo como una venta de pasaportes por parte de un rabinato que actuó por dinero, es una operación “Cuestión Palestina” dirigida por personas entre las élites portuguesas que ataca a los judíos israelíes, a los judíos ricos y a todas las realidades judías relevantes relacionadas con Portugal.

Hay evidencia de intercambio de favores, uso del poder judicial con fines políticos, teorías de conspiración, robos nocturnos a bufetes de abogados y casas particulares, falsas acusaciones de narcotráfico y esquemas con Rusia, y uso de denuncias “anónimas” que en realidad fueron realizadas por agentes del Estado, calumniadores profesionales y condenados por difamación, todo ello articulado con una campaña mediática asesina protagonizada por media docena de periodistas e influencers para destruir la credibilidad de una ley, líderes comunitarios y personas de origen sefardí que habían sido aprobadas en cumplimiento de la ley.

“El Estado portugués no es antisemita”, señala el presidente de la comunidad judía de Oporto, Gabriel Senderowicz. “Entre las víctimas de esta conspiración se encuentran también el presidente de la República Portuguesa, el primer ministro, líderes parlamentarios, jueces, policías y la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, incluso de aquellos que a menudo son acusados de actos escandalosos”.

 

[Fuente: http://www.enlacejudio.com]

Le chanteur russe Oxxxymiron en concert. Derrière lui, l'inscription « Russians against war ».

En mars, la star du hip-hop russe Oxxxymiron a organisé à Istanbul, Berlin et Londres une série de concerts de charité dont les recettes ont été consacrées à l’aide aux réfugiés ukrainiens. @JonnyTickle/Twitter, CC BY-NC-ND

Écrit par Vera Ageeva

Professeur associée de la Haute école des études économiques (Russie), Sciences Po

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un certain nombre de représentations d’artistes russes dans les pays occidentaux ont été annulées par les organisateurs au nom de la solidarité avec Kiev. C’est ainsi que, entre autres exemples, le ballet du Bolchoï n’a pas pu se produire à l’opéra de Londres ; l’orchestre du théâtre Marinski de Saint-Pétersbourg, dirigé par Valéri Guerguiev, connu pour sa proximité avec le Kremlin, a été retiré du programme de la Philarmonie de Paris ; et la Russie a été bannie du concours de l’Eurovision. Il est également arrivé que des œuvres du répertoire russe soient déprogrammées.

Chaque épisode de ce type constitue une aubaine pour la propagande du Kremlin, qui les relaie largement auprès de son opinion publique afin de la convaincre que l’Occident tout entier est en proie à une scandaleuse flambée de « russophobie » et que la culture russe dans son ensemble fait l’objet d’un boycott intégral – les médias du pouvoir, et Poutine en personne, parlant à cet égard d’un déchaînement de « cancel culture » visant spécifiquement la Russie.

En réalité, si « cancellation » de la culture russe il y a aujourd’hui, c’est plutôt en Russie même qu’elle se déroule. Depuis des années, le régime se livre à une persécution politique constante visant réalisateurs, chanteurs, écrivains et autres artistes russes. Un phénomène qui s’est encore intensifié à partir de février 2022.

Avant la guerre : dix ans de répression

Après le début de l’attaque contre l’Ukraine, Moscou a mis en place une censure quasi militaire qui rappelle à bien des égards la pratique soviétique. Il s’agit d’un nouveau tour de vis dans la guerre culturelle qui se déroule en Russie depuis une bonne décennie : elle met aux prises, d’un côté, de nombreux artistes russes qui réclament la liberté d’opinion et d’expression, et de l’autre côté, les fonctionnaires du monde de la culture et les idéologues du Kremlin déterminés à sanctionner durement la moindre manifestation d’opposition à la ligne du pouvoir.

Le 4 février 2012, le chanteur du groupe DDT, Iouri Chevtchouk (guitare en main), prend part au meeting « Pour des élections non truquées » à Moscou aux côtés de l’homme politique d’opposition Boris Nemtsov, qui sera assassiné en 2015. Kirill Kudryavtsev/AFP

Avant le début de la guerre, seule une minorité du monde artistique et culturel russe osait faire part publiquement de son désaccord avec le régime de Vladimir Poutine, devenu de plus en plus autoritaire au cours des années. La majorité avait opté pour une posture – très commode pour le pouvoir – consistant à se placer « hors de la politique », à « rester neutre » et à « se concentrer sur son art ».

Les rares artistes à critiquer ouvertement Poutine et son système se voyaient largement empêchés de travailler normalement et de rencontrer leur public. Par exemple, en 2012, Iouri Chevtchouk, l’une des plus grandes stars russes du rock depuis les années 1980, leader du groupe culte DDT, s’est vu interdire de partir comme prévu en tournée à travers le pays après participé à des manifestations à Moscou contre les fraudes survenues pendant l’élection présidentielle organisée en mai de cette année-là, qui s’est soldée par le retour au Kremlin de Vladimir Poutine après l’interlude Medvedev. C’est surtout à partir de ce moment-là que le pouvoir s’est mis à s’en prendre systématiquement aux personnalités du monde de la culture qui se permettaient de prendre publiquement position contre lui.

L’annexion de la Crimée en 2014 a tracé une nouvelle ligne de séparation entre le gouvernement russe et les artistes, spécialement les plus jeunes d’entre eux. Des rappeurs populaires comme OxxxymironNoize MCHusky, ou encore Face ont participé à des manifestations politiques, s’en sont pris en paroles au régime et ont donc eu, eux aussi, des difficultés à poursuivre leur activité professionnelle en Russie, certains ayant même connu des démêlés avec la justice du fait de leurs prises de position.

                                         Oxxxymiron, Face, IC3PEAK : les artistes russes s’opposent à Poutine, Arte, 5 avril 2022.

Au pays de Vladimir Poutine, la justice est en effet régulièrement mise à contribution pour ramener à la raison les personnalités de la société civile jugées suspectes. En 2017, une procédure pénale, officiellement pour motifs économiques, est lancée contre l’éminent réalisateur et metteur en scène Kirill Serebrennikov, fondateur du théâtre « Gogol Center » à Moscou, devenu l’un des lieux culturels centraux de la Russie contemporaine. En 2018, son film « Leto » (L’Été) a reçu plusieurs prix internationaux y compris au Festival de Cannes. En 2019, il a été fait par la France commandeur des Arts et des Lettres. Serebrennikov était connu pour sa position critique envers le régime de Poutine. Pour la majorité de l’intelligentsia russe, les poursuites déclenchées à son encontre par le Kremlin n’ont rien à voir avec le motif officiellement invoqué et relèvent d’une nouvelle manifestation de la persécution de toute dissidence. Le metteur en scène a été placé en résidence surveillée pour presque deux ans. Lors de son procès, finalement tenu en 2020, il a été jugé coupable et condamné à une peine de prison avec sursis. Il a quitté le pays peu après l’invasion de l’Ukraine.

Kirill Serebrennikov devant le Deutsches Theater à Berlin, où est affichée une banderole aux couleurs du drapeau ukrainien proclamant « We Stand United »

Kirill Serebrennikov devant le Deutsches Theater à Berlin, le 22 avril 2022. Lors d’une interview à l’AFP ce jour-là, il a déclaré : « Nous avons le choix : devenir Leni Riefenstahl ou Marlène Dietrich », cette dernière étant connue pour s’être opposée au nazisme. Tobias Schwarz/AFP

Le point de non-retour entre le régime de Poutine et la culture russe

Après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, les autorités russes ont nettement accru leur contrôle sur l’espace public. L’objectif, désormais, n’est plus simplement de taper sur les doigts des contestataires, mais de purger le pays de tous les éléments insuffisamment « patriotes » : dans son fameux discours du 16 mars, Vladimir Poutine n’a-t-il pas appelé à une « purification naturelle » de la société contre « les racailles et les traîtres » ?

Depuis l’adoption d’une loi ad hoc, la moindre expression d’une opinion indépendante sur la guerre en cours est susceptible d’être qualifiée de « tentative de jeter le discrédit sur l’armée russe » et de « diffusion de fausses nouvelles » – des infractions passibles d’une peine de prison ferme pouvant aller jusqu’à 15 ans. Cette législation, similaire à celle de la loi martiale, a permis aux siloviki (les responsables des structures de sécurité et de justice de l’État) de placer sous une pression maximale ceux des artistes russes qui ont pris la décision de ne pas garder le silence. Et pourtant, certains, y compris une proportion non négligeable des représentants de la culture dite populaire, qui étaient jusqu’ici considérés comme plutôt loyaux envers le régime, n’ont pas craint de défier le pouvoir.

La chanteuse russe Monetotchka en concert

La très populaire chanteuse russe Monetotchka, qui s’est exilée après le début de la guerre, participe à Varsovie (Pologne) à un concert de charité visant à lever des fonds pour les réfugiés ukrainiens, le 25 avril 2022. Janek Skarzynski/AFP

Les artistes de la culture pop étaient restés largement apolitiques pendant les 22 ans du régime de Poutine. Mais la guerre déclenchée par le Kremlin a révélé qu’une partie d’entre eux, y compris parmi les plus célèbres, étaient aptes à défendre une position éthique dans des circonstances périlleuses. Des idoles de la variété et de la pop, dont les Russes connaissaient les chansons par cœur (parfois depuis l’enfance) – tels que la superstar Alla Pougatcheva, mais aussi Valéry MeladzeSergueï LazarevIvan Ourgant, etc – ont osé de déclarer au grand public leur désaccord avec les bombardements du pays voisin.

Même si d’autres artistes – comme le « rappeur de cour » et businessman Timati, en passe de reprendre les cafés abandonnés par la chaîne Starbucks, ou l’acteur Vladimir Machkov – ont accepté de diffuser la propagande officielle, l’effet qu’a sur la société le courage des artistes anti-guerre (qui, en dénonçant la guerre ou en quittant la Russie, ont mis leur carrière professionnelle, voire leur liberté, en péril) ne doit pas être sous-estimé.

Les représentants des générations les plus jeunes, comme les rappeurs évoqués plus haut, n’ont pas été en reste, à commencer par le plus célèbre, Oxxxymiron, qui est parti pour l’étranger et y a organisé de nombreux concerts réunissant ses compatriotes sous le slogan sans équivoque « Russians against war », et dont les recettes sont reversées à des organisations d’aide aux réfugiés ukrainiens.

Une position partagée par les emblématiques punkettes de Pussy Riot – l’une d’entre elles, menacée de prison, a d’ailleurs fui la Russie dans circonstances particulièrement rocambolesques – et par les membres de l’un des rares groupes russes connus à l’international, Little Big, qui se sont exilés et ont publié un clip établissant implicitement un lien entre la destruction de l’Ukraine et la « cancellation » de la culture en Russie.

                                               Little Big, Generation Cancellation, 24 juin 2022.

Enfin, la majeure partie de l’intelligentsia culturelle russe est également hostile à la guerre. Si, là encore, certains – par conviction (comme l’écrivain Zakhar Prilépine) et le cinéaste Nikita Mikhalkov, ou par calcul – chantent les louanges du régime et saluent son « opération spéciale », une large majorité des écrivains, poètes, réalisateurs et musiciens connus internationalement se sont opposés à l’invasion du pays voisin. Quelques-uns sont même passés des paroles aux l’action et ont fondé une association baptisée « La vraie Russie ».

Parmi les plus actifs, citons les célèbres écrivains Lioudmila OulitskaïaBoris Akounine et Dmitri Gloukhovski ; le metteur en scène Kirill Serebriannikov, déjà cité ; le réalisateur Andreï Zviaguintsev ; la chanteuse lyrique Anna Netrebko ; la poétesse Vera Polozkova ; les vétérans du rock Boris Grebenchtchikov, Iouri Chevtchouk et Andreï Makarevitch ; les acteurs Lia Akhedkajova, l’acteur Artur Smolyaninov… liste non exhaustive).

Certains d’entre eux ont déjà été désignés par le gouvernement russe comme « agents de l’étranger » et ont dû quitter le pays. Ajoutons que plusieurs responsables d’institutions culturelles de premier plan ont démissionné pour protester contre la guerre en Ukraine.

Persécuter l’intelligentsia artistique contemporaine sera une tâche plus facile pour le Kremlin que démanteler les fondements éthiques de la culture russe classique, qui s’est toujours opposée aux horreurs de la guerre, mettant au centre de la réflexion l’individu (le problème du « petit homme » chez Pouchkine, Gogol, Tchekhov) et considérait l’âme russe comme ouverte, paisible et tournée vers le monde (l’idée de « vsemirnaïa doucha » de Fedor Dostoïevski).

Les auteurs classiques sont encore étudiés à l’école en Russie… pour le moment. Mais au rythme où vont les choses, il est permis de se demander si le plus célèbre roman de la littérature russe, Guerre et Paix, ne sera pas jugé contraire à l’esprit de l’époque, puisque le mot « guerre » lui-même a disparu de l’espace public, si bien qu’un meme populaire présente la couverture de l’ouvrage portant ironiquement pour titre « L’opération militaire spéciale et la paix »…

 

[Source : http://www.theconversation.com]

El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601: Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, así como a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares. El fallo marca un hito al dar por acreditada la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo como mecanismo de exterminio instrumentado por el Ejército durante la dictadura.

Familiares de las víctimas estuvieron presentes en los tribunales de San Martín.  (Fuente: Secretaría de Derechos Humanos)

Familiares de las víctimas estuvieron presentes en los tribunales de San Martín. Imagen: Secretaría de Derechos Humanos

Escrito por Luciana Bertoia

Por primera vez, la Justicia argentina dio por acreditado lo que hace décadas se denuncia: que en Campo de Mayo se usaron aviones del Ejército para eliminar a personas que estaban secuestradas y que eran adormecidas antes de ser arrojadas a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601 –con sede en la principal guarnición militar del país– y a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, a prisión perpetua. El tribunal ordenó que todos ellos, salvo Riveros, vayan a cárcel común si los estudios médicos confirman que están en condiciones.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini condenaron este lunes por la tarde a Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, quienes fueron los cuadros jerárquicos del Batallón de Aviación 601 entre 1976 y 1977. Además, Riveros recibió su décimosexta sentencia a prisión perpetua por haber tenido bajo su órbita de influencia todo lo que sucedía en Campo de Mayo.

La sentencia marca un hito al reconocer la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo y, por ende, como mecanismo de exterminio ejecutado por el Ejército. En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a dos pilotos que manejaron los vuelos de la muerte con los que la Armada se deshizo de sus detenidos-desaparecidos. Ese mecanismo se acreditó en el caso de las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y el resto de los secuestrados en el operativo de la Iglesia de Santa Cruz de diciembre de 1977.

En este caso, el TOF de San Martín analizó lo sucedido con cuatro víctimas que estuvieron secuestradas en el Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó dentro de la guarnición del Ejército, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas argentinas. Fueron los casos de los estudiantes secundarios Juan Carlos Rosace y Adrián Accrescinbeni –secuestrados el 5 de noviembre de 1976–, de Roberto Arancibia –el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) raptado el 11 de mayo de 1977 mientras estaba en su casa con su compañera y con sus dos hijitos– y de Rosa Eugenia Novillo Corvalán –secuestrada entre octubre y noviembre de 1976–.

Por estos hechos, el TOF responsabilizó a quienes integraron la estructura del Batallón de Aviación y a Riveros, que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares. Sin embargo, el tribunal le pidió a la jueza Alicia Vence que profundice la investigación sobre quienes actuaron como pilotos y copilotos de los vuelos de la muerte.

Formas de reparación

A Arancibia lo secuestraron el 11 de mayo de 1977 de su departamento en la avenida Paseo Colón. Estaba con su compañera, María Eugenia Zago, que era médica y, como él, militante del PRT. En la casa también se encontraban sus dos hijitos, Adriana y Martín. Durante el juicio, Adriana compartió un recuerdo que la acompañó durante más de cuatro décadas: su deseo de ponerle « una curita » a su papá porque lo habían lastimado. A Arancibia y a Zago se los llevaron. A los chicos inicialmente los dejaron y luego los trasladaron al Instituto Riglos –una institución para menores–.

El 24 de noviembre de ese año, el diario Clarín publicó una nota sobre Adriana y Martín, que llevaba por título « Buscan a familiares de dos niños abandonados ». El artículo decía que el 11 de mayo de 1977 se habían encontrado « perdidos » o « solos », lo que a todas luces era mentira. Como forma de reparación, el TOF 2 de San Martín ordenó comunicar la sentencia al Grupo Clarín para que rectifique esa información.

Cárcel común

Los jueces Venditti, Rodríguez Eggers y Mancini, además, dispusieron que el Cuerpo Médico Forense (CMF) practique estudios sobre Arce, Lance y Malacalza para determinar qué patologías tienen y si pueden cumplir la condena en cárcel común. Esa resolución fue especialmente shockeante para Lance, que se agarraba la cabeza desde su casa mientras una mujer que lo acompañaba gritaba frente a la computadora.

Mientras tanto, el TOF le pidió al Ministerio de Justicia de la Nación que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que les coloque dispositivos de geolocalización. El caso de Riveros –el genocida multicondenado– es distinto porque está en libertad condicional, que no se hace efectiva porque aún también está a disposición de un tribunal en Comodoro Py.

La fase final

La mecánica de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo se reconstruyó, en el juicio que se inició en octubre de 2020, gracias a las declaraciones de decenas de exconscriptos que relataron lo que vieron allí entre 1976 y 1977. Ellos reconfirmaron la información que habían dado contados integrantes de los servicios de inteligencia en los primeros meses de la democracia, cuando se presentaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). También el tema de los vuelos de la muerte estuvo presente en la confesión pública del sargento Víctor Ibáñez a mitad de la década de 1990.

El sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati pudo relatar cómo vivían los detenidos-desaparecidos los días en los que llegaban los camiones a la zona en la que estaba emplazado el Campito. Allí, escuchaban cómo nombraban a distintos secuestrados. Todo sucedía mientras los camiones tenían sus motores en marcha. Después, la ropa de los detenidos-desaparecidos era incinerada. En general, los “traslados” sucedían de una a tres veces por semana.

En algunos casos, los conscriptos encontraron pertenencias de hombres o mujeres cerca de la pista donde carreteaban los aviones que salían de noche de la guarnición de Campo de Mayo. Algunos relataron haber hallado ampollas de Ketalar, la droga que se usaba para adormecer a quienes serían arrojados a las aguas. Según los recuerdos de los exconscriptos, el destino común que tomaban las aeronaves era Punta Indio.

Durante el año 1976, el avión que se empleó para los vuelos de la muerte –según reconstruyeron la fiscalía y las querellas– fue un Twin Otter, que se encuentra aún operativo en Canadá. En 1977, el Ejército adquirió los Fiat G-222 –que fueron hallados durante una inspección que realizó el TOF en Campo de Mayo–. Esas aeronaves serán emplazadas en el sitio de memoria que el gobierno nacional prepara en la guarnición militar.

 

[Fuente: http://www.pagina12.com.ar]

 

 

 

 

 

Le courrier électronique, email de son petit nom, a désormais plus de 50 ans. Sa démocratisation attendra cependant quelques années, avec une adoption privilégiée aux lettres manuscrites. La fin des grandes correspondances d’écrivains sur papier s’amorçait, les auteurs privilégiant l’épistolaire numérique. Avec les dangers que l’on pressent aisément : en cas de décès, quel avenir pour ces échanges et leur archivage ?

ActuaLitté

 

Écrit par Nicolas Gary

Héloïse Jouanard a perdu son père, Gil, le 25 mars 2021. Poète,  il s’était investi avec passion durant plus de 30 ans dans l’action culturelle qui ont produit énormément d’échanges avec des auteurs et des créateurs. Lui-même écrivit, outre deux romans – Un nomade casanier (2003) et Les Roses blanches (2016) chez Phébus –, une œuvre comptant plus d’une cinquantaine d’ouvrages.

Depuis quelques mois, sa fille a décidé, avec le concours d’une bibliothèque publique, de lui consacrer un fonds. « Dès le mois d’avril, je décide – avec la directrice du patrimoine de l’établissement – de faire une donation de toutes ses possessions (c’est-à-dire uniquement des livres, des archives, des documents). Et ce, pour créer un fonds dédié dans ladite bibliothèque », nous explique-t-elle. Ce dernier réunira les livres, la bibliothèque et les archives personnelles de l’écrivain.

Elle recense d’ores et déjà des centaines de lettres, manuscrites, rédigées d’amis aussi mémorables que René Char, Lacarrière, Bonnefoy, Jaccottet, Bergounioux, Réda, Macé, Goffette, Gracq, Janvier, Michon, Trassard. « Actuellement, cela représente plus de 300 écrivains. »

« C’est passionnant. Mais depuis 20 ans, sa correspondance se faisait par email, comme nous tous », nous explique Héloïse Jouanard. « Et voilà. » Car un an après le décès de Gil, l’accès à sa boîte email est toujours refusé à sa fille. « Google m’annonce que non, nous ne récupérerons rien, bien que j’ai fourni toutes les pièces qu’ils m’ont réclamées. »

Pas faute, pourtant, d’avoir communiqué les documents officiels dans une traduction anglaise dûment authentifiée, des différentes attestations nécessaires et autres justificatifs. « On m’a demandé les actes notariés prouvant que je suis ayant droit. Le temps notarial étant différent du nôtre, une année passe. Dès que j’obtiens l’acte notarié qui m’élève au rang d’ayant droit, je reviens vers Google qui me demande de faire traduire tous les documents par un traducteur officiel. Jusque là, je trouve toute la procédure normale : ils veulent la preuve que je suis ayant droit, respect de la vie privée, etc. »

Condoléances, mais non.

Une entreprise aussi douloureuse que longue, qui finira par aboutir en l’espace de quelques heures. Le dossier, communiqué dans son intégralité le 17 mai, reçoit la sanction du géant américain le 18 mai. « Nous sommes navrés pour cette perte et vous remercions de votre patience. Nous avons examiné votre demande d’obtention de contenu du compte. Après avoir vérifié les paramètres, les attributs et autres informations pertinentes, relatives au compte, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le contenu demandé », tranche un email de The Google Accounts Team.

Et d’arguer que la décision repose « sur une multitude de facteurs, incluant des restrictions légales. Afin de protéger la vie privée des personnes qui recourent aux services de Google, nous ne sommes pas en mesure de partager plus d’éléments sur le compte ni de discuter de notre choix plus en détail ». En somme : « Merci de votre compréhension », mais n’insistez pas.

Et soudainement, vingt années d’échanges — certains portant peut-être sur son dernier livre chez Verdier, Untel en 2015 ou la publication, justement, des Roses blanches — sont englouties dans les entrailles googleiennes. « Au départ, j’ai été en colère pour le fonds consacré à mon père. Mais je me dis que si Google s’octroie les archives de tous les écrivains français, il en va d’une atteinte au patrimoine culturel français, dans notre pays qui a porté jusqu’au sein de l’Europe le principe d’exception culturelle », nous confie sa fille.

Je crois que ça va pas être possible…

La Cnil, qui préside à la destinée numérique en France, pose qu’à la mort d’un utilisateur, son héritage en ligne est scellé : cela vaut tant pour les comptes sociaux qu’une messagerie électronique. La loi Informatique et libertés indique par ailleurs que l’on peut, de son vivant, désigner un contact – et nombre d’outils en ligne dispose de cette option désormais. Cependant, ce dernier ne peut obtenir un droit d’accès qu’à condition que la consultation des informations serve « le règlement de la succession du défunt », précise la Cnil.

La seconde option consiste à formuler une opposition aboutissant à la clôture dudit compte. Pour autant, le secret des correspondances interviendrait manifestement, pour protéger l’accès à la boîte email. Seul le verrouillage total du compte peut être obtenu, pour garantir un secret total.

« Par principe, tous nos comptes en ligne sont strictement personnels », abonde le Conseil supérieur du notariat. Et si le défunt n’a pas fait état d’un devenir pour ses données, il ne devient « pas possible pour les proches d’y accéder ». Les héritiers, et a fortiori les ayants droit, peuvent cependant récupérer des photographies, des écrits — entrant dans la catégorie des souvenirs de famille.

Cependant, en l’absence d’instructions, établissant un héritier numérique, les droits seront extrêmement limités.

La procédure proposée par Google assure d’une collaboration « avec la famille immédiate et les représentants légaux de l’utilisateur décédé afin de clôturer son compte ». Et dans certaines circonstances, non détaillées, « nous pouvons restituer des contenus issus de son compte ». Cependant, la sécurité et la confidentialité demeurent primordiales et aucun mot de passe ni information de connexion n’est communiqué.

Google contre le CPI

Maître Magaly Lhotel, avocate en droit de la propriété intellectuelle et en droit du digital, confirme les limitations auxquelles les héritiers sont confrontés. Même justifiant de leur qualité d’ayants droit, en l’absence de consignes données, l’article 85 de la loi Informatique et libertés s’avère très restrictif.

« Le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet dans une décision du 8 juin 2016 (10ème et 9ème chambres réunies, n° 386525), considérant que la loi Informatique et Libertés ne permet la communication des données qu’à la seule personne à laquelle se rapportent ces données, excluant ainsi les ayants droit de la personne concernée », nous précise l’avocate. Dans ce cas précis, il s’agissait d’accéder aux relevés téléphoniques de la mère des demandeurs.

De son côté, le RGPD (Règlement général sur la protection des données), qui découle d’une volonté européenne, ne prévoit pas de dispositions spécifiques.

Alors quid ? Se ranger à l’avis de Google ? « Une solution pourrait être de considérer que les correspondances du défunt constituent des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur. À ce titre, les héritiers de l’auteur auraient les droits, puisque la jurisprudence a pu considérer que les correspondances pouvaient être protégées au titre du droit d’auteur », analyse l’avocate. Pouvoir consulter ces échanges, dans le cadre des opérations de succession entrerait alors dans le cadre que la Cnil évoque, lié au traitement de l’héritage.

Paradoxe, et non des moindres, pour qualifier ces échanges d’œuvres de l’esprit, il faudrait les consulter, afin de démontrer leur originalité. Et sans accès… « Il n’existe à ce jour aucune jurisprudence sur l’accès à une messagerie électronique par les héritiers sur le fondement du droit d’auteur de sorte que ce cas pourrait faire jurisprudence », sourit Me Lhotel.

Sophie Viaris de Lesegno, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, souligne : « Une saisine du juge des référés pour obtenir les codes utiles à l’accès. L’intérêt légitime serait caractérisé par la volonté de sauvegarder les correspondances et le patrimoine littéraire de son père aux fins d’archives, de conservation et d’analyse, et le cas échéant de divulgation. »

En effet, « l’héritier de l’auteur est celui qui exerce le droit de divulgation post-mortem, et doit donc légitimement pouvoir accéder à ces correspondances », relève l’avocate. Et Héloïse Jouanard de conclure : « Je sais que cela contient des choses intéressantes : les emails étaient devenus un élément central dans ses échanges. »

Pas vraiment la première fois que Google aurait maille à partir avec le Code de la Propriété Intellectuelle… Contacté, le service presse de la société n’a pas encore répondu à nos demandes.

 

[Source : http://www.actualitte.com]

A exposición foi cancelada despois de detectar posibles falsificacións

«Busto de muller», de Pablo Picasso, no Museo do Prado

O Museo Nacional de Eslovenia (NMS) cancelou unha exposición que ía inaugurar onte tras desatarse un escándalo pola sospeita de expertos de que as obras anunciadas, de grandes artistas como Picasso, Mirou, Matisse, Kandinsky ou Degas, son falsificacións. A cancelación decidiuse no último momento, tras unha intervención do Ministerio de Cultura, cuxa titular, Hasta Vrecko, reuniuse este mércores co director do museo, Pavel Car, quen hoxe anunciou a súa dimisión do cargo.

«Como director do museo son directamente responsable do erro polo que se cambaleou o prestixio do noso museo», declarou Car aos medios, segundo informaba o rotativo 24ur. A policía de Liubliana abrirá unha investigación se se confirma que entre as obras anunciadas hai falsificacións. «Comezáronse actividades para verificar as acusacións» e non se descartan «outros procedementos», dixo a portavoz da policía Aleksandra Golec.

O escándalo desatouse despois de que varios expertos expresasen dúbidas sobre a autenticidade dalgunhas das pezas de propiedade dun coleccionista que conformaban a mostra anunciada polo NMS baixo o título Viaxes. «Xa ao mirar as reproducións desas obras quedaba patente que de ningún xeito podía tratarse de obras dos autores asinados», dixo o historiador de arte Brane Kovic á axencia croata Sta.

 

[Imaxe: Fernando Alvarado | EFE – fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

 

 

O ámbito da Xustiza é un dos que máis se laia da falta de uso de galego. Nin a Administración do Estado nin a galega garanten o 100% dos procedementos nesta lingua. Tampouco o persoal dos xulgados, para quen o idioma é máis un mérito ca un requisito. Con todo, o galego é unha lingua válida, tamén para contraer matrimonio polo civil.
A falta de galego motivou queixas nos rexistros de Lugo e A Coruña. (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press).

A falta de galego motivou queixas nos rexistros de Lugo e A Coruña.

Escrito por SUSANA ROIS

No Estado español só unhas poucas persoas poden oficiar unha voda civil de forma legal. A nova redacción da Lei do Rexistro Civil, de abril de 2021, converte en oficiante das vodas civís as letradas e letrados da Administración de Xustiza destinadas a ese organismo. Ademais, poden oficiar este tipo de casamentos xuízas e xuíces de paz, alcaldes e alcaldesas mais os concelleiros e concelleiras nos que deleguen, así como persoal diplomático e consular. No ano 2015 incorporáronse a esta lista os notarios e notarias, que só o ano pasado celebraron na Galiza un total de 579 casamentos.

A cifra constitúe un máximo histórico. Mais aínda non representan a primeira escolla para moitos contraentes. Lucía ─nome ficticio─ escolleu canda a súa parella casar no Rexistro Civil de Vigo. E queren que a cerimonia sexa en galego. Tras presentar toda a documentación e completar o seu expediente « pensei que a opción da lingua nola darían o propio día da cerimonia, mais a un mes da voda chamei por se tiñamos que facer algún trámite e a miña sorpresa foi cando me dixeron que as maxistradas que están agora non son bilingües e que para garantir o uso do galego na cerimonia terían que pór un tradutor ».

Un dereito real

O dereito a casar en galego no Rexistro Civil existe. Está recoñecido por lei, asegura Elsa Quintas, vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. « Mais para acceder á carreira xudicial e exercer na Galiza o galego é un mérito, non un requisito, e isto converte o coñecemento da lingua en papel mollado ».

Ter que pórlle unha tradutora á persoa oficiante non é o que eu quero

Lucía trasladou o seu caso á Liña do galego, o servizo da Mesa para consultas, queixas e parabéns relacionados cos dereitos lingüísticos. Seguindo o seu consello, solicitará por escrito unha contestación formal por parte do Rexistro Civil para poder actuar.

« As explicacións que me deron foron telefónicas ». Até onde sabe, o anterior oficiante usaba o galego, polo que esta lingua foi unha opción até a súa xubilación. « Desde entón, no rexistro quedaron sen este servizo de lingua e o que me sorprende é que aínda non teñan pensado que facer por garantir o dereito do uso do galego ».

Cuestión de voluntarismo

Para esta veciña de Vigo a figura do tradutor « non é unha solución », como tampouco o foi trasladar o seu expediente ao Concello de Vigo ou ante notario, como lle propuxeron. « Eu quero a cerimonia en galego o mesmo día que teño fixado, e a poder ser no Rexistro Civil. Nun casamento onde todo o mundo vai ter o galego como lingua, ter que pórlle unha tradutora á persoa oficiante non é o que eu quero ».

Creo que é máis unha actitude de oposición intransixente a normalizar a lingua en todos os ámbitos

Nestes días resolverán onde celebrar o seu casamento, pero máis aló do que decidan para si « seguirei coa queixa para que quen queira casar en galego no futuro non teña que pasar por isto ou cambiar a data da voda porque non se lle ofrece o galego como lingua vehicular na cerimonia. As oficiantes non teñen porque ter o galego como lingua pero o xulgado, como Administración Pública, ten que garantir o noso dereito a casar en galego« .

 

[Foto: Ricardo Rubio / Europa Press – fonte: http://www.nosdiario.gal]

Aquest reconeixement implica que s’hi suspenen les llicències municipals de parcel·lació, edificació o demolició

VilaWeb

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha començat el procediment per a declarar el camp de concentració d’Albatera, situat en el terme municipal de Sant Isidre (el Baix Segura), Lloc de la Memòria Democràtica Valenciana. D’aquesta manera, una vegada conclòs el tràmit, Albatera passarà a formar part del Catàleg de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica del País Valencià.

En aquesta línia, la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha dit que continuaven avançant en polítiques de memòria, justícia i reparació. Ha explicat que la Conselleria de Qualitat Democràtica destinava 100.000 euros a engegar un Centre d’Interpretació a Albatera, quantitat prevista en el primer pressupost participatiu de la Generalitat.

“Declarar aquest espai de la memòria en aquests terrenys, que durant molts anys no tenien nom, és fonamental perquè les persones que es desplacin fins a Albatera puguin conèixer què és el que hi va ocórrer, com a garantia de no repetició”, ha destacat Pérez Garijo.

Amb la declaració Lloc de la Memòria Democràtica Valenciana, se suspèn qualsevol intervenció que pugui posar en perill el camp i les llicències municipals de parcel·lació, edificació o demolició i l’eficàcia de les quals s’hagin atorgat sobre el lloc. Una vegada instruït el procediment, la declaració i inscripció serà acordada mitjançant resolució de la consellera de Qualitat Democràtica.

 

[Font: http://www.vilaweb.cat]

L’État français a restitué au Brésil mardi un millier de fossiles retrouvés dans un conteneur sur le port du Havre en 2013. Il s’agissait d’un vaste réseau de trafic de biens culturels. 

Exemple d'un fossile découvert en 2013 par les douaniers du Havre et remis le 24 mai 2022 aux autorités brésiliennes.  (DOUANES FRANCAISES)

Exemple d’un fossile découvert en 2013 par les douaniers du Havre et remis le 24 mai 2022 aux autorités brésiliennes.

Écrit par Boris Loumagne

Un trésor archéologique a été remis par la France aux autorités brésiliennes mardi 24 mai au Havre (Seine-Maritime) : un millier de fossiles datant du Crétacé, saisis par les douaniers en 2013 lors d’un contrôle. Après une enquête de près de dix ans qui a permis de dévoiler un réseau de trafiquants, ces biens culturels d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros vont pouvoir être exposés au Brésil, où ils avaient été prélevés.

C’est le flair d’un douanier qui a permis de découvrir les fossiles. En août 2013, il contrôle un conteneur de fûts de quartz, en provenance du Brésil, sur le port du Havre. C’est la valeur du quartz qui l’alerte : le matériau ne vaut pas grand-chose, il est donc surpris que quelqu’un dépense autant d’argent pour l’importer. Les douaniers procèdent donc au contrôle et trouvent ces trésors au fond des fûts, emballés dans des cartons.

Des fossiles emblématiques du nord-est du Brésil

Les douaniers demandent alors une expertise pour déterminer l’origine des fossiles et les dater, une expertise réalisée par des spécialistes des muséums de Paris et du Havre. Ils confirment l’authenticité des pièces archéologiques. « On trouve une grande variété d’animaux, notamment des insectes très bien préservés avec leurs antennes et leurs pattes, des crustacés, des poissons, un scorpion et même des plumes de dinosaures », décrit le professeur Sylvain Charbonnier, paléontologue et expert scientifique dans ce dossier.

Ces fossiles sont emblématiques du patrimoine du bassin d’Araripe. Ils ont été prélevés par les trafiquants dans cette zone du nord-est du Brésil, alors qu’il est formellement interdit de les exporter sans autorisation de l’État brésilien. « Ils viennent d’un secteur qui était à l’époque couvert par une mer peu profonde, des eaux relativement chaudes et très poissonneuses, décrit Sylvain Charbonnier. « Il y avait autour des terres émergées avec de la végétation sans doute assez luxuriante. On a même des restes de reptiles volants, les grands ptérosaures. »

Exemple d'un fossile découvert en 2013 par les douaniers du Havre et remis le 24 mai 2022 aux autorités brésiliennes.  (DOUANES FRANCAISES)

Exemple d’un fossile découvert en 2013 par les douaniers du Havre et remis le 24 mai 2022 aux autorités brésiliennes.

Il s’agit donc d’une découverte majeure, d’autant qu’il y a de nouvelles espèces dans le lot, que les scientifiques brésiliens vont pouvoir étudier de près. En effet, les biens vont rejoindre les collections du Museo de Paleontologia de Santana do Cariri da Universidade.

Avant d’imaginer étudier ces spécimens, les scientifiques ont cependant dû se montrer patients car il leur a fallu près de dix ans pour récupérer ces fossiles. « On est sur un véritable réseau organisé de trafic de biens culturels à l’international. Il nécessite des financements importants et les mis en cause disposent donc de moyens pour faire appel à des avocats qui sont en mesure de contester les éléments de la procédure », explique Pascal Filippi, directeur adjoint du service d’enquête judiciaire des finances et qui a participé aux investigations. En France, l’enquête n’est d’ailleurs pas encore totalement terminée. Au Brésil c’est allé plus vite puisque plusieurs des personnes ont été jugées et incarcérées.

 

[Photos : DOUANES FRANÇAISES – source : http://www.francetvinfo.fr]

Faire des poèmes à partir d’audiences pénales, l’exercice parait incongru. Mais cette forme débarrassée du jargon judiciaire permet à Marius Loris Rodionoff de montrer la violence sèche et destructrice de la procédure de comparution immédiate qui, en un temps record, envoie chaque année des milliers de personnes en prison.

Objection. Scènes ordinaires de la justice, de Marius Loris Rodionoff

En feuilletant le code civil © Jean-Luc Bertini

 

Marius Loris Rodionoff, Objection. Scènes ordinaires de la justice. Préface de Nathalie Quintane. Amsterdam, 151 p., 12 €

Publié par Julien Mucchielli

Depuis près de quarante ans, la procédure de comparution immédiate (CI), héritière des flagrants délits, remplit les prisons françaises. Elle est le bras armé de la politique répressive de l’État, un outil commode pour juger les affaires dites simples en temps réel – ce qui n’est pas du luxe étant donné les délais de jugement, effroyablement longs. Par son immédiateté (les mis en cause sont jugés dans les 48 heures), elle présenterait un aspect dissuasif et sécuritaire.

La CI n’est que l’une des procédures correctionnelles. C’est le parquet qui choisit l’orientation que prendra le dossier, et, dans les faits, quand celui-ci prend le chemin des CI, la prison ferme est généralement l’horizon du prévenu. Ce sont le plus souvent les petits larcins commis sur la voie publique qui atterrissent dans ces audiences, des délits commis par des personnes précaires, sans domicile, étrangers, en récidive (ou un peu tout à la fois), pour lesquels l’incarcération est souvent la seule solution envisagée.

De loin, la CI est la procédure qui envoie le plus de gens en prison. En 2016, 49 000 affaires ont été jugées ainsi, soit 50 % de plus qu’en 2006. C’est dans les tribunaux judiciaires des grandes agglomérations que les expressions de « justice d’abattage » ou de « machine à punir et à enfermer » prennent tout leur sens, puisque y sont jugés une quinzaine de prévenus chaque jour, à un rythme effréné, trente minutes par dossier en moyenne. La comparution immédiate, en cela, tient plus du maintien de l’ordre que de la justice.

La presse regorge de comptes rendus de CI. Comme un journaliste, Marius Loris Rodionoff a décidé d’assister à ces audiences pour en retranscrire certaines. Il explique sa démarche dans une note placée au début de l’ouvrage : « Ces témoignages sont issus des audiences publiques de comparutions immédiates entre 2015 et 2019, aux tribunaux de grande instance de Lille, de Paris et d’Alençon. 10 journées d’audience ont été retenues, à raison de cinq affaires par jour. L’ordre des affaires est celui dicté par les juges. »

Rodionoff a choisi une forme bien différente de l’article journalistique pour rendre compte de son expérience de la comparution immédiate Pour chaque affaire, deux pages. À gauche, un compte rendu des faits. Concise, ciselée, telle une microaventure, la présentation de l’affaire prend une forme poétique qui, derrière une objectivité apparente, n’est pas dépourvue d’une certaine ironie critique. Car il ne s’agit pas d’une retranscription fidèle de ce qui est dit à l’audience, encore moins d’un compte rendu exhaustif, avec jargon judiciaire, foultitude de détails et transcription de dialogues, mais d’une retranscription en vers : un montage réalisé par l’auteur à partir de ses propres notes. « Les poèmes de ce livre sont des comparutions : expédiés, nets, pauvres, violents », écrit Nathalie Quintane dans sa préface. Les faits relatés sont ceux que l’on retrouve habituellement en CI : vols à la roulotte, outrages et rébellion, infractions liées aux stupéfiants, violences.

Sur la page de droite, en miroir du poème, une note biographique sur le prévenu. Les personnalités ici décrites sont, également, celles de « clients habituels » des comparutions immédiates. La précarité, la détresse psychologique. L’exil, la drogue et l’alcool, la violence de rue et la misère. En conclusion, la décision : prison ferme. En procédant ainsi, Rodionoff rend la violence de ces audiences par le contraste entre les faits, souvent d’une faible gravité, la vie du prévenu, misérable et propre à susciter la compassion, et la sévérité de la décision, qui semble déconnectée. Ainsi, d’un prévenu ayant brisé la vitre d’une voiture et volé des objets dans l’habitacle :

« Quand on l’interroge
Il ne se rappelle pas les faits
La méthadone le met dans des états seconds

Gaël cherchait de l’argent
Pour acheter de l’héroïne
Il en fume 4 fois par jour
Depuis 15 ans 

[…]

12 mois de prison ferme. »

Des cas comme celui-là, il y en a plein le livre de Marius Loris Rodionoff. Les décisions n’apparaissent pas proportionnées, et les juges donnent l’impression d’être « aux fraises », écrit Nathalie Quintane : ils tancent un toxicomane désespéré ou s’offusquent qu’on puisse dérober de bonnes bouteilles de vin, ils menacent d’expulser un immigré soudanais, jugé pour des faits de rébellion, qui a fui les massacres de milices dans son pays. Car, s’il existe des juges doués d’empathie et pourvus de finesse psychologique, certains sont durs, à côté de la plaque, tout bonnement incapables de comprendre l’enjeu humain de leur audience. « D’une poignée de lignes, des vies fracassées, inconcevables pour un juge ; inadmissibles. Faire rentrer cette vie-là dans la case de la prison ferme, l’y caser, c’est d’abord la rendre commensurable », souligne Nathalie Quintane.

Objection. Scènes ordinaires de la justice, de Marius Loris Rodionoff

Car la procédure de CI, plus que toute autre, incarne la violence de l’appareil judiciaire, et cela se voit à l’intérieur même de la salle d’audience. Les prévenus sont défaits, épuisés, en manque, souffrent parfois de pathologies psychiatriques. Ils ne sont pas écoutés ou presque pas, car les juges n’ont pas le temps de les écouter et de les comprendre, de s’attarder sur leur cas et de trouver une solution pour les tirer de là. Ils ne sont pas là pour ça. Pour nombre d’entre eux, pensent-ils, il n’y a rien à faire sinon les exclure temporairement de la société.

Faits, personnalité, prison ferme : telle est la dialectique de la comparution immédiate La forme poétique de Marius Loris Rodionoff, qui s’inscrit dans la lignée de Témoignage du poète objectiviste Charles Reznikoff (traduit intégralement en français par Marc Cholodenko, P.O.L, 2012), donne une tonalité critique au texte. La juxtaposition avec la notice biographique crée cet effet d’aporie qui vient heurter l’entendement et, peut-être, suscite un sentiment de révolte chez le lecteur. Tout cela parait trop insupportable : c’est l’effet recherché, car la forme ne s’embarrasse pas de nuances qui viendraient relativiser la sévérité du jugement, contrebalancer la violence ressentie. Celle-ci explose au visage du lecteur, sans filtre.

L’exercice pourrait donner l’impression d’une caricature : les méchants juges insensibles envoient de pauvres hères en prison pour préserver la paix du bourgeois. Premièrement, il faut admettre que c’est un peu la fonction de la CI de « préserver la paix » en réprimant la délinquance dite de voie publique, commise par les personnes les plus pauvres ; c’est donc une impression en partie justifiée. Deuxièmement, les caractères des protagonistes ne sont pas en question, et l’auteur ne montre aucune complaisance envers les prévenus. Il n’est pas leur allié, il est un observateur critique d’un bref moment de leur vie – une vie de marge et de délits. Les poèmes de Rodionoff visent la mécanique sociale qui s’exprime à travers cette violence judiciaire, et les remarques « déplacées » des juges qu’il donne à lire en sont une composante, tout comme la misère.

Avec ces cinquante poèmes, Rodionoff livre une chronique sociale pleine d’acuité ; avec un minimum de mots et d’informations, il donne à ses textes un ton ironique et féroce et fait surgir de ses vers la brutalité de l’audience. Les comparutions immédiates, est-ce encore de la justice ? À la lecture du livre de Rodionoff,  il semble qu’elles n’ont aucune vertu.

[Source : http://www.en-attendant-nadeau.fr]

 

La historia del diplomático que dedicó su vida a salvar personas durante la Shoá y hoy es reconocido por Yad Vashem.

Souza Dantas

Lamentablemente los países latinoamericanos tuvieron escasos diplomáticos que asistieron a las víctimas del régimen nazi. Entre este pequeño y noble colectivo se destaca el quehacer del diplomático brasileño Luis Martins de Souza Dantas, de quien en estos días se cumplieron 68 años de su fallecimiento.

Souza Dantas nació en Río de Janeiro el 17 de febrero de 1876 en el seno de un familia tradicional que a la sazón mantuvo buenas relaciones con la monarquía brasileña.

Con apenas 21 años se gradúa como abogado y posteriormente y ya en la etapa republicana se incorpora al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Sirvió a su país en Suiza, Argentina, Italia, así como en la Unión Soviética. Durante la Primera Guerra Mundial se desempeñó en calidad de ministro interino de Relaciones Exteriores de Brasil e integró la delegación de su país a la Conferencia de Paz celebrada en París en 1919.

Posteriormente es designado embajador de Brasil en Francia y también en Vichy durante la ocupación nazi, cargo que detentó desde 1922 hasta 1944, y desde 1931 se convierte en  el decano del cuerpo diplomático acreditado en París. Paralelamente entre 1924 y 1926  se desempeña en calidad de representante de Brasil ante la Sociedad de Naciones, organismo que precedió a las Naciones Unidas de nuestros días.

En 1940 y animado por «un sentido cristiano de misericordia» -según sus propias palabras- Souza Dantas  promueve y obtiene la autorización de sus superiores para el otorgamiento de un número limitado de  visas para ciudadanos franceses. Interviene directamente en esta tarea, no siempre ajustada a las formalidades requeridas, de tal suerte que otorga numerosas visas que no solo beneficiaron a ciudadanos judíos sino también a comunistas, homosexuales y  a todo colectivo perseguido por el nazismo.

Entre junio de 1940 y el 12 de diciembre del mismo año, Souza Dantas recibe instrucciones de su gobierno de cesar de emitir nuevas visas, así como permisos de inmigración. Hasta esa fecha ya se habían expedido y entregado unas 500 visas de salvataje.

Según señala el doctor Lauro Arruda Camara Filho analizando la trayectoria de Souza Dantas, desde 1930 Brasil adoptó una serie de medidas y exigencias  que en aquellas circunstancias los migrantes de la «raza semita» no podían cumplir de ningún modo y que apuntaban a impedir  de hecho el acceso a su territorio. En círculos gubernamentales e intelectuales de Brasil, los judíos fueron considerados un colectivo indeseable. Aun así, continuaron llegando y radicándose en Brasil. En 1930 residían en Brasil 40.000 judíos, mientras que en 1940 su número alcanzó a 55.000.

Inclusive después de haber recibido las antedichas instrucciones y hasta bien entrado el año 1941, Souza Dantas continuó emitiendo visas retroactivas, es decir, previo al 12 de diciembre de 1940, a sabiendas de la ilegalidad de sus acciones y proceder y de los perjuicios que le podía acarrear. Actuó únicamente animado por sus convicciones democráticas y mero altruismo, nunca buscó o requirió remuneración o beneficio alguno.

En misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Osvaldo Aranha, Souza Dantas precisó que los campos instalados por los nazis eran una suerte del Infierno de Dante en los cuales los judíos eran esclavos y exterminados.

En 1941, Souza Dantas intervino personalmente para salvar la vida de los pasajeros del navío Alsina mediante visas falsificadas. El bloque naval británico impidió a los pasajeros arribar a Senegal, de tal suerte que estuvieron varados durante 4 meses hasta que el buque fue desviado a Casablanca. Souza Dantas se encargó de renovar las antedichas visas vencidas y finalmente los pasajeros judíos pudieron continuar camino salvándose y radicándose en Brasil.

Por su quehacer y denunciado por sus propios colegas, Souza Dantas fue convocado a Brasil por el presidente Getulio Vargas y sometido a un juicio administrativo por «la irregularidad de sus acciones». Pese a ser encontrado culpable por trasgredir la ley brasileña de inmigración, pudo evitar la pertinente sanción gracias a un tecnicismo.

Entre las numerosas personas que le deben la vida, cabe mencionar al extinto banquero y diplomático Félix Rohatyn, quien en aquella época era apenas un niño. Posteriormente Rohatyn cobró notoriedad mundial al haber salvado a la ciudad de Nueva York de la bancarrota y por los años en los cuales se desempeñó como embajador de Estados Unidos en París.

En el año 2003 la Fundación Internacional Raoul Wallenberg realizó una ceremonia en la ciudad de Nueva York en la cual se rindió un merecido homenaje a Luis Martins de Sousa Dantas, así como al diplomático portugués Aristides de Souza Mendes, quien igualmente salvó a numerosos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En este homenaje Rohaytan describió cómo fue salvado por este noble brasileño.

Posteriormente Souza Dantas fue de hecho rehabilitado por el Gobierno brasileño. El 21 de diciembre de 1944 el presidente Getulio Vargas inscribió su nombre  en el de Honor Nacional. Pese a que se había retirado del quehacer diplomático, fue invitado por el Gobierno para encabezar y presidir la delegación brasileña a la primera reunión celebrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Después de la guerra, Souza Dantas pasó la mayor parte del tiempo en París y falleció el 16 de abril de 1954 sin dejar descendiente alguno. El 10 de diciembre de 2003 fue reconocido póstumamente como Justo entre las Naciones por el Instituto Yad Vashem de Jerusalén. El doctor Fabio Koifman ha escrito una biografía de este héroe brasileño rotulada Quixote nas Trevas (Quijote en la oscuridad) e igualmente colaboró  en un capítulo de un  coeditado por la Embajada de Brasil en Londres y la Fundación Wallenberg. En el año 2018, Globo Filmes lanzó la película rotulada «Querido Embajador » basada precisamente en el libro Quijote en la oscuridad.

[Foto: Yad Vashem – fuente: http://www.aurora-israel.co.il]

Convoqué par la justice pour des dessins considérés comme diffamants, le dessinateur Ghilas Aïnouche, ancien collaborateur de Charlie Hebdo, se trouve dans une situation délicate.

Le caricaturiste Ghilas Aïnouche vient d'être convoqué par la justice algérienne. | Capture d'écran Ghilas Aïnouche via YouTube

Le caricaturiste Ghilas Aïnouche vient d’être convoqué par la justice algérienne. | Capture d’écran Ghilas Aïnouche via YouTube

Écrit par Mussa Acher — édité par Thomas Messias

Plus exposés que les journalistes eux-mêmes, car tenus de garder quotidiennement leur sens de l’humour couplé à un esprit subversif à toute épreuve, le tout dans un climat fait de morosité et d’autocensure généralisées, les caricaturistes et dessinateurs de presse algériens traversent aujourd’hui une conjoncture difficile. La plus difficile peut-être depuis la «décennie noire», où il leur fallait apporter un zest d’humour et toujours trouver mots d’esprit et sarcasmes pour commenter une actualité des plus dramatiques.

C’est pourquoi, il ne faut jamais s’étonner du décalage qu’il y a, aujourd’hui, entre le ton de liberté qu’on trouve chez certains dessinateurs et l’extrême platitude qui caractérise la ligne éditoriale de la plupart des titres.

Un ancien collaborateur de Charlie Hebdo poursuivi en justice

Pour contourner l’autocensure et l’imprimatur, d’aucuns choisissent de publier leurs croquis dans des blogs personnels ou, comme c’est le cas le plus souvent, sur les réseaux sociaux, permettant ainsi un accès gratuit au public. Cela ne les a pas mis, toutefois, à l’abri des pressions, voire des poursuites.

C’est le cas du jeune caricaturiste Ghilas Aïnouche, 34 ans, ancien collaborateur de Charlie Hebdo, qui vient d’être convoqué par la justice algérienne pour ses caricatures jugées diffamantes, ce qui inclut notamment celles évoquant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L’information nous a été confirmée par une source proche du dessinateur.

Ghilas Aïnouche, qui vit depuis quelques années en France, doit faire l’objet d’un mandat d’arrêt international s’il ne se présente pas devant la juridiction qui a lancé la procédure. Il risque d’être condamné à une lourde peine pour atteinte aux «symboles de l’État».

Ghilas Aïnouche n’épargne aucune autorité politique, président de la République en tête.

L’article 144 bis du Code pénal stipule: «Est punie d’une amende de cent mille (100.000) dinars à cinq cents mille (500.000) dinars toute personne qui offense le président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.»

«Atteinte aux symboles de l’État»

Dans ces dessins qu’il publie dans son blog personnel ou, plus souvent, dans des journaux en ligne opposants, eux-mêmes censurés, Ghilas Aïnouche n’épargne aucune autorité politique, président de la République en tête, et ne se gêne pas pour caricaturer, avec des traits parfois bruts et sciemment provocateurs, tous ceux qui, y compris dans l’opposition, lui semblent s’opposer au hirak, le mouvement de contestation du 22 février 2019.

Il faut dire que ce caricaturiste est aussi soupçonné de promouvoir des idées partisanes proches de celles que défend le Mouvement séparatiste kabyle (MAK), classé, depuis une année, comme organisation terroriste. Ce qui ne peut qu’aggraver son cas.

Dans un de ces croquis critiques envers le chef de l’État, on voit celui-ci au milieu de bâtiments en ruine (à la suite d’un séisme), et de tentes occupées par des sinistrés: «Je promets de régler la crise du pays… comme j’ai déjà réglé la crise du logement.»

Ghilas Aïnouche n’est pourtant pas le seul à brocarder le président Tebboune ou les chefs de l’armée. Dilem, célèbre caricaturiste des quotidiens Le Matin, puis de Libertéaujourd’hui disparus, dans un dessin paru le 24 avril, jour de vote en France, diffusé sur Facebook, montre Abdelmadjid Tebboune, accompagné d’un gradé de l’armée, faire ce commentaire devant un écran de télévision sur lequel apparaît un bulletin de vote glissé dans une urne en France: «Allahouma inni saïm!» (littéralement: «Dieu, pardonne-moi, je suis jeûneur!»). Une expression habituellement utilisée à la vue d’une scène impudique ou immorale susceptible d’altérer la pureté du jeûne.

Rire et pouvoir sont-ils incompatibles?

Cela dit, la procédure lancée contre Ghilas Aïnouche pose à nouveau en Algérie la délicate question de savoir si on peut rire de tout –donc y compris du président, de la religion et des autres sujets tabous– et quelle est, surtout, la limite fixée à la liberté d’expression dans ce pays.

«Dès qu’un titre émerge, le pouvoir se précipite pour lui mettre des entraves, l’assiéger, l’étouffer en prison, et, parfois, le confisquer et jeter ses rédacteurs en prison.»

Kamel Karour, éditeur, écrivain et auteur satirique

Réagissant à la nouvelle de la convocation de Ghilas Aïnouche, un internaute explique cet «acharnement» contre un jeune caricaturiste par le fait que les gens du pouvoir «n’aiment pas rire et, par conséquent, n’aiment pas les caricatures».

De façon plus large, ce constat rappelle la situation de la liberté de la presse en Algérie. Les journalistes redoutent, en effet, un retour à la pénalisation des délits de presse, alors que, officiellement, cette mesure est levée depuis 2012. Les premiers à en avoir fait les frais sont les journalistes et contributeurs de la presse satirique.

Le mauvais sort

Interrogé par Slate.fr, Kamel Karour, éditeur, écrivain et auteur satirique, estime que «la presse satirique attire le lecteur algérien et forme facilement une opinion. C’est pourquoi le pouvoir ne l’accepte pas et la combat par divers moyens. Seule la satire arrive à entamer la puissance et la sacralité du pouvoir. C’est pour cela qu’on l’empêche de prospérer et de s’épanouir.»

Pour cet éditeur, qui a eu, dans les années 1990, à lancer un journal satirique, l’histoire de la presse satirique en Algérie se résume à une expérience «très douloureuse»«Dès qu’un titre émerge, soutient-il, le pouvoir se précipite pour lui mettre des entraves, l’assiéger, l’étouffer en prison, et, parfois, le confisquer et jeter ses rédacteurs en prison.»

En plus de trente ans d’existence, la presse satirique algérienne, héritière d’une longue tradition en BD, a toujours été poursuivie par le mauvais sort. D’El-Manchar, lancé en 1990 par le journaliste Saïd Mekbel, tué dans un attentat terroriste en 1994, à des journaux en ligne comme National Geotrafic, en passant par Bouzenzel et Essah-Afa, qui tirait à plus de 100.000 exemplaires avant de disparaître, il ne reste plus qu’une pâle copie du premier, dans une version électronique à la diffusion aléatoire.

Tous n’ont eu qu’une vie éphémère. Ce qui obligeait, souvent, les caricaturistes et autres journalistes satiriques à se contenter de la moindre lucarne qui leur était cédée dans la plus lugubre des rédactions.

 

[Source : http://www.slate.fr]

O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza (TSXG) vén de dar a razón a Xurxo Martínez, escritor e responsábel do servizo de normalización lingüística do Concello de Redondela, que viviu unha ‘odisea’ xurídica de case catro anos para conseguir que a Axencia Tributaria o atenda en galego. 
Xurxo Martínez González. (Foto: Aira Editorial)

Xurxo Martínez González

Por Xosé Barros

Vostede tomou a decisión en 2018 de que quería que todas as súas xestións coa Axencia Tributaria tivesen lugar en galego. Para comprobalo, fixo unha presentación tardía da súa declaración. 

Dalgunha maneira, quixemos provocar unha reacción da Axencia Tributaria, partindo de con anterioridade rexistráramos unha comunicación para que todas as xestións entre a administración e eu fosen en galego. Para probar se cumpría, fixen esa declaración fóra de prazo, e o requerimento que me chegou viu en castelán. A partir dese momento comezou este periplo.

A Administración poñía moitas trabas á hora de tramitar a súa solicitude de respectar os seus dereitos lingüísticos?

Aquí existía un debate xurídico, que agora a sentenza do TSXG aclara, e é que, segundo a lei, calquera procedemento que inicie a Administración por oficio debe facelo en castelán, pero nos enviáramos un escrito previamente para solicitar que todas as comunicacións tivesen lugar en galego, mesmo as que fosen por oficio.

O debate era se eles podían empregar o castelán por oficio ou se estaban obrigados a empregar o galego porque así o solicitara eu anteriormente. Ademais, as miñas anteriores declaracións da renda estaban todas en galego, e a sentenza interpreta que eu sempre tiven vontade de que se me comunicase todo en galego.

A partir do momento no que me chega a comunicación pola declaración tardía, o que fago é devolver todas aquelas notificacións que me chegan en castelán, para que mas manden en galego. Algunhas veces tardaban unha semana, e outras tardaron meses.

O máis curioso é que varias institucións nos daban a razón, pero que non a Administración non podía garantir ese dereito lingüístico por falta de medios. Iso foi o máis escandaloso. Se un pregunta como funciona o programa de procedementos administrativos, decátase de que só ten a versión en castelán. Todo o que o funcionariado faga noutra lingua teno que facer de xeito manual, non automática. O programa non daba a posibilidade de presentar os documentos en galego.

Antes de que o TSXG lles dese a razón, temeu nalgún momento que, amparándose nalgún baleiro legal, se lle negase definitivamente o seu dereito lingüístico?

Se o pensase, non tería iniciado todo este proceso. Aquí a cuestión é levar até as últimas consecuencias o marco legal que temos. Penso que hai unha interpretación que ten que discutir un xulgado e decidir. Existían sentenzas que podían servir de referencia, a nivel do Tribunal Supremo, pero de casos contrarios. De xente que solicitou as xestións en castelán, e se lle tramitaron en catalán, por exemplo.

A cuestión tamén viña de que nós temos o dereito de saber galego, pero a obriga de saber castelán. Tiñamos que ver que interpretación deste punto facía o tribunal. O que manifestou é que o meu dereito a escoller o galego non pode estar subordinado á obrigatoriedade de que eu coñeza o castelán.

Iso é moi interesante porque lle está dicindo á Administración que non se pode escusar constantemente en que temos a obriga de saber castelán, porque temos o dereito de saber e empregar galego, e queremos facer uso del. Até agora iso non se tiña en conta, pero o TSXG deixa claro que o meu dereito lingüístico está por enriba da obriga de saber o castelán, sempre que sexa explícito.

Pode ser esta sentenza un punto clave para que se respecte o galego nun ámbito tan importante para a normalización lingüística como é o administrativo?

Si, pode selo. O máis interesante desta sentenza é que é a Administración estatal a que debe garantir os medios  necesarios para que o funcionariado poida responder en iguais condicións en castelán ou en galego. Non pode ser que teñan que redactar os documentos de xeito manual, porque pola carga de traballo que teñen non o poden facer sempre. Meten os datos no programa, e como a única opción é en castelán, envían así.

O mesmo pasa noutras moitas institucións, mesmo galegas, que teñen as súas páxinas web en galego, pero que á hora de acceder a servizos ou sedes electrónicas, só dan a opción de traballar en castelán. Nun mundo no que mandas máquinas a Marte, non pode ser que a Administración non garanta un servizo na lingua que escolla, neste caso o galego. Por iso pídolle á xente que, sempre que queira, explicite canto antes o seu desexo de que lle atendan sempre en galego, e a partir de aí, que reclamen sempre que non se cumpra.

[Foto: Aira Editorial – fonte: http://www.nosdiario.gal]

A Mesa pola Normalización considera “histórica” a sentenza emitida o 4 de abril de 2022 polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, declarando nulos os actos administrativos efectuados pola Axencia Tributaria en castelán, despois de que un cidadán galego manifestase querer ser atendido na súa lingua, e ordenando retrotraer as actuacións ao momento anterior á vulneración do seu dereito á escolla lingüística.

O éxito xudicial acadado polos servizos xurídicos da Mesa, dirixidos por Elsa Quintas, supón un reproche á Axencia Tributaria por eludir a vontade inequívoca do administrado a que se comunicasen con el na lingua galega e por baleirar, así, de contido o dereito á escolla lingüística que asiste a cidadanía galega. O Tribunal ten en conta a dilixencia despregada polo administrado a requirirlle á AEAT que lle notificase en galego e ordena a suspensión dos prazos das comunicacións efectuadas en lingua diferente á escollida mentres o ente tributario non cumpra a súa obriga de llas notificar en lingua galega.

Quintas recorda que a Axencia Tributaria ignorara en cada un dos procedementos incoados de oficio as reiteradas solicitudes do cidadán de que lle notificasen en galego as comunicacións e considera un verdadeiro éxito “que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non convalide o pretexto do ente tributario de que se trata de procedementos desconectados entre si”. O TSXG establece, expresamente, na sentencia que “a Administración non pode ampararse nunha división do procedemento para impedir a eficacia do dereito exercitado polo obrigado tributario”.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza responsabiliza, así, a administración tributaria por non artellar un mecanismo de coordinación dos diferentes órganos que garanta o dereito á escolla lingüística do cidadán, sen necesidade de ter que reiteralo en cada procedemento. Quintas destaca, tamén, que os servizos xurídicos da Mesa puxeron especial empeño ao requirir do Tribunal que o procedemento xudicial se seguise en galego, conseguindo que o TSXG se pronunciase tamén nesta lingua, contribuíndo e avanzando na normalización lingüística da administración de xustiza.

O cidadán afectado, Xurxo Martínez González, director do Servizo de Normalización Lingüística de Redondela, celebra nas súas redes sociais a resolución da loita xudicial que mantivo durante catro anos, acompañado polos servizos xurídicos da Mesa, cualificando a sentenza de “verdadeiro triunfo para o idioma galego” e afirmando que “os dereitos (incluso dentro do actual marco) deben ser exercidos até as últimas consecuencias” e que “gañando espazos legais e exercendo dereitos podemos consolidar un stataus de normalidade para o noso idioma”.

As persoas que o desexen poden poñerse en contacto coa Liña do Galego e manifestar as súas queixas ou dúbidas a través do número 981 563 885, do correo-e linhadogalego@amesa.gal  ou da app A Liña do Galego.

 

[Fonte: http://www.amesa.gal]

Escrito por Gustavo Vasquez Quartino

No dia 27 deste mês, os uruguaios votarão a favor do Sim ou do Não no Referendo a 135 artigos da Lei de Urgente Consideração, votados no Parlamento uruguaio em 2020, nos seus primeiros meses de governo e pela escassa maioria que detém.

Por um lado, é bom notar que nossa Constituição garante aos cidadãos a possibilidade de anular leis (exceto as orçamentais), por meio de vários mecanismos, que terminam em todos os casos com uma votação universal de anulação ou ratificação. O mecanismo usado desta vez pelo movimento popular e pela Frente Ampla foi o da assinatura de 25% dos eleitores no ano da aprovação da lei, que foi mais do que cumprido em julho do ano passado (pouco mais de 700.000 eram necessários e 800.000 foram obtidos).

No final do ano passado, a Justiça Eleitoral parou de controlar as assinaturas, afirmando que o mínimo necessário havia sido atingido e, em seguida, marcou (dentro dos prazos mínimos legais) para 27 de março deste ano a votação. Com uma primeira armadilha, em vez das cédulas para votar da mesma cor e uma com um sim e outra com um não (grandes), a cédula que cancelará os itens contestados será ROSA e a que os ratificará com um NÃO será CELESTE, a cor com a qual a equipe de futebol uruguaia se identifica, com a importância que esse esporte e mais ainda a seleção nacional tem em nosso país.

Entramos na última semana da campanha e a disputa se torna intensa. Tanto é assim que o presidente e a Frente Ampla afirmam fazer esforços para diminuir o tom. Mas parte da escalada envolve uma coletiva de imprensa do presidente para defender o NÃO (sem limite de tempo) e, após, o Comando do SIM pode transmitir uma mensagem de até 7 minutos no rádio e na TV. Por outro lado, haverá uma partida fundamental da seleção nacional para classificar-se para a Copa do Mundo no meio, onde o celestial inundará as ruas. Tentaremos transformar o triunfo uruguaio em um duplo triunfo no domingo, fazendo o triunfo SIM rosa.

O que é a LUC?

A Lei de Consideração Urgente, conhecida como LUC hoje em nosso país, vem da distorção do direito do executivo de apresentar Leis Urgentes com 45 dias para tramitação e, se não tiver sido concluído, elas são consideradas aprovadas. O espírito desta regra é incluir algum aspecto urgente para os governos onde os procedimentos parlamentares podem estar dificultando.

Mas esse governo de coalizão liberal/neoliberal/ultradireita decidiu fazer uma lei de 476 artigos, com 11 seções e seus respectivos capítulos referindo-se a um número variado de tópicos, como Segurança, Educação, Aspectos Econômicos, Empresas Públicas, Unidades Reguladoras, Funcionamento do Estado, Regulamentação Sindical e Políticas Sociais. TODO UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM UMA ÚNICA LEI. Uma lei apresentada em meio à emergência de saúde da pandemia, que gerou emergências reais, que não foram consideradas centrais.

Imediatamente conhecidas, as principais organizações sociais do Uruguai – a central sindical PIT-CNT, a Federação dos Estudantes (FEUU), a Federação das Cooperativas de Habitação (FUCVAN) e a Intersocial das Mulheres – entraram em contato com a Frente Ampla para formar uma comissão para convocar um referendo. Talvez tenha levado muito tempo para discutir quantos artigos contestar (já que a FA corrigiu e/ou aprovou 341 no parlamento) e o mecanismo a ser usado; mas, no final, chegou-se a um acordo tensionado de que eles deveriam ser os 135 artigos que serão considerados no próximo domingo.

A campanha não é apenas uma cruzada para o debate público entre os defensores de uma ou outra opção ou os efeitos concretos que a aplicação da lei já teve: maior repressão aos jovens nas ruas e a “pessoas que se parecem com criminosos”, a eliminação da representação dos trabalhadores nos órgãos diretivos da educação e, portanto, modificação de planos e desenvolvimento de salas de aula, o ensino médio obrigatório é eliminado; a privatização parcial de partes do Estado é permitida (embora a empresa petrolífera esteja guardada para mais tarde, se tiverem sucesso); encorajamento de empregadores em negociação coletiva e ameaça de restringir o direito à greve; minimizar os dias de despejos de moradia; a segurança não melhorou apesar dos esforços de propaganda do governo a esse respeito, mas aos ricos que foram penalizados com poucos meses de prisão domiciliar, e aos pobres, cadeia por algumas gramas de maconha; aumentou o número de presos mas nada em relação a lavagem de dinheiro; os controles sobre o pagamento eletrônico de salário desapareceram e com isso aumentou a informalidade trabalhista.

Os efeitos imediatos foram muitos, mas temos que considerar o que eles serão a médio e longo prazo e a legitimidade que isso dará a movimentos semelhantes e outras leis que estão na “mão de gato”, como a reforma da aposentadoria e a privatização direta ou indireta da ANCAP (empresa petrolífera). O enfraquecimento da ANTEL, a empresa estatal de telefonia, que era uma empresa líder na América Latina, já é visto lentamente com as medidas que tomaram sob a proteção do LUC, perderá milhões de dólares este ano.

O outro quadro é a situação social e econômica que o governo está tentando transferir para a pandemia, e para a situação regional e internacional e até mesmo lidar com promessas de acordos bilaterais, já esteve com a China, que foi deixada para trás, agora seriam os Emirados Árabes Unidos, onde o presidente estava há alguns dias.

Mas a realidade do país é de inflação alta, redução salarial nesses dois anos de 5,5% (nos 15 anos do governo da FA nunca houve reduções nos ajustes salariais), o que repercute nas pensões reajustadas de acordo com os salários, tudo no âmbito do crescimento dos negócios, das exportações e dos preços de produtos como a carne, que, ao subir no exterior, os frigoríficos aumentam mais, a inflação é ainda maior em necessidades básicas, especialmente alimentos e combustíveis, agora com a desculpa da guerra. Se a população leva essa situação em conta ao votar dependerá de muitas coisas. Se a campanha os sugere ou não e como o governo se defende.

Até agora, as pesquisas estão equilibradas, mas com um alto voto em branco e como se, para anular os artigos, o SIM precisasse de 50% + 1 dos votos válidos (e os votos em branco são), o número de indecisos que conseguimos retirar desse voto em branco será fundamental, caso contrário, os votos em branco derrubarão o saldo para que não cheguemos. Em outras palavras, temos que vencer o NÃO somado aos votos em branco.

Nada está resolvido, a campanha SIM se espalha por todo o país com eventos de rua, com música e oratória de todos os setores que a promovem; as portas em porta são realizadas todos os fins de semana e as feiras, e uma enorme “pintura de paredes” qualitativa e quantitativa. Mas o NÃO se mobiliza e tem do seu lado a mídia e institucionalidade.

E depois disso?

Depois de 27 de março, o Uruguai sociopolítico não será o mesmo. Seja qual for o resultado. Se o NÃO vencer, mesmo que por pouco, continuará com sua política e acelerará as reformas liberais restantes, mas em um quadro aberto de campanha eleitoral e com um movimento popular recuperado. Se perder, será semelhante, embora algumas reformas sejam retiradas ou reduzidas.

A esquerda deve acelerar a campanha, para construir um plano de governo que supere o último da Frente Ampla que levou à derrota e à espera pela melhoria da sua presença nos governos regionais. Se a derrota for grande, será hora de recompor para a batalha de 2024 que, então, será mais difícil do que o esperado, porque o individualismo e o liberalismo econômico terão penetrado mais profundamente do que parece à primeira vista. A mídia ajudou muito desde as eleições a responsabilizar o excesso de Estado por problemas econômicos, as classes dominantes acompanham essa lógica e conseguiram convencer os setores intermediários. É por isso que é muito importante que o SIM coloque um freio no plano explícito do presidente Lacalle Pou.

Gustavo Vazquez Quartino é militante da Frente Ampla – Espacio 1968 – Partido Socialista dos Trabalhadores.

 

[Fonte: http://www.democraciasocialista.org.br]

Il faut apprendre le bon usage de la bureaucratie brésilienne, parfois surprenante et irritante. Afin que tout se termine bien et toujours avec le sourire.

 

[Photo de l’auteur – source : http://www.courrierinternational.com]

BookBanUSA — Après Maus, récit d’Art Spiegelman sur la Shoah, Persepolis, bande dessinée de Marjane Satrapi consacrée à la révolution islamique vue par les yeux d’une jeune fille, se trouve à son tour visée par une tentative de censure, aux États-Unis. En Pennsylvanie, au nord-est du pays, un district scolaire a décidé de « suspendre » les enseignements autour de la BD, au prétexte d’un nouvel examen de l’intérêt du titre.

ActuaLitté

Publié par Antoine Oury

Le district scolaire de Franklin, région de l’État de Pennsylvanie, qui organise et administre le parcours scolaire de plus de 3500 élèves, a annoncé la « suspension » de l’utilisation de Persepolis dans le cadre d’un cours de lettres à des lycéens.

Gennaro Piraino, superintendant, a déclaré que l’ouvrage sera « scrupuleusement examiné » par un comité chargé des cursus scolaires, pour déterminer s’il est approprié pour des lycéens. Selon lui, plusieurs membres du conseil d’administration du district scolaire, mais aussi du comité des cursus scolaires, ont reçu des alertes concernant sur ce texte.

« Le comité a expliqué qu’il souhaitait en savoir plus sur le livre, ainsi que sur le contexte de son enseignement. En tant qu’administration, nous avons voulu leur laisser du temps. Et le mieux, selon eux, était de suspendre [son utilisation] le temps de leur examen », a expliqué Gennaro Piraino.

Paru pour la première fois en France en 4 volumes, entre 2000 et 2003, au sein de la maison d’édition L’Association, Persepolis a révélé son autrice, Marjane Satrapi, dans le monde entier. En 2007, avec Vincent Paronnaud, elle avait elle-même signé l’adaptation animée de son œuvre, la faisant connaitre à un plus large public encore.

Elle raconte dans Persepolis, récit autobiographique, son enfance en Iran, notamment au moment de la révolution islamique, à la fin des années 1970, et sa découverte de l’Europe.

La mode est à la censure

Cette décision suscite l’inquiétude de parents d’élèves et de professeurs, qui dénoncent un irrespect des procédures en vigueur concernant les cours et les documents qui y sont utilisés. Ils rappellent ainsi que le comité chargé des cursus scolaires avait déjà donné un avis favorable sur l’ouvrage, avant que celui-ci ne soit soumis, pendant 30 jours, à l’examen public, notamment celui des parents, permettant de répondre aux interrogations ou de donner suite à d’éventuelles oppositions.

Il y a près d’un an, au moment de ces procédures, aucune opposition ne s’était manifestée, et Persepolis avait été validé. « Notre district a un processus d’examen, et ce livre l’a passé avec succès », rappelle ainsi Sarah Hough, mère d’élève, inquiète de voir que les oppositions de quelques-uns peuvent remettre en cause toute une partie d’un programme.

« Les peurs touchant à ce roman graphique ne sont pas fondées », assure pour sa part Colin Burch, lycéen, auprès de Trib Live. La bande dessinée comporte des éléments violents, mais qui ne sont que le reflet de l’ambiance d’un pays ou d’une certaine idéologie : ainsi, une jeune femme entend-elle qu’elle a mérité le fait d’avoir été violée.

L’expérience de Persepolis rappelle celle de Maus, un autre récit autobiographique dessiné, celui d’Art Spiegelman, visé par une tentative de censure dans le Tennessee à la fin du mois de janvier dernier. Ironie du sort, Satrapi avait revendiqué l’inspiration de Maus pour Persepolis

Cette nouvelle attaque s’inscrit dans un contexte particulier, aux États-Unis, où, depuis plusieurs mois, les tentatives pour éclipser des livres, dans les bibliothèques scolaires ou publiques, se sont multipliées. Des parents d’élèves ou des lobbys conservateurs signalent des documents qu’ils jugent inappropriés, car heurtant leurs convictions politiques, religieuses ou idéologiques. Et des responsables politiques conservateurs ne se privent pas de les encourager, souvent à des fins électorales…

 

[Photo :  Kenneth Lu, CC BY 2.0 – source : http://www.actualitte.com]

El proyecto impulsado en 2015 para que los descendientes de los judíos expulsados en 1492 puedan ser nacionalizados ha dado un giro desde el pasado año, cuando se denegaron casi 3.000 solicitudes

Solicitudes de nacionalidad española por sefardíes a 30 de septiembre de 2021

[Fuente: http://www.larazon.es]

Concessão da nacionalidade ao multimilionário russo Roman Abramovich em 2021 gerou críticas. Instituto dos Registos e Notariado e Ministério da Justiça rejeitam a existência de « situações anómalas ».

Portugal rejeitou 300 em quase 57 mil processos de naturalização de judeus sefarditas

Portugal já atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685 descendentes de judeus sefarditas, tendo recusado 300 pedidos de naturalização entre 2015 e 2021, segundo dados do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e do Ministério da Justiça.

De acordo com as informações enviadas à Lusa, entre 01 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021, « deram entrada nos serviços do IRN 137.087 pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa » ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição, no século XV.

« No mesmo período de tempo, foram deferidos 56.685 processos relativos à aquisição da nacionalidade portuguesa », refere o Ministério da Justiça, acrescentando que em quase sete anos de vigência da lei « foram indeferidos 300 processos », restando, assim, segundo os dados registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.

Questionados sobre o rigor do processo de fiscalização dos pedidos de naturalização dos judeus sefarditas, na sequência das críticas suscitadas à concessão da nacionalidade ao multimilionário russo Roman Abramovich em 2021, o IRN e o ministério explicam que « a regularidade formal e substantiva dos documentos apresentados e necessários à instrução do processo » passa pelo conservador de registos.

« O requisito da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa é atestado por uma comunidade judaica com estatuto de pessoa coletiva religiosa, radicada em Portugal, nos termos da lei. Não obstante, este e os demais documentos que instruem cada um destes processos são objeto de um rigoroso escrutínio formal e legal a cargo do conservador de registos, que, no final, emite o respetivo parecer », sustentam.

O IRN e a tutela rejeitam a existência de « situações anómalas » neste âmbito, argumentando que os processos seguem « idêntica tramitação », nos quais é obrigatório prova documental da descendência de judeu sefardita « certificada pelas entidades legalmente autorizadas ».

« Os pareceres proferidos pelo conservador de registos responsável pela decisão deste tipo de processos são apenas no sentido de deferimento ou de indeferimento do pedido, e têm por base a análise dos documentos apresentados. O que existem são casos em que o conservador conclui no sentido da decisão de indeferimento do processo, por entender que não estão reunidos os requisitos legais para a concessão da nacionalidade », frisam.

No entanto, assegura a tutela, « não existe registo de algum processo que tenha sido despachado pelo Ministério da Justiça em sentido diferente ao proposto pelo conservador ».

Quanto ao inquérito aberto pelo IRN sobre esta matéria, o Ministério da Justiça considera tratar-se de um « procedimento normal » e que o objetivo passa por « apurar a verdade e assim salvaguardar a honra dos trabalhadores do IRN, afastando dúvidas sobre o seu comportamento », adiantando que esse processo ainda « está em curso », pelo que será necessário aguardar mais algum tempo até serem conhecidas as conclusões.

A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo jornal Público, que adiantou que o processo demorou apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 de abril.

 

[Foto: Ben STANSALL / AFP – fonte: http://www.dn.pt]